Amaru Ruiz

Nicaragua

Derechos medioambientales y defensa de la biodiversidad y de un desarrollo sostenible
Fundación del Río

Es un defensor nicaragüense de los derechos humanos. Biólogo, investigador y ambientalista, preside la Fundación del Río, una organización que desde 1990 trabaja en la conservación y el desarrollo sostenible del sudeste de Nicaragua. En el territorio de actuación de esta organización se encuentra la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las más importantes del país.

Además de impulsar la conservación de las áreas protegidas del sudeste del país, la Fundación del Río trabaja también en la promoción de alternativas económicas sostenibles, el fortalecimiento y el acompañamiento de las comunidades indígenas Rama y Kriol, la educación ambiental a través de radios comunitarias y la realización de búsquedas e investigaciones. La organización acompaña a familias campesinas e indígenas que luchan contra el megaproyecto del Canal Interoceánico, y apoya la elaboración de estudios independientes sobre esta polémica iniciativa.

Amaru Ruiz nació en Managua, pero con seis años se trasladó a San Carlos y vivió en el departamento de Río San Juan. Los estudios universitarios —además de la licenciatura en Biología cuenta con varios posgrados y un máster en responsabilidad social corporativa con enfoque en derechos humanos— le alejaron durante un tiempo del sudeste nicaragüense.

Pero regresó para integrarse en la Fundación del Río.

Actualmente, además de ocupar la presidencia de la Fundación, es miembro del Grupo Cocibolca, de la Articulación de Movimientos Sociales y de Organizaciones de la Sociedad Civil, y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Acumula una larga trayectoria de activismo, investigación, docencia y formación, y es excoordinador de la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.

Las voces críticas de Amaru Ruiz y de las personas que forman parte de la Fundación del Río han sido gravemente atacadas desde abril de 2018. A finales del año pasado, la Asamblea de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de la Fundación del Río y ocupó las instalaciones de la organización (incluidas las de Radio Humedales, emisora comunitaria construida con el apoyo de la Asociación de Amistad San Miguelito – Sant Boi).

También a finales de 2018, Ruiz se marchó de Nicaragua tras haber estado recibiendo amenazas reiteradas, haber sufrido un ataque en su casa y haber recibido informaciones a través de diversas vías sobre la preparación, por parte del Estado, de su detención y acusación. Ahora vive en Costa Rica, donde espera que se le reconozca el derecho de asilo.

» Entrevista

> La Fundación del Río ha sufrido una fuerte represión gubernamental a lo largo del último año.

La Fundación del Río ha trabajado en la defensa del medio ambiente en el sudeste de Nicaragua y en el acompañamiento a las poblaciones más vulnerables durante 30 años. Se ha convertido en blanco del régimen por las posiciones que hemos adoptado ante el megaproyecto del Canal Interoceánico y por la denuncia que hemos hecho de la negligencia de las autoridades en cuanto a la protección de la Reserva Biológica Indio Maíz (RBIM). El Estado ha sido negligente porque no ha aplicado el marco jurídico ambiental y porque no proporcionó una atención oportuna tras el incendio de abril de 2018, lo que generó las primeras protestas.

> ¿Cuál es la situación actual de la Fundación y de las personas que forman parte de la misma?*

Es complicada. Algunas de las personas colaboradoras se encuentran en Costa Rica, porque han perdido su fuente de trabajo, que era la organización. La mayor parte de los miembros se encuentran en los territorios, en situación muy precaria. Aun así, nuestra organización seguirá trabajando en la medida en que sea posible. Seguiremos luchando para que se haga justicia y se nos devuelva nuestro patrimonio y nuestra personalidad jurídica. Llegaremos hasta las últimas instancias internacionales para denunciar la violación de nuestro derecho a la libertad de asociación.

> ¿Cuáles son los principales riesgos a los que hay que hacer frente para preservar la RBIM?

En primer lugar, están en marcha procesos de invasión de familias en la zona del núcleo de la reserva; esto hace que avance la frontera agrícola y se cambie el uso del suelo, que pasa de ser forestal a ser utilizado para la agricultura y la ganadería. Además, se generan procesos de contaminación y desforestación de los recursos naturales protegidos. En segundo lugar, está el tráfico de tierras que se produce en la zona nuclear de la reserva. En tercer lugar, destaca el incumplimiento del marco legal ambiental para la protección de la RBIM por parte de las instituciones del Estado.

A ello se suma la presión de las empresas extractoras y de monocultivos en la zona de amortiguación de la reserva, lo que genera un desplazamiento económico de las poblaciones locales. En cuarto lugar, existe una falta de reconocimiento de las comunidades indígenas Rama y Kriol en cuanto a la gobernanza de su territorio, que representa más del 80 % de la RBIM. Y, finalmente, debe tenerse en cuenta que hay muy pocas organizaciones y recursos dedicados a la conservación de las áreas protegidas del sudeste de Nicaragua.

> La Fundación del Río forma parte del Grupo Cocibolca.

Sí, es una plataforma de coordinación y acción entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor del medio ambiente. Surgió para hacer frente al megaproyecto del Canal Interoceánico, pero a día de hoy es un referente en temas ambientales. Más allá del Canal Interoceánico, aborda la situación ambiental del país.

> En abril de 2018 conectaron las luchas rurales y urbanas de Nicaragua. ¿Cómo se produjo este vínculo? n

Confluyeron varias demandas sociales que no habían estallado hasta entonces, y se conectaron a las luchas que se habían llevado a cabo desde el mundo rural, como los movimientos contra el Canal, contra la minería y contra las empresas de monocultivos. La negligencia en la atención tras el incendio de la RBIM despertó la conciencia de jóvenes universitarios, que impulsaron protestas sociales en Managua y León y que después se extendieron a otras ciudades.

La represión de estas protestas y la reforma del sistema de seguridad social, que afectaba a la población de la tercera edad y trabajadores que cotizaban, provocó una insurrección social cívica que fue reprimida por el régimen hasta el punto de cometerse crímenes de lesa humanidad y eliminar las garantías democráticas del país. Muchos sectores se unieron a las protestas sociales y otros surgieron en abril, con demandas comunes de respeto de los derechos humanos y de democracia, justicia y libertad.

*Esta entrevista se realizó el 2 de julio de 2019.