El proyecto minero al cual se opone el CMDBCP está impulsado por Inversiones Los Pinares, anteriormente Emco Mining. Se sitúa en una zona protegida desde 2011 y recortada al año siguiente para acomodar la exploración minera de Emco. Se teme que la construcción y puesta en marcha de la mina pueda afectar gravemente al entorno y los ríos de la zona -concretamente, los ríos San Pedro y Guapinol.
En 2018, después de que Inversiones Los Pinares pusiera en marcha los trabajos de construcción de una carretera para acceder a la montaña de Botaderos, el agua del río Guapinol se enfangó y dejó de ser utilizable para la comunidad que lleva el mismo nombre. En agosto de ese año se montó un campamento para bloquear la carretera, que duró aproximadamente dos meses y fue violentamente desalojado.
Los cargos presentados contra los ocho activistas que se encuentran en prisión preventiva desde septiembre de 2019 y otros miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa están relacionados con incidentes que se produjeron en el marco de este campamento.
Criminalización, violencia y represión en Honduras
Tal como explican desde el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa,el código penal hondureño no prevé prisión preventiva para los delitos de los que se acusa a los ocho defensores privados de libertad. En este sentido, la organización denuncia una “clara violación del debido proceso”, que además se consolidó en la audiencia del pasado 18 de diciembre en la que, de nuevo, se denegó la petición de libertad para los activistas.
Según los miembros de la organización medioambientalista, en el marco de todo el procedimiento, el Ministerio Público y el poder judicial se han posicionado a favor de la empresa minera y han facilitado la criminalización de los activistas, tanto de los ocho que están encarcelados como de cinco dirigentes más sobre quienes pesa un auto de procesamiento. Por este motivo, los consideran perseguidos políticos.
Las acusaciones contra las personas defensoras del agua de Guapinol se enmarcan en unpatrón generalizado de criminalización, violencia y represión contra activistas medioambientales en Honduras. El asesinato de Berta Cáceres es uno de los casos más conocidos. El mismo nombre del Parque Natural «Montaña Botaderos Carlos Escaleras» recuerda a otro activista asesinado en los años 90, también defensor de la tierra y opositor a un proyecto de palma africana en el mismo territorio donde ahora batalla el CMDBCP.
Si bien se arrastran desde hace décadas, los conflictos ambientales se han agudizado en Honduras desde el golpe de estado de 2009, que expulsó del poder al entonces presidente Manuel Zelaya.
