El 23 de enero de 1994, un frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) irrumpió en una verbena del barrio obrero de La Chinita, en el municipio de Apartadó. En la que se conoce como la masacre de La Chinita, fueron asesinadas 35 personas; una de ellas, el hijo de Silvia Berrocal, Alcides Lozano Berrocal.
Dos décadas después, Silvia ha sido una de las impulsoras del proceso de perdón público que ha vuelto a llevar las FARC a La Chinita. Esta vez, el 30 de septiembre de 2016, para reconocer el dolor causado y pedir perdón. Además, Silvia ha participado activamente en las negociaciones de paz entre las FARC y el Ejecutivo colombiano que se han desarrollado en La Habana.
Técnica en trabajo social y comunitario, la activista tiene una amplia experiencia como gestora comunitaria y en la defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables de Apartadó. Entre los años 1998 y 2000 fue consejera municipal. Actualmente, es miembro de la Fundación Forjando Futuros y de la Corporación de víctimas supervivientes del conflicto en Urabá – Visionando la Paz (COMUPAZ).
Por desgracia, su compromiso con el proceso de paz le ha comportado amenazas para su seguridad. Es por ello que, desde el mes de noviembre, se encuentra en Cataluña en el marco del Programa catalán de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer protección y atención integral a defensores y defensoras de derechos humanos que vean amenazada su vida o integridad debido a su labor en defensa de los derechos humanos en sus países de origen, a través de una acogida temporal de seis meses en Cataluña y un acompañamiento para el retorno. Cada persona se selecciona entre las candidaturas presentadas por entidades catalanas y avaladas por entidades del país de origen de las personas candidatas. En el caso de Silvia Berrocal, ha recibido el aval en Cataluña de Oxfam Intermón y en Colombia de Forjando Futuros.
Viajaste a Cuba en tres ocasiones para participar en las negociaciones de paz. ¿Qué destacarías de la experiencia?
En el tema de las mujeres tuvimos mucha incidencia. Pudimos observar y aportar. Destaco que fue una negociación excelente entre el gobierno y las FARC. Para mí, fue algo positivo de lo que Colombia debería estar orgullosa.
¿Cómo viviste la visita de las FARC a las víctimas de la masacre de La Chinita?
Con emoción y satisfacción. Me quedé muy tranquila, porque yo ya había hecho un trabajo emocional y de perdón. Cuando te sacas todos los rencores y odios, ya eres libre, vuelves a vivir y puedes perdonar.
El primer día que fui a La Habana sí había estado muy nerviosa. Era la primera vez que me tenía que encontrar con personas de la organización que había asesinado a un hijo mío. En cambio, cuando vinieron a visitarnos sentí tranquilidad al ver cómo se expresaban y pedían perdón. Reconocieron que había sido un error. Una piensa: equivocarse por matar 35 personas … Pero todo el mundo puede equivocarse.
Nosotros ya habíamos tomado la decisión de la reconciliación y el perdón, sobre todo porque otras familias no sufrieran lo que nosotros habíamos sufrido, para que no hubiera más víctimas, más viudas, más huérfanos. Porque si 7.000 fusiles dejan de disparar, es mucha la gente que deja de morir.
A raíz de este proceso de perdón, comenzaron a acusarme de ser parte de la guerrilla, de apoyar a las FARC. Y vinieron las amenazas.
Eres una de las impulsoras de COMUPAZ. ¿Cómo surge esta iniciativa?
Nadie nos ha apoyado. A los gobiernos -locales, departamentales y nacionales- no les gusta que surja nada. Pero un grupo de 70 mujeres hemos conseguido, desde 2014, conformar legalmente esta organización. ¿Cómo funciona? Nos reunimos para hablar en un parque, que queda muy cerca de mi casa, en el barrio obrero. Nos encontramos, llevamos comida para compartir, hablamos, jugamos, reímos … y también tratamos de resolver problemas que nos afectan, jurídicos o de cualquier otro tipo.
¿Cuáles son las principales amenazas a los derechos de las mujeres en el contexto colombiano actual?
La falta de tierras y de oportunidades. Las mujeres no tienen tierras, y a menudo no tienen la posibilidad de estudiar, de ser profesionales, de acceder a una vivienda. Sobre todo, las mujeres campesinas, que no han estudiado, no saben cómo reclamar sus derechos. La Constitución colombiana reconoce muchos derechos, pero a menudo estos derechos son vulnerados. Y yo, como defensora, ayudo a las personas para que los hagan efectivos.
La gente que trabaja en la Unidad para las Víctimas no siempre tiene la formación adecuada, y no da a las víctimas la ayuda que necesitan y que les reconoce la ley. Esto provoca una revictimización. Yo no soy profesional, pero sé dónde buscar la información y los conocimientos para poder orientar y apoyar a la gente, sobre todo a las mujeres, tanto a las víctimas como las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
¿Cómo explicas la violencia que están sufriendo defensores y defensoras de derechos humanos tras los acuerdos de paz?
Se ha avanzado en el proceso de paz, pero ahora los grupos paramilitares quieren ocupar los espacios donde estaba la guerrilla. Quieren expulsar a los campesinos de sus tierras y asesinar los defensores y defensoras para que no reclamen ni denuncien nada.
El Estado, mientras tanto, se hace el sordo. Hace como si no estuviera pasando nada. De hecho, el ministro de Defensa ha llegado a afirmar que en Colombia no hay paramilitares, y que los defensores de derechos humanos son asesinados por líos de faldas o por disputas vecinales sobre los límites de las tierras. Entonces, ¿qué puedes pensar del gobierno? Pues que tiene responsabilidad en el asunto.
¿Qué esperas de tu estancia en Cataluña?
En primer lugar, establecer alianzas, hacer incidencia política y conseguir apoyo para iniciativas que se están desarrollando en Colombia. Y en segundo lugar, confío en que a través del acompañamiento que tendremos a la vuelta bajará la presión sobre nosotros.
