Defensores del Agua del Guapinol (Honduras)

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Defensores del agua de Guapinol: más de un año en prisión preventiva

Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz son activistas medioambientales miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), en Honduras que desde hace años se enfrentan a la puesta en funcionamiento de una mina de óxido de hierro en el Parque Nacional «Montaña de Botaderos Carlos Escaleras».

Los ocho activistas se encuentran en prisión preventiva desde hace más de dos años, a la espera de juicio, acusados de incendio agravado y privación injusta de libertad. Aunque en marzo de 2021 el Comité contra las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas instó al estado de Honduras a poner en libertad a los ocho activistas y definió su detención como “ilegal y arbitraria”, el pasado mes de julio, el Ministerio Público pidió ampliar otros seis meses la cárcel preventiva.

El proyecto minero al cual se opone el CMDBCP está impulsado por Inversiones Los Pinares, anteriormente Emco Mining. Se sitúa en una zona protegida desde 2011 y recortada al año siguiente para acomodar la exploración minera de Emco. Se teme que la construcción y puesta en marcha de la mina pueda afectar gravemente al entorno y los ríos de la zona -concretamente, los ríos San Pedro y Guapinol.

En 2018, después de que Inversiones Los Pinares pusiera en marcha los trabajos de construcción de una carretera para acceder a la montaña de Botaderos, el agua del río Guapinol se enfangó y dejó de ser utilizable para la comunidad que lleva el mismo nombre. En agosto de ese año se montó un campamento para bloquear la carretera, que duró aproximadamente dos meses y fue violentamente desalojado.

Los cargos presentados contra los ocho activistas que se encuentran en prisión preventiva desde septiembre de 2019 y otros miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa están relacionados con incidentes que se produjeron en el marco de este campamento.

Criminalización, violencia y represión en Honduras

Tal como explican desde el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, el código penal hondureño no prevé prisión preventiva para los delitos de los que se acusa a los ocho defensores privados de libertad. En este sentido, la organización denuncia una “clara violación del debido proceso”, que además se consolidó en la audiencia del pasado 18 de diciembre en la que, de nuevo, se denegó la petición de libertad para los activistas.

Según los miembros de la organización medioambientalista, en el marco de todo el procedimiento, el Ministerio Público y el poder judicial se han posicionado a favor de la empresa minera y han facilitado la criminalización de los activistas, tanto de los ocho que están encarcelados como de cinco dirigentes más sobre quienes pesa un auto de procesamiento. Por este motivo, los consideran perseguidos políticos.

Las acusaciones contra las personas defensoras del agua de Guapinol se enmarcan en un patrón generalizado de criminalización, violencia y represión contra activistas medioambientales en Honduras. El asesinato de Berta Cáceres es uno de los casos más conocidos. El mismo nombre del Parque Natural «Montaña Botaderos Carlos Escaleras» recuerda a otro activista asesinado en los años 90, también defensor de la tierra y opositor a un proyecto de palma africana en el mismo territorio donde ahora batalla el CMDBCP.

Si bien se arrastran desde hace décadas, los conflictos ambientales se han agudizado en Honduras desde el golpe de estado de 2009, que expulsó del poder al entonces presidente Manuel Zelaya.

En este contexto, desde el proyecto Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para reclamar al Estado de Honduras:

  • Que ponga en libertad a los defensores del agua de Guapinol, encarcelados desde hace 16 meses y pendientes de juicio.
  • Que retire los cargos contra todas las personas defensoras del agua del municipio de Tocoa.
  • Que garantice la protección y la integridad física de las personas que integran el CMDBCP.
  • Que respete la decisión de la Cumbre Municipal del Agua y el Cabildo Abierto Municipal como espacio de consulta donde se declaró el municipio libre de minería, con una oposición clara a las concesiones mineras de Inversiones Los Pinares y Ecotek.
  • Que garantice el derecho a las expresiones legítimas y democráticas de oposición a los proyectos que pueden afectar a los entornos y recursos naturales de las comunidades.

Para saber más:

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