Lorraine Leete

Defensa de los derechos de las personas migradas y refugiadas
Grecia
Legal Centre Lesvos
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Lorraine Leete es abogada y coordinadora del Legal Centre Lesvos, una organización que, desde 2016, brinda información y asistencia legal y gratuita a los y las migrantes que llegan por la vía marítima a la isla de Lesbos. Además de este servicio legal, el Legal Centre Lesvos, también documenta las violaciones de derechos humanos en la frontera entre Grecia y Turquía. Leete, de origen estadounidense, asegura que se empezó a interesar por los temas migratorios tras graduarse en derecho. Después de terminar los estudios trabajó dando apoyo legal y representando a migrantes que llegaban a Estados Unidos. También trabajó contra la violación de los derechos humanos por parte de empresas multinacionales; y fue precisamente eso lo que la llevó a instalarse en Colombia, país en el que vivió durante cinco años. “En Colombia llevaba a cabo litigios en contra de compañías extractivas y corporaciones estadounidenses que violaban los derechos de los campesinos y campesinas”, explica.

Después de Colombia, pasó una temporada en Palestina para “conocer de primera mano qué estaba pasando, y para observar la implicación y la responsabilidad de Estados Unidos y los países europeos en la vulneración de derechos de la población palestina”. En 2016, después de la crisis migratoria de 2015, se instaló en Grecia, precisamente cuando se firmó el Acuerdo entre Grecia y Turquía por el cual se pretendía controlar el flujo migratorio retornando a los migrantes a Turquía. “Me uní a otros abogados y abogadas que habían trabajado anteriormente en Calais con temas migratorios y decidimos montar el Legal Centre Lesvos con el objetivo de dar apoyo a aquellas personas que llegaban desde Turquía”. Y es desde allí desde donde intenta poner, juntamente con el equipo legal que coordina, un poco de luz en las sombras de esta realidad.

Lesbos, donde empieza la Europa fortaleza

A día de hoy, la isla de Lesbos, en el mar Egeo, continúa siendo un banco de pruebas de las políticas antinmigración de la Unión Europea. Un terreno en el que los derechos humanos de los que llegan pidiendo refugio son constantemente vulnerados: procedimientos poco justos, devoluciones en caliente y deportaciones colectivas, criminalización y restricción de movimientos son algunas de las prácticas habituales.

El gobierno griego asegura que su política es estricta, pero justa; pero lo cierto es que los campos de refugiados, algunos ya convertidos en centros de detención, cada vez se parecen más a cárceles al aire libre. Si bien los números de llegadas de migrantes no se aproximan a los de 2015 y 2016, cuando el flujo aumentó a causa del recrudecimiento de la guerra en Siria, el número de llegadas durante los primeros meses de 2022 ya es superior al del mismo periodo en 2021. Los que huyen de sus países, llegan al país heleno vía Turquía cruzando el río Evros o el mar Egeo, en la gran mayoría de los casos de la mano de las mafias que operan en ambos países.

A Lesbos, los migrantes suelen llegar a la parte norte de la isla, porque el trayecto es más corto. Una vez allí, se les dirigía hacia el Centro de Recepción e Identificación de Moria, donde se iniciaba el trámite de asilo. Hablamos en pasado porque el campo de Moria se incendió durante la noche del 8 al 9 de septiembre de 2020 y quedó prácticamente destruido. Hasta ese momento fue el mayor centro de recepción de migrantes del continente.

El trámite de asilo puede tomar diferentes rumbos en función de las condiciones de cada persona (si tienen familia en otro país europeo, si quieren quedarse en Grecia o solicitar asilo en otro país, etc.) . El procedimiento de asilo puede demorarse hasta un año o incluso más, en función del caso. En muchas ocasiones, no llega a buen puerto y los migrantes son devueltos a Turquía. Una vez allí, vuelta a empezar. De cero, o incluso de menos uno, porque a los migrantes que son devueltos en la frontera, en muchos casos, como denuncian los informes de múltiples oenegés, les despojan de todas sus pertenencias: vuelven desnudos, sin móviles e incluso sin pasaporte.

Turquía, Estado que no reconoce el estatus de refugiado, considerado un país seguro por la UE y por Grecia, lleva más de cuatro décadas librando una lucha contra el movimiento kurdo dirigido por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Desde entonces, millones de desplazados internos y cientos de miles de refugiados kurdos han huido de sus regiones del sureste de Anatolia.

En este contexto, el refugiado, el eslabón más débil, es el chivo expiatorio de todos los grupos políticos. Al principio fueron recibidos con los brazos abiertos, y se convirtieron en mano de obra barata para los empresarios locales. Pero tras años y años de espera, además de la creciente debilidad económica, ya nadie los quiere: salvo el prokurdo HDP, el resto de partidos prometen devolver a los refugiados a Siria.

Sin embargo, resultaría injusto solo mirar hacia Grecia y Turquía y asegurar que solo estos dos países no respetan las convenciones internacionales que defienden los derechos humanos: también lo hacen el resto de estados europeos al no cumplir los compromisos de relocalización adquiridos en los últimos años.

Buscar refugio en una Europa cada vez más fortaleza

En noviembre de 2021, la Unión Europa anunció que destinaría, hasta 2027, 12.800 millones de euros para controlar las fronteras y aumentar la capacidad de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), una cifra muy superior a los 2.800 millones de euros que se destinaron para la misma tarea durante el periodo comprendido entre 2014 y 2020.

Una investigación llevada a cabo por Lighthouse Reports, Der Spiegel, SRF Rundschau, Republik y Le Monde durante 2020 y 2021 concluye que Frontex estuvo involucrada en casi 1.000 casos de devoluciones en caliente de solicitantes de asilo. Se hizo a través de la guardia costera griega, pero con pleno conocimiento de la agencia europea. Este y otros escándalos de la agencia llevaron a dimitir, en abril de 2022, a Fabrice Leggeri, su director ejecutivo. De esta situación tenía pleno conocimiento el Parlamento Europeo, que, en junio de 2021, publicó un informe en el que se concluía que la guardia fronteriza de la UE consentía violaciones de derechos fundamentales y le reprochaba no hacer lo necesario para garantizar la protección de los y las migrantes. Sin embargo, “(…) El grupo no encontró pruebas concluyentes sobre la realización directa de devoluciones en caliente y / o expulsiones colectivas por parte de Frontex en los casos de incidentes graves”, se puede leer en las conclusiones del informe. La cosa no queda aquí: recientemente un informe de la agencia antifraude OLAF ha concluido que existen o han existido irregularidades en la gestión de la agencia.

Donde sí se demuestran de manera definitiva estas prácticas es en uno de los últimos informes de Human Rights Watch (HRW), en el que se concluye que “(…) la policía griega está deteniendo a los solicitantes de asilo en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía en el río Evros, en muchos casos despojándolos de la mayor parte de su ropa y robándoles su dinero, teléfonos y otras posesiones. Luego entregan a los migrantes a hombres enmascarados, quienes los obligan a subir a pequeñas embarcaciones, los llevan al medio del río Evros y los obligan a sumergirse en el agua helada, haciéndolos vadear hasta la orilla del río en el lado turco. Aparentemente, ninguno está debidamente registrado en Grecia ni se le permite presentar solicitudes de asilo”.

Entrevista a Lorraine Leete

Desde que llegó a Grecia, ¿cuál ha sido el momento más duro que ha vivido como coordinadora del Legal Centre Lesvos?

Yo llegué en 2016, después de la ola de 2015, en la que la mayoría de gente huía de Siria. Desde 2016, el momento más duro está siendo ahora, sin lugar a dudas. Desde entonces, he visto un deterioro continuo de la posibilidad de acceder al procedimiento de asilo y casi ha desaparecido la posibilidad de tener un procedimiento justo de protección de los derechos de las personas que llegan. He visto la violencia diaria a la que se enfrenta la gente que intenta cruzar fronteras; también ha aumentado la opresión y la presión por parte de los estados contra las organizaciones que defendemos a los derechos de los y las migrantes.

¿Qué es lo que hace especialmente duro el momento actual?

Las devoluciones en caliente. Llevamos más de dos años documentando estas deportaciones colectivas. Este es el término legal que usamos, pero resulta demasiado abstracto. La gente está siendo abandonada en el mar, en balsas inflables sin motor, sin teléfonos y en medio de la noche. Es inhumano. Muchas de estas personas mueren; y es nuestro deber documentarlo. No somos los únicos que lo hacemos; también la ACNUR ha denunciado estas prácticas. En todo esto tiene mucha responsabilidad la guardia costera griega.

¿Y qué dice el gobierno griego?

Desde las altas esferas políticas lo niegan. El ministro de Migración griego[Notis Mitarakis] se presentó delante del Parlamento Europeo y lo negó todo. Es más, a los que defendemos los derechos humanos y monitorizamos todo esto, nos acusan de ser agentes del estado turco y de colaborar con las mafias. De momento, no nos enfrentamos a cargos penales, pero el riesgo de ser criminalizadas está aumentando.

¿Aprovechó el gobierno griego la irrupción de la pandemia para endurecer las condiciones de los solicitantes de asilo?

Antes de la pandemia, el gobierno griego ya había anunciado que tenía intención de aumentar el número de centros de detención para solicitantes de asilo. Con la pandemia, usaron la excusa de la protección de la salud pública para convertir muchos campos de refugiados en centros de detención en los que la movilidad de la gente quedó restringida. De hecho, mucho más restringida que la de la población no refugiada. La pandemia ha permitido implementar lo que el gobierno griego ya tenía pensado de antes.

¿Cómo de difícil es conseguir el estatus de refugiado?

Muy, muy difícil. El sistema, como tal, es problemático ya que hace parte de una política migratoria exclusiva, pero durante los últimos años se han promovido cambios que han tenido como objetivo obstaculizar aún más el acceso al estatus de refugiado. En Grecia, desde que se firmó el acuerdo con Turquía, en 2016, la situación ha empeorado. [En el acuerdo se estipula que todas las personas que lleguen irregularmente a las islas del Egeo, incluidas las solicitantes de asilo, serán devueltas a Turquía, considerado un país seguro por la Unión Europea]. Si eres de Siria, Turquía se considera un país seguro; también si procedes de Afganistán, Bangladesh, Somalia o Paquistán. Esto ha bloqueado el acceso al asilo.

 

¿Qué pasa cuando se les niega el asilo?

Se puede apelar. El proceso tiene apariencia de proceso justo, pero hay muchos obstáculos en la apelación [como acceso a un abogado, acceso a la oficina de asilo, etc.], y el resultado es que la gente no tiene acceso a un procedimiento justo. Hay que pensar que la misma ley de asilo es una política migratoria exclusiva: se habla de proteger a los refugiados, pero en la práctica, no es así. La definición de refugiado está en la Convención de Ginebra de 1951; actualmente no se corresponde con la realidad, ni a las múltiples razones legítimas por las cuales la gente está forzada o decide migrar de un país a otro.

El Legal Centre Lesvos, que usted coordina, tiene una doble línea de trabajo.

Sí. Por un lado, acompañamos legalmente a la gente que llega e intentamos dar apoyo legal para defender sus derechos en el proceso de asilo. También intervenimos cuando son criminalizados o víctimas de abuso del poder del Estado. Por otra parte, defendemos a migrantes que se enfrentan a cargos penales y también representamos a migrantes que han sido víctimas de las políticas violentas en las fronteras. Esto está relacionado con el aumento de las devoluciones en caliente y la violencia; situaciones que monitorizamos para denunciarlas y para representar a los sobrevivientes de esas violaciones en foros griegos e internacionales.

Recientemente ha dimitido el director de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), Fabrice Leggeri, tras varios escándalos por amparar violaciones de los derechos de migrantes y refugiados. ¿Cree que puede haber un cambio de rumbo en esta organización?

Hay evidencias que muestran que Frontex está involucrada en las devoluciones en caliente. Es importante dar luz a este tema y que haya un conocimiento público y una rendición de cuentas. Queremos que reconozcan su papel en la violencia ejercida contra las personas que llegan. Tampoco hay que olvidar el papel de la guardia costera griega en todo esto. Hoy por hoy, aunque Frontex saliera del mar Egeo, la práctica no cambiaría A la pregunta, la respuesta es no, no creo que la dimisión del director cambie el rumbo de la agencia.

En los últimos meses hemos visto como la UE recibía con los brazos abiertos a los refugiados y refugiadas que huían de la guerra de Ucrania. Parece ser que existe una doble vara de medir, ¿no?

Exactamente. Lo que ha ocurrido con los refugiados ucranianos nos da la posibilidad de demostrar que sí es posible construir un reglamento de migración justo. Es posible dar asilo a la gente que huye, y es posible hacerlo de manera legal. La legalización de la gente que migra es posible. Se trata de una oportunidad para demostrar que hay una manera. Los países europeos han demostrado que estas personas pueden llegar de manera regularizada; y esto es aplicable a las personas de todas las nacionalidades.

En la reciente cumbre de la OTAN en Madrid varios países han levantado el embargo de armas a Turquía y se han llegado a nuevos acuerdos con este país que podrían ocasionar nuevos flujos de refugiados.

La situación podría empeorar. Entre Grecia y Turquía hace años que ha existido el tira y afloja; y los migrantes son las primeras víctimas de las redefiniciones de las relaciones de poder. Turquía usa a los migrantes contra Grecia y viceversa. Sitios como Lesbos siempre se terminan viendo afectados por las decisiones políticas; se vio de manera evidente cuando se produjeron las sanciones contra Irán, por ejemplo: los ciudadanos de Afganistán que vivían en Irán en aquel momento fueron los primeros en sentir el impacto. Fueron forzados a salir de Irán. Lo mismo pasó con el cambio de régimen en Afganistán. Sufrimos y continuaremos sufriendo las decisiones políticas.

¿Está al tanto de la situación en la frontera sur, en la valla de Melilla?

Más o menos. Este trabajo es muy absorbente y quedas sumergido en la burbuja del día a día. Respondemos a emergencias diarias, pero sí, estamos en contacto con diferentes movimientos de solidaridad que también confrontan la violencia en las fronteras. Se trata, al final, de una responsabilidad compartida. Tendríamos que estar mejor organizados para confrontar estas prácticas.

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