Criminalización de las personas defensoras de derechos humanos

16 Nov 2021

Los defensores y defensoras de derechos humanos son personas que, de manera individual o colectiva, trabajan para promover o proteger los derechos humanos, principalmente a escala local o regional. Contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de derechos humanos y al desarrollo de las libertades fundamentales de los pueblos e individuos, teniendo como principios la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana.

En muchas regiones y países del mundo, la defensa de los derechos humanos es vista como una amenaza para los intereses económicos de los Estados, que, lejos de intentar garantizar y respetar la tarea de las personas defensoras, intentan silenciarlas con distintas estrategias. La violencia y los ataques, así como los asesinatos, no dejan de incrementar -según Front Line Defenders, en 2020 fueron asesinadas 331 personas defensoras de los derechos humanos en todo el mundo. De este modo, las personas defensoras tienen cada vez menos garantías para ejecutar su trabajo, que además se ve obstaculizado por otras formas de violencia.

Las formas de violencia hacia los defensores y defensoras de derechos humanos para silenciar su trabajo son diversas, siendo una de las más comunes la criminalización y la judicialización, estrategias que se basan en la instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal para impedir la lucha de algunas personas y tratar como delitos, crímenes y actos ilegales actividades legítimas desarrolladas por defensores y defensoras.

El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “ Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (conocida como la Declaración sobre defensoras y defensores). En su primer artículo, la declaración señala que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Aun así, si bien los Estados tienen el poder de garantizar la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos, en muchas ocasiones son los propios Estados quienes tratan de impedirla mediante la criminalización.

La criminalización puede definirse como eluso de estrategias y acciones políticas y judiciales con la intención de tratar como ilegítimo e ilegal el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que se manifiestan y reclaman de manera pacífica sus derechos. Utiliza la violencia contra personas y organizaciones e incluye desde la intervención violenta de cuerpos de seguridad en protestas hasta el juicio y el encarcelamiento de dirigentes sociales por actos que realmente no merecen judicialización. Además de aumentar el riesgo individual de las personas defensoras, debilita y erosiona los procesos comunitarios colectivos y sus espacios de participación democrática. De este modo, se intenta que el motivo de protesta de las personas defensoras no llegue a conocerse en el resto de la sociedad ni de manera internacional.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los defensores y defensoras son personas que ejercen el necesario control ciudadano sobre los funcionarios públicos y las instituciones democráticas. Eso los convierte en una pieza muy importante en la construcción de la democracia, por lo que impedir su trabajo es impedir también la democracia a toda una sociedad.

Defensa del medioambiente

En los últimos años, uno de los motivos principales de la criminalización de personas defensoras de derechos humanos ha sido la defensa de la tierra y el medio ambiente.

El modelo actual de explotación de los recursos naturales ha provocado daños ambientales irreparables como la contaminación de los ríos y mares, el aumento de los gases de efecto invernadero o la deforestación, pero también ha expulsado de sus tierras a miles de comunidades que vivían en los territorios donde se extraen materias primas, especialmente en América Latina.

La CIDH ha reconocido quepoblación indígena, campesina y afrodescendiente son las que sufren un mayor impacto y peores consecuencias a la hora de defender sus derechos y ha advertido sobre el aumento de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina, lo que convierte a la región en la más peligrosa para la defensa de los derechos humanos. Dentro de estas comunidades han surgido grupos de personas que luchan por el derecho a una vida digna y por el medio ambiente, y que han estado expuestos a situaciones de vulnerabilidad por parte de sus Estados y de grandes transnacionales que han intentado silenciar sus luchas.

Según la organización de defensa de los derechos humanos Front Line Defenders, de las 331 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en 2020, el 69% defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.

Normalmente, la criminalización de personas defensoras del territorio se da en un contexto en que los Estados tienen pactos con grandes multinacionales, por lo que los defensores y defensoras se encuentran en una situación de desigualdad de poder. Por ello es importante garantizar la defensa legal de las personas expuestas a la criminalización y judicialización y mejorar los sistemas de justicia. Las empresas, muchas veces con permiso del Estado, utilizan el sistema de justicia para salir impunes ante los crímenes y daños medioambientales que cometen. Y es que la violación de los derechos del medioambiente y la corrupción en los gobiernos están históricamente cogidas de la mano.

El caso de los defensores del agua del Guapinol de Honduras, en prisión preventiva desde hace más de dos años, es solo uno de los tantos que se producen. Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz son activistas medioambientales miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), en Honduras. Desde hace años, se enfrentan a la puesta en funcionamiento de una mina de óxido de hierro en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. Los ocho activistas están en prisión preventiva desde hace dos años, a la espera de juicio, acusados de incendio agravado y privación injusta de libertad.

El proyecto minero al cual se opone el CMDBCP está impulsado por Inversiones Los Pinares, anteriormente Emco Mining y se sitúa en una zona protegida desde 2011 y recortada al año siguiente para acomodar la exploración minera de EMCO. Ahora se teme que la construcción y puesta en marcha de la mina pueda afectar gravemente al entorno y los ríos de la zona; concretamente, los ríos San Pedro y Guapinol.

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Los derechos de las mujeres en Irán

La defensa de los derechos de las mujeres también es motivo de criminalización en algunos países del mundo, como Irán. Según un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), “la República Islámica de Irán es un régimen hostil para los defensores de los derechos humanos” y “cualquier forma de disidencia por su parte es sistemáticamente criminalizada y sometida a duras represalias por parte de las autoridades“.

Muchos defensores y defensoras han sido atacados en el país por apoyar las protestas contra el uso obligatorio del hiyab, y los abogados y abogadas son criminalizados por tratar casos de derechos humanos y representar a defensores y defensoras. De hecho, muchos han criticado al poder judicial por el trato de favor que da a sus clientes, y por ello han sido judicializados.

El caso de Nasrin Sotoudeh, una abogada iraní condenada a 38 años de cárcel y 148 latigazos por defender los derechos de las mujeres, ha dado la vuelta al mundo. La persecución contra Sotoudeh y su familia se inscribe en un patrón sistemático de represión contra la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Desde la organización Amnistía Internacional denuncian, entre otras vulneraciones de derechos, el uso letal de la fuerza para acabar con las protestas —con centenares de asesinatos y miles de detenciones arbitrarias— y la intensa represión del movimiento que lucha contra el uso forzoso del hiyab.

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Minoría uigur en China

En China, el gobierno lleva a cabo una estrategia de criminalización contra las personas que forman parte de minorías étnicas y que alzan la voz para denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren. Las más destacadas son los uigures, los tibetanos y los mongoles. En un informe de 2018, la ONU denunció malos tratos y discriminación a la población de estas minorías.

La comunidad uigur ha sido la más afectada por el control y las torturas chinas: entre el 19 y el el 25 de junio de 2017, el Gobierno chino calificó como personas “sospechosas” de extremismo a 24.412 personas uigures, de las que 706 terminaron en la cárcel y 15.683 fueron a centros de educación ideológica.

Uno de los casos de criminalización más conocidos es el deIlham Tohti, un economista e intelectual uigur originario de Artux, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Establecido desde los 16 años en Pekín, Tohti ha trabajado intensamente para promover los derechos de la minoría uigur y abrir un espacio de diálogo con la comunidad han, mayoritaria en la República Popular China. Después de años en que la represión contra él se había ido intensificando -con detenciones y periodos de arresto domiciliario incluidos-, en 2014 fue condenado a cadena perpetua bajo acusaciones de separatismo, una reivindicación con la cual él nunca se había identificado.

El activismo de Tohti ha sido reconocido con destacados premios internacionales, como el Martin Ennals (2016), el Václav Havel (2019)y el Sàkharov (2019). El intento de silenciarlo, como apuntan desde el Servicio de Investigación del Parlamento Europeoresponde al endurecimiento de la política china en relación al abordaje del extremismo religioso, el separatismo étnico y el terrorismo. Una estrategia con la que se ha acabado entendiendo la identidad uigur como una amenaza para la seguridad nacional.

En consecuencia, en Xinjiang se ha instalado un sofisticado e intrusivo sistema de vigilancia y represión policial. Se calcula que alrededor de un millón de personas de etnia uigur y otras minorías están detenidas en campos de internamiento masivo y adoctrinamiento, mal llamados centros de “formación profesional”. En palabras de la hija de Ilham Tohti, Jewher Ilham, “ser uigur a día de hoy significa no poder contactar como mínimo con una persona de tu familia”.

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Libertad de expresión en Bahréin

Durante la primavera árabe, muchos países de la región de Oriente Medio, como Bahréin, reprimieron duramente las protestas de sus ciudadanos. En esta monarquía absoluta, la libertad de expresión se paga muchas veces con altas penas de cárcel. Abdulhadi Al-Khawaja es un histórico activista por la defensa de los derechos humanos en el país. Entre otros, ha participado en la puesta en marcha del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) y del Centro por los Derechos Humanos del Golfo (GCHR). Después de pasar dos décadas en el extranjero (a partir de 1991, con el asilo reconocido en Dinamarca), regresó a Bahréin cuando, con la llegada al poder de Hamad bin Issa Al Khalifa, pareció que se abría un periodo de reforma. Sin embargo, el paso de los años dejó clara la falta de voluntad política para avanzar hacia una sociedad más democrática.

En 2011, Al-Khawaja participó en las protestas que marcaron la llegada de la Primavera Árabe a Bahréin. Poco después, fue detenido a golpes y condenado a cadena perpetua por un tribunal militar. En la prisión, ha sufrido graves torturas y maltratos. Ha llevado a cabo varias huelgas de hambre, en protesta por su situación y por las abusivas condiciones que se viven en la prisión de Jaw.

El intento de silenciar a Abdulhadi Al-Khawaja refleja un patrón sistemático de represión contra cualquier expresión disidente o de protesta. Como denuncia Human Rights Watch, las autoridades han prohibido el funcionamiento de cualquier medio de comunicación independiente en el país, han disuelto todos los grupos de oposición y continúan deteniendo y condenando a activistas y periodistas. La reciente muerte del primer ministro, Khalifa bin Salman Al Khalifa, que ha gobernado con mano de hierro las últimas cinco décadas, no genera muchas expectativas de cambio.

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