Felipe Moreno Martín

Memoria histórica: derecho a la verdad, justicia y reparación
España
Red catalana y balear de apoyo a la Querella Argentina

Coordinador de los Querellantes de Catalunya y las Baleares de la Querella argentina por los crímenes del franquismo. Los querellantes forman parte de la lucha por la recuperación de la memoria histórica en el estado español. Muchas asociaciones y personas denunciaron los crímenes del franquismo en distintos juzgados del Estado, pero el Tribunal Superior dictaminó que el derecho a la memoria histórica para las víctimas de Franco era definido como un afer privado. Esto conllevó el enterramiento de cualquier posibilidad del derecho a la verdad, justicia y reparación en el Estado, y por este motivo se presentó una querella en Argentina. Felipe Moreno, como militante antifranquista, fue torturado por Juan Carlos González Pacheco -Billy el Niño- y puede ofrecer una visión jurídica y testimonial. Ha colaborado con el Departamento de Cooperación en charlas especialmente dirigidas a grupos de jóvenes explicando este tema y también sobre la situación del pueblo saharaui, del que es un gran conocedor.

Entrevista a Felipe Moreno Martín

¿Cómo empieza a involucrarse en la querella argentina?

Es la continuación de mi oposición al franquismo. Cuando constatamos el intento fallido del juez Garzón en la petición de justicia de las familias de las víctimas del alzamiento fascista contra la Segunda República (período 1936-1952), comprendimos que en este Reino no había ninguna posibilidad de conseguir ni justicia ni reparación. Tampoco no había forma que se reconociera la verdad de todo lo que pasó entre el 1936 y el 1978. Un grupo de personas que habíamos sufrido la represión con torturas y encarcelamientos en el último período del franquismo nos unimos a estos familiares en la recerca de justicia, sobre la base del derecho a la justicia universal.

¿Cómo viviste la muerte de Franco desde la cárcel?

Me di cuenta porque escuché gritos y alboroto de los otros presos, después de un silencio raro durante la noche. El alboroto se fue definiendo y diferenciando entre los presos políticos y los sociales. Estos últimos se preguntaban si tendrían indultos, pero los gritos de los presos políticos eran más concretos, y se dirigían a los que estábamos en las celdas de aislamiento. También hubo un cambio de actitud de los funcionarios: unos estaban agresivos, temerosos de lo que pudiera pasar, y otros intentaban tener un trato más suave por si había un cambio radical. Pero eso duró pocos días.

Usted salió de la prisión a mediados del año 1976.

Mi detención y orden de prisión se basaban en el Decreto Ley de Prevención del Terrorismo, de agosto de 1975. Franco lo firmó cuando ya estaba gravemente enfermo y fue derogado a principios de 1979, hecho que confirma que fue creado para garantizar la Transición y reprimir a todos aquellos que estábamos en contra de la misma. Su lectura tendría que ser obligatoria en todas las organizaciones políticas que se hacen llamar democráticas, porque permite entender aquel período.

A los que estábamos condenados a partir de esta norma, acordaron dejarnos en libertad condicional bajo fianza; teníamos que fijar nuestra residencia y presentarnos en los juzgados cada 15 días. La situación duró hasta principios del año 1979, igual que la norma que nos aplicaban. Ya tenían la Transición garantizada, las organizaciones políticas adormecidas y sus dirigentes como diputados.

Vivimos en un país sin memoria?

Sí. El concepto de memoria histórica es muy amplio y tiene muchos matices, en función de quien lo interpreta, y a veces, es contrario a la misma historia. La Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007), por ejemplo, no hace referencia al alzamiento contra un Estado nacido en unas elecciones democráticas y consolidado en comicios posteriores, de 1931 a 1936. Presenta una lucha entre iguales y eso distorsiona los hechos. En el ámbito cultural o académico son muchos los discursos vacíos o tergiversados. También hay voces que niegan o calumnian hechos probados y verificados. Otro aspecto es la pasividad y la obstrucción de muchas instituciones de la administración pública. Han tenido que ser las familias de las víctimas o las mismas víctimas quienes han tomado la iniciativa para arrojar luz pública a los hechos, investigando este período, escribiendo qué pasó en pueblos y ciudades, y revisando archivos muchas veces ocultos a la población, con mucha voluntad pero con pocos recursos.

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