Es defensor de los derechos humanos, biólogo, investigador y ambientalista, y preside la Fundación del Río, una organización que desde 1990 trabaja en la conservación y el desarrollo sostenible del sureste de Nicaragua. En el territorio de actuación de esta organización está la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las más importantes del país.
Además de impulsar la conservación de las áreas protegidas del sureste del país, la Fundación del Río trabaja en la promoción de alternativas económicas sostenibles, el fortalecimiento y el acompañamiento de las comunidades indígenas Rama y Kriol, la educación ambiental a través de radios comunitarias y la realización de búsquedas e investigaciones. La organización acompaña a familias campesinas e indígenas que luchan contra el megaproyecto del Canal Interoceánico y apoya la elaboración de estudios independientes sobre esta polémica iniciativa.
Amaru Ruiz nació en Managua, pero con seis años fue a vivir a San Carlos, en el departamento de Río San Juan. Los estudios universitarios -además de la licenciatura en Biología, cuenta con varios postgrados y un máster en responsabilidad social corporativa con enfoque en derechos humanos- lo alejaron durante un tiempo del sureste nicaragüense. Pero volvió y se integró a la Fundación del Río.
Actualmente, además de ocupar la presidencia de la Fundación, es miembro del grupo Cocibolca, de la Articulación de Movimientos Sociales y de Organizaciones de la Sociedad Civil, y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Acumula una larga trayectoria de activismo, investigación, docencia y formación, y es ex coordinador de la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.
Las voces críticas de Amaru Ruiz y de las personas que forman parte de la Fundación del Río han sido gravemente atacadas desde abril de 2018. A finales del año pasado, la Asamblea de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de la Fundación del Río y ocupó las instalaciones de la organización (incluidas las de Radio Humedales, emisora comunitaria construida con el apoyo de la Asociación de Amistad San Miguelito – Sant Boi).
También a finales de 2018, Ruiz salió de Nicaragua. Lo hizo después recibir amenazas reiteradas, sufrir un ataque en su casa y recibir informaciones a través de varias vías sobre la preparación, por parte del Estado, de su detención y acusación.
Actualmente está exiliado en Costa Rica desde hace 3 años y desde allí continúa trabajando en la defensa ambiental de la Reserva Biológica Indio Maíz, acompañando a pueblos indígenas y afrodescendientes y promoviendo acciones con campesinos exiliados en el norte de Costa Rica, una de sus preocupaciones. Más de seis mil personas se exiliaron debido a la crisis sociopolítica de país.
Desde el exilio está promoviendo la Agenda Ambiental Nacional para presentarla ante los candidatos de la oposición en Nicaragua con el objetivo de posicionar el tema ambiental dentro de la agenda política y que los que toman decisiones en el país no se olviden la problemática ambiental del país y lo incorporen dentro de sus programas de gobierno. De esta manera pretenden ir cambiando la dinámica y la cultura política de abandono de temas ambientales que han tenido en Nicaragua.
La Fundación del Río ha sufrido una fuerte represión gubernamental a lo largo del último año.
Sí. Llevamos 30 años trabajando en la defensa del medio ambiente en el sureste de Nicaragua y acompañando a las poblaciones más vulnerables. Nos hemos convertido en blanco del régimen por las posiciones que hemos adoptado frente al megaproyecto del Canal Interoceánico y por la denuncia que hemos estado haciendo de la negligencia de las autoridades en cuanto a la protección de la Reserva Biológica Indio Maíz (RBIM).
El Estado ha sido negligente porque no ha aplicado el marco jurídico ambiental y porque no proporcionó una atención oportuna en el incendio de abril de 2018. Así comenzaron las primeras protestas.
¿Cuál es la situación actual de la Fundación y de las personas que forman parte de ella?
Es complicada. Algunas de las personas colaboradoras están en Costa Rica, porque han perdido su fuente de trabajo, que era la organización. La mayoría de miembros viven en los territorios y están pasando situaciones precarias. Sin embargo, nuestra organización continuará trabajando en la medida de lo posible. Continuaremos luchando para que se haga justicia y se nos devuelva nuestro patrimonio y personalidad jurídica. Llegamos a las últimas instancias internacionales para denunciar la violación de nuestro derecho a la libertad de asociación.
¿Cuáles son los principales riesgos a los que hay que hacer frente para preservar la RBIM?
En primer lugar, están en marcha procesos de invasión de familias hacia la zona del núcleo de la reserva; esto hace que avance la frontera agrícola y cambie el uso del suelo, que pasa de ser forestal a ser utilizado para la agricultura y la ganadería. Además, se generan procesos de contaminación y deforestación de los recursos naturales protegidos. En segundo lugar, está el tráfico de tierras que se produce dentro de la zona nuclear de la reserva. En tercer lugar destaca el incumplimiento del marco legal ambiental para la protección de la RBIM por parte de las instituciones del Estado.
A ello se suma la presión de las empresas extractivas y de monocultivos en la zona de amortiguamiento de la reserva, que genera un desplazamiento económico de las poblaciones locales. En cuarto lugar, hay una falta de reconocimiento de las comunidades indígenas Rama y Kriol en cuanto a la gobernanza de su territorio, que representa más del 80% de la RBIM. Y por último, hay que tener en cuenta que hay muy pocas organizaciones y recursos dedicados a la conservación de las áreas protegidas del sureste de Nicaragua.
La Fundación del Río forma parte del Grupo Cocibolca.
Sí, es una plataforma de coordinación y acción entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el medio ambiente. Surgió para hacer frente al megaproyecto del Canal Interoceánico, pero hoy en día es un referente en temas ambientales. Más allá del Canal Interoceánico, aborda la situación ambiental del país.
En abril de 2018 conectaron las luchas rurales y urbanas de Nicaragua. ¿Cómo se produjo este vínculo?
Confluyeron diversas demandas sociales que no habían explotado hasta entonces y se conectaron a las luchas que se habían estado llevando a cabo desde el mundo rural, como los movimientos contra el Canal, contra la minería y contra las empresas de monocultivos. La negligencia en la atención al incendio de la RBIM despertó la conciencia de jóvenes universitarios, que impulsaron protestas sociales en Managua y en León y que luego se extendieron a otras ciudades.
La represión de estas protestas y la reforma del sistema de seguridad social, que afectaba a la población de la tercera edad y trabajadores que cotizaban, provocó una insurrección social cívica, que fue reprimida por el régimen hasta el punto de cometer crímenes de lesa humanidad y eliminar las garantías democráticas del país. Muchos sectores se unieron a las protestas sociales y otros surgieron en abril, con demandas comunes de respeto a los derechos humanos y de democracia, justicia y libertad.
¿Continúa la represión?
Sí. La situación de crisis de violación de derechos humanos se mantiene, tan sólo que con estrategias más discretas para disminuir cualquier denuncia internacional y no exponerse como lo hizo el mes de abril de 2018. Seguimos teniendo presos políticos y refugiados.
¿Cómo os organizáis desde el exilio?
Desde Costa Rica seguimos trabajando y la comunicación virtual a la que nos hemos visto abocados por la pandemia nos ha dejado continuar trabajando con los procesos de incidencia. Costa Rica es un país muy caro, lo que ha provocado que las personas nicaragüenses exiliadas aquí tengan también más dificultades para organizarse porque su prioridad pasa a ser poder abastecer las primeras necesidades. Algunas incluso han vuelto a Nicaragua y han sufrido encarcelamientos.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Como organizaciones ambientalistas creemos que no puede haber un cambio en las políticas ambientales del país si no hay un cambio en el poder político. El régimen nos ha demostrado que hay una negligencia en la atención a la situación ambiental que no le interesa y que no hay voluntad política para ello es necesario primero un cambio de poder político. Debe cambiar el régimen para poder entonces establecer acciones que permitan cambiar los escenarios de crisis ambientales. También pedimos el retorno al país con garantías para poder llevar a cabo nuestras luchas por la defensa del medio ambiente. De momento no podemos porque nuestras vidas están en peligro.
La población nicaragüense se merece poder vivir en un ambiente sano y la defensoría ambiental no debería ser una causa de persecución de los estados. Seguiremos comprometidos en preservar nuestros bosques hasta que Nicaragua cambie su modelo de desarrollo y permita un desarrollo sostenible en armonía con el ambiente.
