Yurany Cuellar

Colombia

Defensa de los derechos de las mujeres. Defensa de la paz.
Defensa del medioambiente.

Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Yurany Cuellar es una activista colombiana que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres rurales y campesinas. Desde hace años, su compromiso se vehicula a través de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), una organización que aglutina más de un centenar de Juntas de Acción Comunal y otras agrupaciones comunitarias de diversos municipios de la región del Magdalena Medio. 

La tarea de la ACVC, que arranca a mediados de los años 90, se enmarca en la defensa integral de los derechos humanos, y promueve la lucha por el acceso a la tierra y la dignificación de la vida campesina. Además, desde la ACVC se impulsan proyectos productivos y de seguridad alimentaria, de desarrollo regional y de fomento de los procesos organizativos campesinos. En 2010, la entidad recibió el Premio Nacional de Paz, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fundación Friedrich-Erbert-Stiftung de Colombia, diversos medios de comunicación y otras organizaciones. En septiembre de 2020, la organización fue reconocida también con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, concedido por la ONG Diakonia y Act Iglesia Sueca, en la categoría de Proceso social comunitario. 

La ACVC comenzó a trabajar por la defensa de los derechos de las mujeres en el 2015. Explica Yurany Cuellar que fue entonces “cuando las mujeres campesinas alzaron sus voces para ser escuchadas”. Se crearon los primeros comités de mujeres, que la ACVC fortaleció con iniciativas productivas y económicas. En el 2017 se conformó la Coordinadora de Mujeres de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra, donde participan delegadas de los cuatro municipios de la ZRC (Cantagallo, San Pablo, Remedios i Yondó). Cuellar, como coordinadora de género de la ACVC, fue una de las fundadoras de esta Coordinadora de Mujeres. 

Poco después, en agosto del 2018, la articulación de las mujeres campesinas de la ACVC adquirió solidez y amplitud con el nacimiento de la Coordinadora de Mujeres del Nororiente Colombiano. Además, a la Coordinadora se integran la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA), la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASAMCAT) y diferentes Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de las personas desmovilizadas de las FARC-EP. Cuellar, que es una de las impulsoras de esta nueva Coordinadora, explica que el objetivo ha sido fortalecer las agendas de paz y crear un programa conjunto para la defensa de los derechos de las mujeres campesinas, para incidir políticamente en los espacios de toma de decisiones.  

Mandato de Duque: pasos atrás

Colombia es uno de los países con más desigualdad en cuanto a los ingresos y con más informalidad en el mercado laboral de Latinoamérica, según datos del Banco Mundial. Se trata de un país con una economía basada en un clientelismo político en el cual las grandes empresas a duras penas pagan impuestos. Esto hace que el país se caracterice por tener un modelo económico excluyente. Los problemas a los cuales las comunidades han tenido que continuar haciendo frente desde que Iván Duque llegó al poder en agosto de 2018 han tenido varias naturalezas: conflictos territoriales, ambientales, armados y otros. No son problemas nuevos, sino que hace años que se arrastran.  

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) casi la mitad de la población colombiana (el 42,5%) vive en situación de pobreza y 7,5 millones de personas sufren una pobreza extrema. En el campo, el territorio es rico en petróleo y otros recursos naturales, muy disputados por una serie de actores tanto nacionales como internacionales; pero los campesinos y campesinas continúan sufriendo las represalias de los poderosos y siguen sin tener acceso a los recursos de la tierra. «De aquí nacen los procesos de resistencia y organizativos y es aquí donde nos continuamos encontrando, resistiendo contra unas políticas de un Estado que no gobierna para nosotros. Nosotros no somos libres: no podemos decidir sobre nuestro territorio y esto genera muchas desigualdades sociales, condiciones de pobreza extrema y guerras», explica Yurany.  

Además, el 2021, el gobierno de Duque, quien tiene decenas de procesos judiciales abiertos por vínculos con masacres llevadas a cabo por los paramilitares, el asesinato de población civil a manos del ejército colombiano y el enriquecimiento ilícito, ha reactivado las aspersiones con glifosato de los cultivos de hoja de coca, que habían quedado interrumpidas el 2015 por recomendación de la Organización Mundial de la Salud y tras varias protestas de las comunidades.  

Ante esta situación de pobreza sistémica y estructural y de violencia por parte de las autoridades, en 2019 la población colombiana salió en masa a las calles para protestar: el descontento social acumulado hizo que Colombia estallara. Es lo que se conoce como el Paro Nacional. Los motivos eran de diversa índole: cuestionamiento de un modelo económico que agrandaba la grieta social, una implementación precaria de los Acuerdos de Paz, el asesinato de líderes sociales o la falta de oportunidades. Fue entonces cuando llegó la pandemia. Si bien el movimiento en la calle quedó momentáneamente parado, un año después, en abril del 2021, la población colombiana volvió a salir a la calle. Los atrasos en la campaña de vacunación contra la Covid-19 no ayudaron a calmar los ánimos de los colombianos y colombianas.  

Pero el detonante fue una propuesta de reforma tributaria que pretendía subir un 19% los impuestos de las clases trabajadoras a través de los productos básicos. Con esta medida, que el gobierno de Duque denominó “Ley de Solidaridad Sostenible”, se querían recaudar 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) para sanear las finanzas públicas después de que el país quedara sumido en una crisis sanitaria, económica y social profunda a causa de la pandemia. En este contexto, el 3 de mayo del 2021 Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, tuvo que dimitir 

La ONG Temblores, la Universidad de los Andes, Amnistía Internacional y el PAISS (Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social) escribían en un comunicado: “La represión con que el Estado ha decidido enfrentar los reclamos de la ciudadanía ha dejado un lamentable balance de al menos 4.687 víctimas de violencia por parte de miembros de la Fuerza Pública distribuidas así: 1.617 víctimas de violencia física, 44 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 2.005 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 784 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 82 víctimas de agresiones oculares, 228 casos de tiros con arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual y 9 víctimas de violencia basada en género”. El gobierno de Duque justificó el uso de la fuerza y la violencia asegurando que detrás de las protestas se encontraban grupos “terroristas” y “organizaciones criminales” financiados por disidencias de las Farc y la EZLN.  

Pero los y las manifestantes tenían claras sus demandas: abolición de la reforma que se proponía, reforma de la policía colombiana y desmantelamiento del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y una mejor implantación de los procesos de paz a través de un desarrollo productivo y real de las regiones afectadas por el conflicto y el respeto por las comunidades de los territorios y los derechos humanos. Sobre este último punto, hay que recordar que, según las cifras de Indezpaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), en 2021 fueron asesinados 171 líderes sociales y defensores/se de los derechos humanos. También perdieron la vida o desaparecieron 43 firmantes del Acuerdo de Paz y excombatientes de las Farc.  

29 de mayo, ¿cambio de rumbo?

El próximo 29 de mayo hay unas elecciones que pueden ser determinantes en Colombia. Todas las encuestas dan la victoria a Gustavo Petro, del partido Colombia Humana y candidato presidencial por la coalición de izquierdas Pacto Histórico. Yurany Cuellar reconoce que las perspectivas son buenas y la activista espera que Petro pueda ganar en la primera vuelta de las elecciones. “Tenemos fe en que estas elecciones pueden cambiar las cosas, pero también somos realistas y sabemos que necesitamos muchos años para que la transformación de los territorios sea total. En este país, las desigualdades son inmensas”. 

Entrevista

¿Cómo es el feminismo campesino y popular por el cual apostáis? 

Es un feminismo que construimos las mujeres desde la base. Un feminismo inclusivo, para que hombres y mujeres entendamos que nos tenemos que mirar con respeto, que hay una deuda histórica hacia las mujeres y que hay que resarcir todo aquello que el Estado y la sociedad han hecho a las mujeres. 

El feminismo campesino es una forma de lucha que reclama el conocimiento de las aportaciones de las mujeres al desarrollo económico, social y político de nuestros territorios. Conecta con la identidad campesina, como fuerza de unidad para la defensa de la tierra, el territorio, la soberanía alimentaria y las semillas nativas. Defensa la igualdad y equidad, que nos tiene que permitir vernos como iguales en todos los ámbitos de la sociedad. Implica el fortalecimiento político organizativo y el empoderamiento femenino, con el desarrollo de escuelas de formación política con enfoque de género y derechos humanos de las mujeres. Y por último, promueve la sororidad y la complicidad, que nos hacen crecer desde las diferencias. 

¿Qué esperáis, del próximo gobierno colombiano, en materia de género?  

Continuamos pidiendo que haya políticas del Estado colombiano que ayuden a mitigar las violencias hacia las mujeres. Si bien hay muchas leyes que nos protegen, son papel mojado, porque no se aplican. 

Precisamente, uno de los objetivos con los que nació la Coordinadora de Mujeres Campesinas del Nororiente Colombiano (CMCNC) fue para visibilizar las aportaciones de las mujeres en sus comunidades. ¿Qué destacarías? 

De entrada, la creación de espacios de encuentro para que las mujeres puedan hablar y debatir sobre las necesidades y la situación de las mujeres campesinas y rurales. A continuación, la definición de una agenda programática para hacer incidencia a nivel local, nacional e internacional. Y por último, la formación de las lideresas campesinas como una oportunidad para las mujeres de formarse políticamente para la defensa de sus derechos fundamentales. 

La CMCNC se puso en marcha con el lema “Con la mujer en casa, la reforma agraria se atrasa”. 

Es un lema con el que se ha estado trabajando desde que empezamos a constituir un espacio nacional de mujeres campesinas que estamos en territorios de Zonas de Reserva Campesina. El lema nació hacía el 2015, para romper con la cultura machista que entiende que las mujeres hemos nacido solo para estar en casa. Pretende animar e impulsar a las mujeres para que estén más presentes en los espacios públicos, donde puedan defender sus derechos. 

Como mujeres campesinas, desde casa no defenderemos la reforma agraria integral ni lucharemos contra un gobierno que solo busca acabar con el campesinado. 

¿Con que obstáculos se encuentran las mujeres campesinas de cara a una participación política efectiva? 

Son diversos. En primer lugar, tenemos el reducido acceso de las mujeres campesinas en la educación y la formalización y titularidad de las tierras. En segundo lugar, está la baja participación política de las mujeres campesinas en los espacios de toma de decisiones. En tercer lugar, se tiene que hablar de la inexistencia de programas de salud sexual y reproductiva para las mujeres campesinas, así como de servicios de atención integral. 

¿Cómo trabajáis, desde la Coordinadora de Mujeres de la ACVC y la CMCNC, para promover la erradicación de las violencias machistas? 

No tenemos una receta. Hemos estado trabajando en un proceso de formación con las comunidades campesinas, con las mujeres y hombres del territorio. Este proceso ha permitido entender que hace falta fortalecer los espacios de las mujeres campesinas y que las mujeres tenemos que estar presentes en los espacios de decisión política. Hemos desarrollado muchas acciones de sensibilización en temas de género y, como estrategia, hemos entendido que nos hace falta un diálogo con los hombres. Al principio no conseguíamos llegar a ningún acuerdo, porque siempre chocábamos y no se solucionaba nada. Vimos la necesidad de encontrarnos. 

¿Cuál es la fortaleza de estos intercambios?  

Estos proyectos nos permiten incidir en las comunidades y trabajar en la defensa de los territorios, los derechos humanos y las mujeres. Nuestra misión es fortalecer los espacios organizativos y los escenarios para crear un mar de contexto político en el cual el cambio sea posible. Estos espacios nos han permitido generar otros de encuentro; espacios de intercambio en los cuales cada comunidad da a conocer las realidades de su territorio. Nos enriquecemos a partir de las experiencias de las otras y aprendemos, al tiempo que generamos acciones conjuntas. 

La CMCNC trabaja, además, con exguerrilleras en proceso de reincorporación. 

En nuestra agenda, el trabajo para la paz es fundamental. Por esto, acompañamos el proceso de reincorporación y garantizamos la participación de las mujeres en todos los espacios de formación y visibilización. Dentro de la estructura de la Coordinadora, hay un espacio para la delegada de reincorporación, que tiene voz y voto en la toma de decisiones. 

¿Cómo habéis vivido en las comunidades la crisis ocasionada por la Covid-19?  

Durante estos dos años de pandemia nos hemos adaptado al momento y a las dinámicas. La situación ha agudizado el tema de la salud, pero la vacunación nos ha ayudado a reducir el impacto del virus. Hemos impulsado la organización, la autoprotección, las curas tanto individuales como colectivas y todo se ha convertido en un aprendizaje para futuras situaciones similares. Nunca habíamos vivido algo tan complicado: teníamos conocimiento de epidemias en otras épocas, pero no lo habíamos vivido como esta. Ha sido un aprendizaje organizativo.  

El próximo 29 de mayo, Colombia vivirá una jornada electoral decisiva. Todas las encuestas dan la victoria a Gustavo Petro. ¿Tiene fe en un nuevo gobierno que cambie el rumbo del país?  

Actualmente en Colombia estamos viviendo momentos importantes que no podemos desaprovechar. El contexto actual nos puede llevar a una transición hacia una vida con más garantías. Ya hace demasiados años que sufrimos los efectos de los gobiernos de extrema derecha que solo gobiernan para las élites y el empresariado del país. En este país, nunca ha habido alternativas de gobierno, por eso ahora nos encontramos ante una oportunidad única. Sin embargo, no será fácil, porque esta gente no quiere marchar del poder. Por eso todavía hay miedo, temor e incertidumbre; y tengo que confesar que el silencio de la ultraderecha nos preocupa.  

¿Qué pediríais al nuevo gobierno?  

Que trabaje en el cumplimiento de los acuerdos. No podemos seguir viviendo en un país en el cual la guerra vaya antes de que la salud, la educación, el bienestar de las comunidades o la vivienda digna, entre otras. Hasta el momento, el Estado colombiano no ha cumplido con aquello que se pactó y se ha evidenciado con la muerte de compañeros y compañeras, encarcelamientos, carencia de oportunidades, dificultades para el libre desarrollo y amenazas. Las comunidades continuaremos trabajando, pero necesitamos voluntad política. En este nuevo contexto, respetar el Acuerdo de Paz es fundamental; es una política de Estado que se tiene que cumplir. Además, se tienen que establecer las condiciones necesarias para que se pueda implantar de manera adecuada y con garantías. Es una herramienta de defensa y de impulso de los procesos de paz en Colombia. Para nosotros, continúa siendo nuestra bandera.  

¿Cómo se viven estas próximas elecciones en las comunidades?  

Como organización campesina, trabajamos para que las comunidades entiendan la importancia del ejercicio electoral, pero también nos encontramos con gente cansada de tantas mentiras y promesas que no se han cumplido. Hay muchas comunidades con miedo al cambio.  

¿El pasado mas de febrero publicaron una Declaración Humanitaria Nacional.  

Hicimos un llamamiento a la aplicación urgente de los Acuerdos Mínimos Humanitarios para poder desarrollar con normalidad las elecciones del pasado 13 de marzo. Solicitamos a los actores armados una parada de las hostilidades para garantizar el correcto desarrollo de la jornada. Sin embargo, nos encontramos con varias violaciones de los derechos humanos, enfrentamientos entre el ejército y las comunidades y situaciones desagradables.