Margarita Pineda es una activista hondureña de la comunidad lenca. Es de Marcala, pero vive en San José; ambos municipios están situados en el departamento de La Paz.
Su participación en movimientos sociales comienza en la década de los 80. A raíz del golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya, en 2009, se producen concesiones irregulares de ríos y terrenos de su territorio a empresas mineras y proyectos hidroeléctricos. En respuesta, nace el Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH). Pineda participa en la fundación de esta organización, de la que es actualmente es secretaria de actas y acuerdos. Desde el MILPAH, la activista denuncia la falta de consultas previas, libres e informadas en relación a los proyectos que afectan a su territorio, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Durante tres años y medio, Pineda integró la Comisión Ciudadana de Transparencia del municipio de San José. Su participación en este organismo finalizó el año 2018 y ahora forma parte del Comité de la Mujer de la Red Sociedad Civil (RSC), un espacio municipal de coordinación de diferentes actores comunitarios.
Desde hace un año las mujeres que forman parte de MILPAH han fundado MURILPAH Mujeres Referentes Indígenas Lencas de La Paz para abrir más espacios de participación activa en las mujeres. Creen que si no asumimos el valor de los servicios que ofrecen los ecosistemas, la necesidad de gestionar correctamente los recursos naturales y el hecho de que vivimos en un planeta con recursos finitos nos veremos abocados a crisis cada vez mayores, a las que pondremos el nombre de sanitarias, climáticas o migratorias, pero que tendrán como elemento común un problema sistémico.
¿Cuál es la tarea principal que desarrollas en MURILPAH?
Nuestra labor se centra en la defensa del territorio y de los bienes comunes que se ampara en el Convenio 169 de la OIT. Es una lucha muy desigual, ya que en la actualidad tenemos los tres poderes del Estado secuestrados bajo un régimen dictatorial, violador de todos los derechos del pueblo. Hemos retrocedido a los años 80 del siglo pasado.
Queremos que se deroguen las leyes que permiten la implantación de hidroeléctricas y la extracción de madera. Para ello estamos ampliando también la base social desde San José haciendo trabajos de formación, capacitando a las personas por el conocimiento de leyes y decretos nacionales y internacionales y también buscando estrategias de apoyo legal, ya que durante la pandemia se nos ha limitado el movimiento y no podemos salir a manifestarnos, y se nos ha limitado el tiempo de reunión y el número de personas que podemos encontrarnos. Este aislamiento nos complica el trabajo de concientización del pueblo y de la gente.
Continuamos creyendo que amparadas en el Convenio 169 podemos luchar por la defensa de nuestros territorios, contra las hidroeléctricas y contra las nuevas políticas de producción del gobierno de ampliación de las fronteras agrícolas que nos están deforestando.
¿Habéis tenido que cambiar algunas estrategias?
Si. Ahora ya no salimos tanto a la calle y nos centramos en el tema legal, buscando el apoyo de abogados.
Con la entrada en vigor del nuevo código procesal penal (el mes de agosto) se está criminalizando a los defensores lencas de La Paz. Es el caso de Víctor Vásquez, que se encuentra en situación de prisión preventiva. Por el simple hecho de salir a manifestarse y protestar te pueden poner en prisión.
La criminalización de personas defensoras de derechos humanos a través del uso indebido del derecho penal tiene un efecto devastador para nosotros y también afecta a sus familias y comunidades. De hecho, la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Derechos Humanos de Honduras) se ha adherido a las solicitudes de nuestras relatorías, reitera el cumplimiento de las garantías del «debido proceso» y hace una llamada a que el poder judicial revise las medidas cautelares y evite uso excesivo de la prisión preventiva.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en tu territorio?
Son sobre todo las amenazas, la discriminación, el miedo a morir como Berta. Nos encontramos en una situación de desprotección, criminalización y judicialización, y somos excluidas de proyectos sociales. Como mujeres, además, sufrimos las consecuencias de un sistema machista, en todos los ámbitos (político, social, económico y cultural).
La situación empeora. El hostigamiento y las amenazas son las mismas. Incluso peores. Este diciembre pasado asesinaron Felix Vázquez, líder indígena y defensor del medioambiente. Lo hicieron en su casa, delante de sus hijos. Era el coordinador de la UTC (Unión de Trabajadores del Campo) que forman parte de nuestro equipo y grupo de organizaciones locales que nos hemos unido para crear estrategias de lucha. Con estos asesinatos nos quieren poner el miedo en el cuerpo, y la verdad es que ha bajado la participación de las personas en el movimiento.
Aprovecho para decir que ahora con la Covid ha empeorado la situación de carencia de muchas personas que no tienen asistencia sanitaria y los niños se están quedando «sin el pan del saber» por culpa de la pandemia. El gobierno, mientras tanto, dice que invertirá en hacer funcionar hospitales, pero no es cierto. Hay demasiada corrupción.
Entre la pandemia y los huracanes ETA y IOTA que arrasaron con el Valle de Sula, el presidente Juan Orlando Hernández y sus diputados crearon nuevas leyes que amparan la creación de 14 represas hidroeléctricas que, según ellos, evitarán que nunca más haya inundaciones en el país.
A estas preocupaciones se suma la implementación de la primera Ciudad Modelo…
Sí, la población de Roatán, Islas de la Bahía, están en alerta a raíz de la instalación de la primera «Zona de Empleo y Desarrollo» (ZEDE), en el territorio insular bajo el argumento de la creación de trabajos y fortalecimiento de la economía a través de más de 500 millones de dólares en inversión extranjera.
Es una estupidez de las más grandes cometidas por este presidente que ha entregado las islas (únicas en el mundo y reserva mundial, donde tenemos los arrecifes de coral) y las ha vendido al extranjero. Y por estas luchas tenemos compañeros desaparecidos, como los 5 compañeros Garífunas líderes comunitarios de los que hace un año que no sabemos nada. Y como ellos, muchos otros asesinados. Y no se hace justicia.
El Relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos visitó Honduras.
Sí, Michel Forst estuvo con nosotros aquí en La Paz. Pudo palpar nuestra realidad, el impacto de las acciones del gobierno en los pueblos indígenas empobrecidos, los efectos de las medidas neoliberales, la ingobernabilidad, la criminalización de la protesta social. Conoció casos de muertes a manos de la policía militar, feminicidios, personas desaparecidas, personas encarceladas y procesadas por la defensa de la tierra… y asesinadas también.
El poder político está cada vez más entregado al sistema extractivo internacional.
Se está destruyendo el bosque a las comunidades del departamento de La Paz, principalmente a Maracala, se está acabando con especies completas. Continúa la tala y la deforestación, en particular de los bosques, y el deterioro ambiental está contaminando las aguas, degradando la tierra, y provocando el aumento de enfermedades respiratorias.
