Morena Herrera

Morena Herrera es, posiblemente, una de las activistas feministas más conocidas de El Salvador. Vinculada a la lucha por los derechos humanos y la libertad, su activismo se inicia dentro del contexto del movimiento estudiantil. «En este país no había alternativas, y todas las respuestas a cualquier demanda pasaban por la represión, las masacres y la violencia», explica. La activista luchó como guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

«Antes de firmar los Acuerdos de Paz [el 1992], una serie de mujeres nos reunimos y compartimos inquietudes. Había muchas situaciones que no nos gustaban porque nos parecían injustas para las mujeres, incluso dentro de la guerrilla. Llevamos a cabo algunas protestas y nos quejamos en varias ocasiones, pero estas acciones no tuvieron trascendencia». Para dar cabida a estas demandas, en 1990, dos años antes de que se firmaran los Acuerdos de Paz, Morena Herrera fundó, junto con otras compañeras, la organización feminista Las Dignas.

El nombre inicial de Las Dignas era «Movimiento de Mujeres por la Dignidad y la vida». «Los compañeros nos guaseaban y fue así como empezamos a firmar como Las Dignas. En aquel momento yo ya había experimentado en carne propia y en carne de mis compañeras las problemáticas asociadas al aborto». Morena Herrera asegura que empezó a presenciar que había situaciones sufridas por las mujeres que no se entendían, y en este contexto fue cuando ella empezó a luchar y trabajar por la despenalización del aborto y por los derechos de las mujeres de su país. Una carrera de fondo que no ha dejado hasta día de hoy.

Morena Herrera es una de las fundadoras de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local,que trabaja por los derechos de las mujeres salvadoreñas en diferentes ámbitos y que busca tener una incidencia tanto nacional como local. «Nuestros esfuerzos están enfocados a fortalecer la capacidad de las mujeres para transformar las relaciones de poder entre mujeres y hombres. En este contexto, nuestra apuesta incluye la necesidad de cambiar los imaginarios masculinos centrados en la superioridad y las masculinidades hegemónicas, lo cual nos ha llevado a desarrollar e implementar procesos de formación y sensibilización con jóvenes, estudiantes y docentes, así como con funcionarios públicos, para que desde su campo también puedan contribuir a la construcción de organizaciones y comunidades inclusivas y equitativas», explican.

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local actúa en diferentes ámbitos, como el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque integral, laico y científico, la promoción de una vida libre de violencia de género, el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, o la protección de las defensoras de los derechos humanos. También abordan proyectos por la justicia ambiental y trabajan para fomentar una participación ciudadana y política que promueva una sociedad más igualitaria y justa, entre otros.

El 2006 se produjo un punto de inflexión: el New York Times publicó un reportaje sobre una mujer que había sufrido un aborto y que había sido condenada a treinta años de prisión por homicidio agraviado. «En aquel momento, nos dimos cuenta que la condena era la punta del iceberg y que todo era mucho más complejo. El caso se iniciaba como una acusación por aborto y se convertía en poco tiempo en una condena por homicidio agravado. Tardamos cuatro años en sacar esta mujer de la prisión, pero cuando lo conseguimos, en 2009, lo vivimos como una verdadera victoria. Nos dio mucha fuerza».

Aquel mismo año, el 2009, Morena Herrera empezó a trabajar con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que lucha para lograr los siguientes objetivos:

• Promover la conciencia ciudadana para cambiar la legislación existente sobre la interrupción del embarazo en el país.

• Defender legalmente a las mujeres que han sido condenadas o que están siendo acusadas por aborto o delitos relacionados.
• Divulgar socialmente la necesidad de que las mujeres reciban la asistencia adecuada con el fin de asegurar su salud sexual y reproductiva, de tal manera que no tengan que recurrir a abortos inseguros que pongan en riesgo su vida.

El Salvador es un país profundamente religioso y con sectores fundamentalistas que ostentan mucho poder económico y que tienen muchos lazos con los grandes medios de comunicación del país. A través de la presión y sus acciones han conseguido que las mujeres que abortan, sea por el motivo que sea, sean perseguidas, criminalizadas y estigmatizadas.

Actualmente, El Salvador es uno de los pocos países del mundo en el cual el aborto está completamente prohibido. Las mujeres no pueden abortar incluso aunque su vida corra riesgo, el feto tenga una malformación o el embarazo sea fruto de una violación.

Según el informe Del Hospital a la Cárcel. Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones, de la interrupción del emabrazo en El Salvador 1998-2019publicado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, «En la investigación realizada en todos los Juzgados de Instrucción y Tribunales de Sentencia de El Salvador se han identificado, entre el periodo 1998-2019 (…), la existencia de 181 mujeres a las cuales se inició un proceso acusadas de aborto, aunque a la mitad de ellas se les cambió posteriormente la tipificación del delito a homicidio agravado (…). El número más grande de casos de mujeres procesadas se dio entre el 2000 y el 2005, y disminuyó de manera importante a partir del 2006, aunque con un repunte entre 2009 y 2012». Es importante destacar el perfil socioeconómico de las mujeres procesadas por esta causa:

• El 67% de las mujeres que abortan tiene entre 18 y 25 años.
• Un 24% tiene un nivel de estudios muy bajo: muchas de ellas incluso son analfabetas.

• El 53% no recibe ningún tipo de salario o ingresos económicos. El resto son empleadas domésticas, obreras, o ejercen oficios los ingresos de los cuales no superan el salario mínimo.
• El 70% de las mujeres afronta sola esta situación; es decir, el hombre responsable del embarazo no asume ninguna responsabilidad.

El 54% de las denuncias procede de los hospitales que atienen a estas mujeres. Las otras denuncias se originan en el entorno de la mujer. «De todas las mujeres procesadas, el 37% fueron condenadas. De estas, el 15% por aborto consentido y propio, y el 22% por homicidio agraviado, tentado o culposo», se puede leer en el informe.

Ante este escenario, Morena Herrera y las organizaciones con quienes participa y trabaja lo tienen claro: «Tenemos que continuar luchando para cambiar la ley, cambiar el imaginario social y desterrar la condena social que acompaña el aborto. Se trata de la libertad de las mujeres».

A finales de noviembre del 2021, el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos (CIDH)condenó a El Salvador por haber encarcelado a una mujer, Manuela, que había sufrido un aborto espontáneo. «Por las violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, y a la salud, en perjuicio de Manuela, así como la violación al derecho a la integridad personal, en perjuicio de los familiares de Manuela», se puede leer en la sentencia, que marca un antes y un después porque crea un antecedente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el país. «La prisión preventiva de Manuela fue arbitraria y viola el derecho a la presunción de inocencia. Su detención provisional no estuvo bastante motivada y se basa en una legislación contraria a la Convención Americana«.

Manuela, nombre ficticio, era una mujer de pocos recursos económicos, analfabeta y procedente del entorno rural. En 2008 abortó de manera espontánea en casa y a causa de la hemorragia, tuvo que ir al hospital. La médica que la atendió la denunció. Cuando la policía llegó a casa de Manuela y encontró el feto, la detuvieron y fue condenada a treinta años de prisión por homicidio agravado. En 2010 murió a causa de un cáncer linfático que se le había detectado y que no había sido diagnosticado a tiempo.