María Caal Xol nació hace 36 años en el municipio de Santa María de Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala, y continúa el legado familiar de lucha y resistencia contra el Estado guatemalteco y las empresas extractivas que operan en los territorios habitados por las comunidades nativas. Concretamente, su contienda se centra en los proyectos hidroeléctricos que, en Alta Verapaz, afectan a los ríos Oxec y Cahabón.
«Como pueblos originarios, nuestros ancestros y ancestras lucharon por la defensa del territorio y el entorno natural. Hoy en día, el departamento de Alta Verapaz ha sido invadido por extranjeros, por las empresas extractivas, y nos hemos unido para defender nuestro entorno natural», explica María Caal Xol, que forma parte del colectivo ‘La Resistencia’, organización comunitaria que dirige campañas de concienciación y defiende el entorno natural de las actividades extractivas.
La María Caal Xol va néixer, créixer i, de fet encara hi viu, a la regió d’Alta Verapaz, on les carreteres asfaltades i els centres de salut són precaris, i on no hi arriba l’aigua potable ni l’electricitat a les zones més remotes. La majoria d’habitants d’aquesta zona es dediquen al conreu de blat de moro i fesols principalment. La comunitat pesca al riu Cahabón i als seus afluents, que ara perillen com a conseqüència de l’activitat de les hidroelèctriques.
Pertenecientes en su mayoría a la comunidad maya q’eqchi, de acuerdo con su cosmovisión la naturaleza, el río no es solo un recurso que explotar, sino un ser vivo con el que convivir. «Para nosotras, el río es un ser vivo que da vida a las plantas, a los animales, a las personas. Por eso, creemos que las empresas están asesinándolo», lamenta la defensora, partícipe del documental ‘Dos Ríos’ y galardonada con el premio ‘Brote al Activismo Ambiental’, concedido por el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, por su defensa del ecosistema del río Cahabón.
«Cada vez que [en el colectivo ‘La Resistencia’] hacemos una caminata [para protestar], las mujeres llevamos una tinaja vacía sobre la cabeza. Esto significa la escasez de agua, porque algún día nos quedaremos sin ella», explica esta antigua profesora en escuelas bilingües que, actualmente, estudia el segundo curso de la licenciatura de Ciencias Jurídicas. «Por estas tinajas ya nos conocen en otros departamentos de Guatemala. Las escogimos porque en ellas acarreaban el agua nuestros abuelos, cuando no había agua potable», añade, y se pregunta: «¿Qué habrá dentro de 20 o 30 años si los ríos siguen siendo canalizados?».
Renace y Oxec, las hidroeléctricas a las que se oponen las comunidades
Tras el acuerdo de paz de 1996 que puso fin a décadas de guerra civil, en Guatemala se impuso un modelo liberal extractivista en el que empresas explotadoras de los recursos naturales han podido actuar con libertad e impunidad. Por eso, como ocurre en el departamento de Alta Verapaz, en el siglo XXI existen conflicto sociales.
El proyecto hidroeléctrico Renace obtuvo las licencias del Estado en 1991 y 1994 para construir cinco centrales hidroeléctricas que afectarían al río Cahabón y que tendría su epicentro en un área de 21 kilómetros a la altura del municipio de San Pedro de Carchá, en el departamento de Alta Verapaz. Propiedad de dos de las familias más ricas de Guatemala, la de los Bosch-Gutiérrez y los Gutiérrez-Mayorga, entre el grupo de empresas implicadas en el proyecto está Cobra, en la que participa ACS, dirigida por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, encargada de hacer túneles que conectan el sistema de cascadas de las centrales.
A partir de 2013, cuando Renace inició la construcción de la segunda y la tercera central y obtuvo la autorización final para la cuarta y la quinta, comenzaron las mayores muestras de resistencia popular contra el proyecto. El resquemor fue creciendo porque, en paralelo, la compañía Energy Resources Capital Corp obtuvo luz verde para construir tres nuevas centrales en el río Oxec, afluente del Cahabón. De esta forma, los frentes de la lucha social se ampliaron a otros puntos del departamento de Alta Verapaz.
En 2017, la Corte Suprema se pronunció y dio la razón a las comunidades nativas, que habían interpuesto una demanda para intentar detener las centrales hidroeléctricas alegando que no se había implementado el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a las comunidades nativas. Pese a ello, los proyectos siguieron adelante, y en 2019 se terminó la construcción de la central Renace IV. Tras más de una década de lucha, la disputa se centra ahora en la licencia otorgada a la tercera central en el río Oxec.
Como venganza, y como aviso para quienes se atrevan a levantar la voz, la Justicia guatemalteca inició una campaña de criminalización contra los activistas y los defensoras. En 2018 orquestó una farsa legal en la que condenó a siete años de prisión al hermano de María Caal Xol, Bernardo, que entonces era portavoz de su comunidad. Desde 2022, según la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, 91 personas han sido forzadas a exiliarse por la persecución legal y las amenazas que afrontaban; entre ellas, 26 defensoras de los derechos humanos. Además, añade esta institución, entre marzo de 2023 y agosto de 2024 han sido asesinados 18 defensores.
En su informe anual, Human Rights Watch (HRW) recoge estos datos y lamenta que los principales grupos de poder no rindan cuentas en Guatemala y que «la falta de independencia judicial continúe siendo una causa crítica, menoscabando el Estado de derecho y amenazando la protecciones de los derechos humanos». Destaca también las decisiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que ha mostrado su preocupación por «la falta de mecanismos para el reconocimiento y la titulación de tierras ancestrales, permitiendo el avance de compañías hidroeléctricas, mineras y petroleras, y proyectos de monocultivo sin consulta libre previa». De hecho, la CIDH consideró en diciembre que Guatemala ha violado en múltiples ocasiones los derechos de la comunidad maya q’eqchi en la municipalidad de El Estor, en Izabal, al haber fallado en la titulación de territorios y la consulta previa con respecto a las actividades mineras. Casos que se repiten a lo largo y ancho de Guatemala y que recuerdan a la disputa abierta con las hidroeléctricas en el departamento de Alta Verapaz.
Hábleme sobre el colectivo ‘La Resistencia’. ¿Qué tipo de actividades llevan a cabo en Alta Verapaz?
Con documentación, explicamos a las comunidades quiénes son las personas que venden nuestro territorio a las empresas. Cada cuatro año, con las campañas electorales,[els polítics i els empresaris] llegan a engañar a las personas. Ellos son los grandes responsables. Entonces, hacemos campañas de concienciación para que las personas no cambien la dignidad por unas regalías, porque nosotras nos alimentamos de la Madre Tierra y no de lo que ellos ofrecen cada cuatro años. Y las comunidades se han dado cuenta de la situación: cada cierto tiempo hay zonas de Alta Verapaz en las que hay escasez de agua.
En Guatemala, las décadas de conflicto dejaron más de 200.000 víctimas, la mayoría provocadas por las fuerzas militares estatales. Usted nació en 1988 y los acuerdos de paz son de 1996. Desde entonces, ¿cómo ha cambiado su región?
A mi papá no pude conocerlo porque falleció cuando yo tenía tres años. Mis abuelos por parte de mi mamá me comentaron cómo fue el conflicto armado interno. Me contaron que hubo masacres, asesinatos de familiares y amigos. En la actualidad aún se viven masacres, aunque han cambiado las tácticas: ya no hay tantos asesinatos, pero encarcelan, persiguen y criminalizan a las personas que defienden el territorio. Por ejemplo, mi hermano Bernardo fue condenado a más de siete años de prisión y pasó encarcelado más de cuatro. ¿Por qué? Porque hizo ver que nuestros derechos fueron violentados: las empresas extractivas y el Estado no respetaron el artículo 169 de la OIT, que establece el derecho de consulta. Por lo tanto, se siguen viviendo tensiones, como cuando existía el conflicto armado.
¿Qué problema hay con las centrales hidroeléctricas en los ríos Cahabón y Oxec?
El río Cahabón recorre la mayor parte de Alta Verapaz. Allí se instalaron más de seis empresas eléctricas. En el territorio de Santa María de Cahabón están funcionando Oxec I y Oxec II. Además, ya hay licencia para que comience a operar Oxec III. ¿Qué hacemos desde 2015? Nos organizamos con las comunidades para investigar qué está sucediendo en el recorrido del río Cahabón. Las empresas hidroeléctricas violaron nuestros derechos, la Corte Constitucional nos dio la razón y dijo que había que hacer una consulta. Más tarde se llevó a cabo una consulta comunitaria en la que 26.536 personas dijeron ‘no’ a las empresas hidroeléctricas en Cahabón. Pero las empresas no respetan esa consulta y siguen operando.
¿Estas empresas cómo obtuvieron los terrenos y convencieron a la población local?
Las personas que aceptaron fueron engañadas y vendieron sus terrenos. Y luego, el resto de tierras son comunales. Las compañías entraron a robar: las empresas hidroeléctricas llegaron a nuestra casa sin pedir permiso y se instalaron. Evidentemente, lo hicieron con el apoyo del gobierno que estaba entonces, el de Otto Pérez Molina.
¿Las comunidades nativas de Cahabón siguen pidiendo la expulsión de las empresas hidroeléctricas?
La mayoría seguimos resistiendo. Las comunidades se han dado cuenta del despojo natural y de que decíamos la verdad. Los ríos han sido desviados, porque han canalizado más de 50 kilómetros, y solo queda arena en la ribera donde antes pasaban los ríos Oxec y Cahabón.
Ante la falta de trabajo bien remunerado, ¿hay división en las comunidades nativas por la presencia de las empresas hidroeléctricas?
Hay comunidades en el área de influencia que se han enemistado con nosotras. Dicen que desinformamos a las personas, que las empresas significan desarrollo y trabajo. Hay once comunidades que están a favor de las hidroeléctricas. Luego, cada cuatro año hay cambios en el Gobierno y tratan de comprar la voluntad de las personas. Existe mucha pobreza en Cahabón, y de eso se aprovecha cada gobierno, con sus regalías, dando unos poquitos víveres para que las personas estén en nuestra contra. Las empresas y las autoridades han hecho todo lo posible para que nosotras quedemos mal ante las comunidades.
Ahora gobierna el país el progresista Bernardo Arévalo. Teniendo en cuenta la opacidad que envuelve a estas empresas, ¿podría cancelar las licencias de los proyectos?
El año pasado, como parte de ‘La Resistencia’, pedimos una visita con el señor Arévalo. Fuimos a exigirle que anulara la licencia de Oxec III y que se respetara la consulta. También hicimos saber a Patty Orantes, que es la Ministra del Ambiente y Recursos Naturales, que no queremos que otorguen más licencias y, si se puede, que anulen las licencias que hay.
Entiendo que lo que está hecho continuará y que el objetivo es que las autoridades no entreguen nuevas licencias.
No es que continúe lo que está hecho. Pedimos que encarcelen a las personas que han violado nuestros derechos, porque están invadiendo las tierras comunales y nos han despojado de más de 15 hectáreas de bosque natural. En una comunidad, los abuelos y las abuelas iban a hacer ceremonias mayas a un lugar que les han arrebatado. Exigimos también que se haga un estudio de impacto ambiental. Pero no lo hacen. Además, hay mucha persecución, y la justicia no funciona y no tenemos a quién acudir. Al final, nos quedamos solas batallando. Por suerte, nos quedan los hombres, las mujeres y los niños de ‘La Resistencia’ de Cahabón.
