La Colectiva Feminista, referente en la lucha de las mujeres de El Salvador, cumple este año 15 años de trayectoria. El aniversario es el resultado de un importante esfuerzo colectivo por poner los derechos de las mujeres en la agenda política e institucional salvadoreña, así como para fortalecer las capacidades de las mujeres de cara a transformar las relaciones de poder que las colocan en una posición subordinada respecto a los hombres. En este esfuerzo colectivo participa, desde 2013, la activista salvadoreña Amanda Quijano.
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador y máster en Desarrollo Local, Quijano forma parte del equipo de San Salvador de la Colectiva Feminista. Coordina temas vinculados con la juventud y los derechos sexuales y reproductivos.
Su tarea está también muy ligada al municipalismo, y trabaja para que las administraciones locales incorporen la perspectiva de género en las políticas públicas. Es, además, voluntaria de La Radio de Todas, una radio en línea que desde su creación ha representado un espacio de expresión de diferentes sectores de mujeres y jóvenes. «Es una herramienta de sensibilización y formación que, de manera incipiente, ayuda a crear medios de comunicación feministas», explica la activista.
Aparte, Quijano es también consultora para diferentes organismos nacionales e internacionales, especialmente en temas relacionados con los derechos colectivos e individuales de mujeres, adolescentes y niñas. Ha impartido diversos talleres, tanto para jóvenes como para adultos, y ha participado en investigaciones sociales sobre cuestiones vinculadas al feminismo y los derechos de las mujeres.
¿Qué papel juegan las ciudades de El Salvador en la defensa de los derechos humanos y, concretamente, los derechos de las mujeres?
En 2006 hubo una reforma del Código municipal y se introdujo una nueva competencia para los gobiernos municipales: promover acciones para fortalecer la equidad de género a través de una Unidad Municipal de la Mujer (UMM). Esto define un mandato claro a las municipalidades para trabajar en la defensa de los derechos de las mujeres.
Este reconocimiento legal fue producto de más de diez años de incidencia y trabajo de las organizaciones feministas. Actualmente, el 87% de los municipios cuenta con una UMM. Ahora bien, esto no garantiza que se haga un trabajo consistente para los derechos de las mujeres, especialmente para superar las desigualdades entre hombres y mujeres. En muchos municipios hay un enfoque más asistencial, dirigido a las mujeres en situaciones más vulnerables y vinculado a la generación de ingresos y la atención a la violencia. Además, no todas las UMM tienen una asignación de presupuesto para la realización de acciones positivas. Aun así, el hecho de que dentro de los gobiernos municipales se tenga presente la situación y problemática que viven las mujeres es un paso importante.
En noviembre, la Colectiva Feminista firmó un convenio de colaboración con la alcaldía de San Salvador.
El objetivo del convenio es crear y fortalecer mecanismos para institucionalizar la equidad de género en la alcaldía. Para ello, se han definido cuatro líneas de acción: en primer lugar, la gestión de recursos técnicos y financieros para el impulso de acciones positivas; en segundo lugar, el fortalecimiento de las capacidades sobre equidad de género mediante la formación y la asesoría técnica en tres niveles (consejo municipal, personal técnico y personal administrativo); en tercer lugar, la transversalización del enfoque de equidad de género en diversas áreas de la alcaldía; y, por último, la creación de espacios especializados de atención legal y psicológica para mujeres que sufren violencia.
Actualmente, ¿cuáles son los principales objetivos de la Colectiva Feminista?
Tenemos siete ejes estratégicos que para nosotros son prioritarios: la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres (Programa para una vida libre de violencia y seguridad ciudadana); el municipalismo y la gobernabilidad democrática (asesoría a gobiernos locales para la elaboración de instrumentos con equidad de género); la defensa de los derechos sexuales y reproductivos; la justicia ambiental con perspectiva feminista; la protección integral de las defensoras de derechos humanos; el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, y la participación ciudadana y política para la igualdad.
Desde que se fundó, la Colectiva ha conseguido varios éxitos. ¿Cuáles destacarías?
Uno de los logros ha sido construir una forma de dirección colectiva que se recrea cotidianamente entre las compañeras que formamos parte. También ha sido importante poder trabajar con todos los gobiernos locales sin importar el partido político que se encuentra en el poder, asesorando en la elaboración y seguimiento de las políticas públicas sobre equidad de género.
Además, se han impulsado estrategias para la defensa de los derechos de las mujeres acopladas a las realidades y particularidades de los territorios.
Has impartido talleres y coordinado procesos formativos sobre derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo valoras la educación en salud sexual y reproductiva a la que tienen acceso los y las jóvenes de El Salvador?
A pesar del esfuerzo del Ministerio de Educación por tener documentos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre educación integral de la sexualidad, esto sólo ha sido puesto en práctica como prueba piloto y ejecutado por organizaciones de la sociedad civil. Desde el gobierno no hay una educación sexual que esté institucionalizada y dirigida a adolescentes o jóvenes.
La prohibición total del aborto en El Salvador ha popularizado la expresión «del hospital a la cárcel». ¿Cómo es la situación de las mujeres que tienen un aborto y acaban en la cárcel?
En este momento* hay 23 mujeres que se encuentran en prisión por este motivo, 21 condenadas y dos que esperan condena. La situación en las cárceles es muy difícil. De entrada, están superpobladas. Por ejemplo, la cárcel de Ilopango está diseñada para 400 personas, y hay más de 2.000. Hay una falta importante de servicios, como el agua, que genera condiciones inhumanas. Además, la estigmatización que hay alrededor del aborto hace que, cuando las mujeres ingresan al recinto, otras reclusas las acosen y las marginen, porque supuestamente han cometido un crimen contrario al mandato de la maternidad.
Las mujeres sienten que son condenadas por un delito que no han cometido, y eso genera sensación de indefensión. La situación de pobreza de la que vienen hace también que, en muchos casos, sus familias no les puedan visitar ni puedan proporcionarles productos básicos como jabón, champú o compresas, que el sistema penitenciario no garantiza. Muchas de ellas tienen hijos de los que quedan separadas debido a las largas condenas, de 20 ó 30 años; los vínculos se rompen y esto no sólo afecta a las mujeres, sino también a los niños o niñas.
Las elecciones de febrero han confirmado un cambio de color del gobierno salvadoreño. ¿Qué esperas?
De entrada, que continúe con los programas que se han estado impulsando en defensa de los derechos de las mujeres. Además, durante la campaña [el nuevo presidente, Nayib Bukele], se manifestó a favor de la despenalización del aborto cuando la vida de la mujer corre peligro y se mostró contrario a la criminalización de las mujeres. Espero que esto genere un cambio sustancial en la vida de las mujeres. También creo que habrá que reforzar los mecanismos institucionales para garantizar los derechos de las mujeres y las personas LGTBI.
* Esta entrevista se realizó durante la primera quincena de febrero de 2019.
Para saber más: https://ciutatsdefensoresdretshumans.files.wordpress.com/2019/03/amanda-quijano.pdf
