Musni es originaria de la isla de Mindanao, donde ejerce de abogada y defensora de derechos humanos. En su país su trabajo y su activismo son etiquetados como actos terroristas:
“cuando defiendes a los pueblos indígenas, cuando defiendes a los agricultores, cuando pides el fin del conflicto armado, cuando pides conversaciones de paz, cuando se piden responsabilidades, cuando se piden derechos básicos, se te etiqueta como miembro de una organización que le ‘Estado ha calificado de grupo terrorista a través del proceso del etiquetado rojo”. Czarina ha sido etiquetada más de una vez y sabe que su vida corre peligro.
La abogada y activista centra su trabajo en la defensa de las personas más vulnerabilizadas: acompaña a las comunidades indígenas locales en la defensa de sus tierras frente a las empresas que se dedican a industrias extractivas. Sus defensas se contraponen siempre a los grandes intereses de las empresas y los del gobierno.
Forma parte de la organización National Union of Peoples Lawyers (NUPL), y de su organización afiliada a Mindanao Union Peoples Lawyers in Mindanao (UPLM), de donde es secretaria general.
Ambas entidades prestan servicios legales gratuitos a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Musni también forma parte de Karapatan, una alianza nacional que trabaja para la promoción y protección de los derechos en los sectores marginados y oprimidos de la sociedad filipina.
Según el informe del Consejo de Derechos Humanos 2020 sobre Filipinas, en Filipinas existen enormes barreras para acceder a la justicia por lo que la labor de NUPL es esencial sobre todo para las minorías y de los grupos marginados.
Por su trabajo como abogada defensora y su implicación con la comunidad indígena, ha recibido amenazas, persecuciones y acoso; y se ha situado entre los fuegos cruzados del ejército, de la policía y de asesinos a sueldo. A raíz de esta situación, tuvo que irse del país.
En septiembre de 2020 recibió 3 meses de protección internacional en los Países Bajos, a través de la organización Justice and Peace, pero el regreso a Filipinas a finales de diciembre no fue posible debido a la situación de alto riesgo en la que todavía se encuentran las personas defensoras de derechos humanos en Filipinas, especialmente abogados y abogadas.
Una resolución del Consejo de derechos humanos de la ONU solicita al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que proporcione un detallado informe sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas. ¿Qué debería figurar en este informe?
Acogemos con satisfacción la resolución de Naciones Unidas para investigar los asesinatos desenfrenados y numerosos en Filipinas, así como los incidentes de matanzas extrajudiciales de activistas, líderes de campesinos y pueblos indígenas y defensores de los derechos humanos. Esto mostraría al mundo cómo el régimen utiliza la fuerza, el poder y la influencia sucia para silenciar a sus detractores.
Es crucial poner en contexto la situación política y económica antes y durante la administración de Duterte para entender lo que realmente está ocurriendo. Respecto a la Guerra contra las Drogas es necesario que seamos conscientes de que las víctimas son los vendedores ambulantes, los que venden paquetes de drogas en pequeñas cantidades y que provienen de los más pobres de los pobres. Los señores de la droga, proveedores y financieros nunca son atrapados. Por tanto, de facto es una guerra contra los pobres filipinos.
El informe también debería dejar claro por qué hay activistas y por qué luchan. Por ejemplo, ¿por qué los campesinos y los pueblos indígenas se marchan a la calle y realizan una concentración ante las agencias gubernamentales y las empresas privadas? ¿Por qué los campesinos son privados de tierra por parte de las empresas agrarias multinacionales? ¿Por qué los pueblos indígenas sólo quieren ejercer su derecho a la autodeterminación en sus ancestrales dominios y protegerlos de las agresiones al desarrollo como la minería, las presas, el ecoturismo y las plantaciones corporativas? ¿Por qué se reúnen los trabajadores para obtener un aumento salarial global y condiciones laborales humanas?
Su activismo está en todas partes.
Es imposible que no sea por todas partes teniendo en cuenta el contexto. Creo que los pueblos indígenas deberían ser respetados por el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, que no sean asesinados si dicen que no a un proyecto minero; que los pobres de las ciudades reciban un refugio adecuado y que los jóvenes reciban una vivienda asequible y una educación de calidad. Si realmente queremos proteger el medio ambiente, debemos defender a las personas que defienden las montañas. ¿No?
Os atacan directamente, a las abogadas.
Sí. Y tenemos las cifras. En un informe que realizamos el pasado 23 de abril para presentar al Tribunal Supremo de Filipinas sobre ‘ataques contra abogados, fiscales y jueces registramos al menos 176 ataques prima facie relacionados con la profesión o el trabajo contra abogados y jueces sólo entre enero de 2011 y hasta el 22 de abril de 2021. En este período hubo al menos 73 asesinatos y 104 incidentes relacionados con otras formas de ataque, con 145 abogados, fiscales y jueces.
También observamos que el 91% de los ataques de denuncia fueron contra nuestra organización (NUPL). El mayor número de ataques se registró en el 2019, con al menos 39 incidentes.
Y continúas con el trabajo a pesar de los riesgos y amenazas.
Sí, pero porque creo que vale la pena, que algo bueno traerá, no sólo para mí, sino para las comunidades a las que sirvo, para el pueblo filipino, para el mundo. Quiero vivir muchos años, pero si me matan a causa de lo que hago, quizá éste sea mi destino. Quiero que mi trabajo siga influenciando a más personas para que hagan trabajos en pro de los derechos humanos o apoyen a otros abogados cuando estén en riesgo.
Como abogados, nos enfrentamos a constantes amenazas y denuncias por los casos de derechos humanos que tratamos. Debido a sus demandas, nuestros clientes son etiquetados como «terroristas», como «comunistas» o como «enemigos del Estado». Y nosotros también, sus abogados. Pero tomamos estas marcas como insignias de valor, ya que estamos con y para las masas filipinas que piden justicia e igualdad”. “No vamos a intimidarnos. No desfalleceremos. Saldremos y defenderemos a nuestros clientes. Incluso si debemos hacerlo hasta la muerte”.
Com afecta aquesta total vigilància cap a vosaltres a la feina de jutges, fiscals i advocats?
Nos hacen campañas de difamación, vigilancia, acoso y, peor aún, asesinan a nuestros colegas. En nuestras audiencias, observamos a personas sospechosas haciendo fotos y notas y mirándonos atentamente. En cuanto a los jueces y fiscales, también tienen la sensación de ser ‘vigilados’ sobre cómo gestionan nuestros casos, lo que afecta muchísimo a la manera de hacer su trabajo. Hace poco perdimos a un compañero, Benjamin Ramon, tenía 56 años y era padre de tres hijos. Su hija se ha convertido recientemente en abogada y se ha comprometido a continuar con el legado de su padre y defender a los pobres y los oprimidos. Saber que Ben Ramon fue asesinado por hacer su trabajo nos provoca alarma y preocupación. Pero su muerte también ilumina nuestras brújulas morales a la hora de decidir qué batallas debemos librar. Y decidimos librar estas batallas contra la opresión, la represión y la injusticia.
Tu profesión es tu activismo y tu vida.
Sin duda. El juramento que hicimos como abogados es defender a la justicia, defender la igualdad. En la Facultad de Derecho nos enseñaron que con esto no vamos a ganar dinero, que no es negocio, que no tiene ánimo de lucro. La ley nos llama a servir para la igualdad, la justicia y todos estos ideales en una sociedad pacífica. Y creo que no son sólo ideales, no sólo principios, sino también desde un punto de vista moral y espiritual que intentamos convocar a los abogados para que se unan a nuestras filas, defiendan la profesión, defiendan a la gente, porque ésta es esencia de nuestro trabajo y de la vida.
