Nataniel Hernández

Defensa del derecho a migrar y al asilo
Mexico
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
https://www.facebook.com/cdhdignaochoac

Nataniel Hernández es activista y abogado del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en la región de Chiapas, en la frontera sur de México. Hijo de una familia de activistas, hasta los diez años las vivencias de Hernández fueron las propias de un niño cualquiera de Chiapas. Pero le llegó su «parteaguas»: una campaña de persecución contra su padre que les obligó a mudarse y a tomar medidas de precaución extremas. Dice que en ese momento perdió la juventud, que no pudo entablar amistades cercanas, pero también que entendió con claridad la realidad de su región. «Después de presenciar tantos abusos y excesos por parte del Estado mexicano, decidí formarme como abogado», recuerda. En 2005, comenzó su labor en el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, concretamente en el proceso de consolidación legal, en la búsqueda de financiación y en la formación e integración de grupos de jóvenes.

Por documentar e investigar la corrupción en los megaproyectos y alzar la voz contra las violentas bandas mafiosas que gozan de la connivencia institucional en Chiapas, Hernández ha sido amenazado en repetidas ocasiones. La primera fue en 2012. De nuevo, asegura, es diana de una campaña de desprestigio pública en un país en el que los asesinatos de periodistas y activistas quedan impunes, en los cajones policiales de casos sin resolver. «Nuestra profesión es noble y digna, fortalece procesos de cambio y transforma realidades, pero se desarrolla en un escenario de agresiones, amenazas y obstáculos y bajo campañas de desprestigio y señalamiento». Indefenso, poco espera Hernández del Estado, y reclama reagruparse en comunidades locales.

En esta región generosa, con pasto para el ganado y peces para el pescador, y con una tierra que provee de sandías, melones, café, cacao o mango, los ideales del zapatismo han calado en parte de la sociedad. La comunidad local encabeza el cambio, sobre todo ante la inoperancia del Estado, como volvió a demostrarse a finales de 2018, cuando echó a andar la primera caravana migrante desde Centroamérica y Chiapas se convirtió en la primera parada en la ruta. Nacieron nuevas necesidades y los y las activistas del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa redefinieron prioridades; comenzaron a asistir a esos grupos heterogéneos que huían de la violencia, la falta de oportunidades y la discriminación. Cuatro años más tarde, sin desatender sus luchas decanas, siguen asistiendo a quienes atraviesan Chiapas en su camino hacia Estados Unidos (EEUU).

México, ante las caravanas migrantes

En octubre de 2018, en San Pedro de Sula, al menos un millar de personas comenzaba a andar hacia el norte, con destino a Estados Unidos (EEUU), huyendo de la violencia y de la falta de oportunidades en Honduras. Niños, mujeres, ancianos y jóvenes iniciaban un trayecto en grupo que pronto emularían otras comunidades desfavorecidas de Centroamérica, Suramérica y las islas del Caribe y que pasaría a conocerse como «caravana migrante». Estas personas, reflejo de un problema irresoluto, siguen protagonizando una odisea de miles de kilómetros en la que cruzan fronteras, evitan mafias y, en México, el grueso de la ruta, esperan la oportunidad que les permita acceder a EEUU.

En un momento de inestabilidad global creciente, es improbable que estas caravanas se detengan, sobre todo porque el presente desespera en sus países de origen: en El Salvador preside el populista y autoritario Nayib Bukele, quien experimenta con las bitcoins; en Nicaragua, el gobierno encarcela a opositores y reprime los levantamientos sociales; y en Venezuela y Haití, la inestabilidad política y económica ahoga desde hace demasiado tiempo a la población. Por eso, el flujo migrante sigue aumentando: en México, el número de peticiones de asilo en 2021 alcanzó las 130.000, casi el doble de 2019 y más de cien veces la cifra de 2013.

En un mundo en el que crece la intolerancia hacia el migrante, los gobiernos tienden a implementar medidas que restringen sus derechos. En México, a principios de 2019, el recién elegido presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los migrantes con los brazos abiertos, y les facilitó el trayecto hasta la frontera con EEUU. Sin embargo, pronto cambió su política. En junio, ante la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos, el Gobierno mexicano apoyó los polémicos Protocolos de Protección al Migrante (PPM), conocidos como «Remain in México». De esta forma, la frontera norte de México se convirtió en un lugar en el que decenas de miles de migrantes esperan mientras regularizan su situación en EEUU. En paralelo, el Gobierno mexicano militarizó la frontera sur con Guatemala y, consecuentemente, dificultó el avance de las caravanas. Ahora, una vez superada la etapa crítica de la pandemia del coronavirus, niega el asilo: en 2021, México rechazó más de la mitad de las 26.000 solicitudes de asilo de haitianos a los que, previamente, EEUU había denegado la entrada.

«Tanto las autoridades estadounidenses como las mexicanas han violado su obligación[derivada de les seves pròpies legislacions i del dret internacional] de proteger los derechos humanos de los niños y niñas solicitantes de asilo. Han violado sus derechos, en primer lugar, al negarles acceso a procedimientos de asilo y expulsarlos ilegalmente en la frontera; y en segundo término, al devolverlos de manera sumaria a sus países de origen, sin haber evaluado de manera adecuada los posibles daños a los que los exponían», considera Amnistía Internacional en el informe ‘Empujados al Peligro’, sobre las devoluciones forzadas de migrantes menores de edad no acompañados, el eslabón más débil de las caravanas. «Durante el primer año de esta desastrosa y discriminatoria política[de març de 2020 a març de 2021], los gobiernos de Trump y Biden han expulsado de manera ilegítima a más de medio millón de personas migrantes y solicitantes de asilo, incluidos los más de 13.000 menores de edad no acompañados que fueron expulsados por el gobierno de Trump», añade.

Pese a la ilusión inicial, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no ha alterado la política migratoria de EEUU. Una decisión de una corte local le obligó a dar marcha a atrás en su intención de eliminar los Protocolos de Protección al Migrante, y tuvo que renegociarlos con México. Además, con la excusa de la crisis del coronavirus denegó la entrada a migrantes en base a la polémica norma de salud pública Title 42. Es decir, más allá de la dialéctica, los migrantes siguen siendo devueltos a la violenta frontera norte del país azteca. Es entonces cuando empieza el calvario de los migrantes: desesperados, intentan cruzar la frontera de forma ilegal o, resignados, se buscan la vida temporalmente en el país azteca.

Entrevista a Nataniel Hernández

Las organizaciones locales están asistiendo a las caravanas migrantes. ¿Cuál es la labor del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa?

Estamos enfocados en la lucha contra la violencia y la concentración de la propiedad de la tierra [según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre 2010 y 2021 las personas desplazadas en Chiapas superaron las 14.000], pero siendo una zona de paso de la caravana migrante, llegamos a acuerdos para ayudar con el monitoreo de migrantes en el trayecto de 146 kilómetros desde Mapastepec hasta Arriaga. Por otro lado, realizamos acciones humanitarias: creamos brigadas que entregan agua y alimentos. Y es posible gracias a las comunidades, que son solidarias con la realidad migratoria, ante la falta de implicación del Estado mexicano.

Que los migrantes intenten llegar a EEUU no es novedoso, aunque sí lo es que lo hagan en grupos grandes y heterogéneos.

Últimamente vienen personas de Centroamérica, Haití y Cuba y de países africanos, familias y comunidades enteras que no tienen garantizadas las condiciones básicas para sobrevivir, el agua o la comida, y que huyen de la violencia y la explotación. Este es el grueso de la ruta migratoria, cuyos integrantes son, además, estigmatizados. Se dice que son pandilleros, criminales; pero detrás de cada migrante hay una historia muy grave. Una situación similar a la que se vive en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, donde ha penetrado el crimen organizado y la falta de oportunidades condiciona la vida. Por eso, en las caravanas llegan comunidades enteras, jóvenes, ancianos, mujeres, que buscan la forma de llegar a EEUU y empezar una nueva vida.

Cuando estos migrantes llegan a Chiapas, ¿qué temen?

Existe un temor generalizado a ser detenidos. Pero no solo a la detención en sí, sino a la forma de actuar de las autoridades migratorias, en este caso el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. En muchos casos, violan los derechos humanos: hablo de torturas, agresiones, de que les despojen de sus pertenencias y de abusos sexuales a mujeres. En la mayoría de casos, las detenciones son arbitrarias y las leyes migratorias se implementan mal. Los migrantes son llevados a centros de detención en los que pueden permanecer días o semanas sin tener contacto con familiares o instituciones. Son excesos que convierten esta detención en un calvario. En paralelo, está la penetración del crimen organizado para cooptar a mujeres y niñas en las redes de explotación sexual.

En octubre de 2021, la Guardia Nacional mató a dos migrantes cubanos que iban en un grupo de migrantes en Pijijiapan, en Chiapas. Como contraste, hay informaciones recientes de migrantes acampando en el centro de una plaza de esta misma ciudad. ¿Por qué se dan estas dos imágenes?

Los que buscan otra manera para llegar al norte y se alejan del grueso de la caravana migrante son vulnerables a sufrir un ataque o una persecución como la que vimos con los dos migrantes cubanos. Van más rápido pero el peligro es mayor. La Guardia Nacional no tiene órdenes de disparar, sino de revisar la documentación y detener. El grupo de cubanos no tenía armas, pero la Guardia Nacional justificó su acción diciendo que iban en el carro de un traficante. Es absurdo.

Desde 2019, Andrés Manuel López Obrador ha militarizado las fronteras . ¿Qué efectos está teniendo esta decisión?

No existe un modelo de atención sostenible a esta crisis humanitaria, sino que solo se busca contener el flujo de migrantes a Norteamérica. Ha sido una mala estrategia continuar con la militarización del país, sobre todo en la frontera sur, y darle potestad a la Guardia Nacional en las zonas calientes donde supuestamente actúa el crimen organizado. La política de militarización del Gobierno está fuera de lugar, porque los abusos policiales continúan, así como los desplazamientos de personas. Lo que ocurre es que ahora están colocados en zonas estratégica de Chiapas donde hay zapatistas y se quieren desarrollar megaproyectos. Esta militarización no obedece a una estrategia para combatir a grupos criminales de la zona, sino que sirve a los intereses del gran capital para los megaproyectos en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero o Puebla.

¿Esperaba esto del izquierdista López Obrador?

Nosotros sí, particularmente no teníamos grandes esperanzas. Se cambia el partido, pero el modelo es el mismo. Había gente que confiaba en un cambio sustancial con López Obrador, pero hemos visto un reciclaje de[polítics]priistas y panistas en el nuevo Gobierno. Desde arriba, nadie va a alterar la realidad, pero hay esperanza para un cambio si la gente resiste en poblados y colonias .

¿Confía en un cambio de política migratoria de EEUU?

Los migrantes mantienen viva la economía en todo el mundo, pero desgraciadamente, no creo que cambie nada. Como es una causa mundial, es necesario plantear un movimiento global que exija el reconocimiento de los derechos de los migrantes, que son invisibilizados y sufren violencia, explotación y desprecio.

En México, son constantes las amenazas a defensores de derechos humanos y periodistas. En 2019 asesinaron a Sinar Corzo, un activista que era amigo suyo. ¿Cómo se defiende la sociedad cuando el Gobierno no responde?

Para reducir la violencia, porque la protección oficial no funciona, necesitamos desarrollar mecanismos fuera de la lógica institucional. El número de asesinatos de periodistas y activistas incrementa porque el Gobierno mexicano les estigmatiza. El asesinato del compañero Sinar Corzo, defensor de los derechos humanos en Arriaga, es uno más de una larga lista de impunidad en la que no se investiga ni castiga a los autores de los crímenes. El año pasado, un grupo controlado por el Gobierno local quiso descargar un arma de fuego contra mí. El problema es que no sucede nada; no hay justicia. En cambio, se usa el sistema para encarcelar activistas, como ocurre con la compañera Kenia Hernández, que tiene nueve procesos penales abiertos por supuestos ataques a las vías públicas de comunicación.

Activistas relacionados y relacionadas

Mai Shanin & Iris Gur

Palestina e Israel
Derecho a la paz.

Sara López

México
Derechos de los pueblos indígenas. Defensa del medio ambiente.

Bisharo Ali Hussein

Kenia
Derechos de las mujeres. Defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas

Yslem, hijo del desierto

Sáhara Occidental
Derecho a la paz. Derechos civiles y políticos.

Karima Shujazada

Afganistán
Derechos de las mujeres. Derechos de las personas refugiadas.

Desirée Bela Lobedde

Espanya
Defensant els drets humans des de Catalunya: activisme antiracista