Wendy Mercedes Quintero, nacida en León (Nicaragua) en 1977, es periodista y activista del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, fundado desde el exilio por abogados y defensores que pertenecieron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), organización que, desde 1990, promociona y protege los derechos humanos en Nicaragua.
A raíz del estallido social que dejó 355 muertos en 2018, el Gobierno incrementó la represión contra los actores sociales e ilegalizó la actividad, hasta febrero de 2023, de 3.245 organizaciones, incluido el CENIDH, y la mayoría de activistas tuvieron que exiliarse, entre ellas Wendy Quintero.
“Tratamos de documentar los acontecimientos ocurridos en Nicaragua, para que sirva a la memoria histórica y para que las nuevas generaciones sepan lo que aconteció aquí”, explica Quintero. “Reclamamos justicia transicional, aunque pasen décadas; para que lo ocurrido no vuelva a repetirse; las familias no van a cansarse de pedir justicia”, añade esta comunicadora con 27 años de experiencia, también vicepresidenta de la red de mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe.
Wendy Quintero es de León, donde nació el poeta Rubén Darío y donde se fundó la primera universidad de Nicaragua. A 20 minutos del Pacífico, es una región conservadora, católica, pero también socialista y sandinista. Una tierra de contrastes, dice, en la que “conviven lo moderno y lo tradicional”. “Nací en una familia sencilla y muy católica. Me marcó el colegio católico en el que estudié, la Asunción de León, en el que incidían muchísimo en la justicia social, en pelear por nuestros derechos”, recuerda, sobre una época marcada por esos sacerdotes de izquierda, los de la teología de la liberación, que se opusieron a dictadores y se ganaron el respeto del pueblo.
En el ámbito personal, relata una infancia marcada por el conflicto que, de 1980 a 1990, siguió a la caída de la dictadura de los Somoza. “Fue una época muy difícil. Hacíamos fila para recibir alimentos cada 15 días, como ocurre en Cuba”, ejemplifica. De su familia, no olvida a su tío, al que escondían para que no se lo llevaran al Servicio Militar Patriótico, que era obligatorio, ni a su abuela, doña Mercedes, que intercambiaba jabón, aceite y huevos por otros alimentos indispensables.
“Soy de los ochenta. Recién acabábamos el enfrentamiento para derrocar a la dinastía somocista y entramos en la guerra nicaragüense, entre los sandinistas y la Contra [como se conoce al movimiento contrarrevolucionario, financiado por EE. UU, que aglutinaba a somocistas y conservadores anticomunistas]. Como toda mi generación, crecí en este ambiente”, explica.
En 2018, por denunciar los crímenes de la segunda etapa de Daniel Ortega, Quintero tuvo que exiliarse en Costa Rica. Estuvo tres años separada de su hija, también obligada a dejar su vida, las amistades y la universidad, y ahora, unidas, afrontan muchos de los traumas que acompañan a las personas que huyen de la represión. “Este tipo de sufrimiento no se ve, pero es una angustia que te marca”, reconoce. No obstante, aún tiene fuerzas para luchar: “Hay cerca de 200.000 nicaragüenses solo en Costa Rica, muchos más en otros países como España y Estados Unidos, y seguiremos exigiendo justicia para las personas asesinadas y los presos políticos en Nicaragua”.
Con más de seis millones de habitantes, Nicaragua es un país centroamericano fronterizo con Costa Rica, en el sur, y Honduras, en el norte. Es el segundo país más pobre de una región extremadamente pobre, solo superado por Haití. País de volcanes, de costa y naturaleza exuberante, Nicaragua no ha tenido un respiro de paz en el último siglo: a la longeva dictadura de la dinastía Somoza, la guerra de los años ochenta y el devastador huracán Mitch de 1998, le siguió, en el siglo XXI, la crisis económica global y la autocracia represiva encabezada por Daniel Ortega. Como su hermano Humberto, Daniel Ortega fue una figura del marxista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la organización armada que terminó con los Somoza en 1979. Ortega fue el elegido para liderar la Junta transicional. Esto le otorgó presencia pública y, en 1984, en las primeras elecciones democráticas, fue elegido presidente, en un mandato condicionado por la guerra civil y el colapso de la URSS.
Erosionado por la corrupción, Daniel Ortega perdió los siguientes comicios ante Violeta Chamorro, viuda del director del diario La Prensa Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978. Fue con ella con quien se finalizó el conflicto con la Contra. Tras un periodo de reconciliación, los siguientes gobiernos liberales se caracterizaron por la corrupción. Destaca, durante este periodo, la figura de Arnoldo Alemán. En 2006, la sociedad, hastiada, confió de nuevo en Daniel Ortega.
En su segunda etapa, alejado del sandinismo originario, reconvertido en creyente católico, Ortega consolidó su poder, cambió leyes para eternizarse en el cargo y centralizó la toma de decisiones en su núcleo cercano, incluida su mujer, Rosario Murillo.
Tras años de abuso de poder y denuncias constantes de fraude electoral, el descontento social estalló en abril 2018, por una reforma en la Seguridad Social. En los tres meses de enfrentamientos, la sociedad retó al Gobierno, que nunca antes había afrontado semejantes protestas. Este respondió con virulencia: se contabilizaron centenares de arrestos y 355 muertos. Se estableció una mesa de diálogo que puso fin a la violencia; sin embargo, una vez concluidas las negociaciones, Ortega inició una nueva fase represiva: ilegalizó medios de comunicación críticos y organizaciones sociales y persiguió y encarceló a quienes participaron en las protestas.
En las elecciones generales de 2021, el FSLN de Ortega obtuvo el 75% del apoyo, el mejor resultado de su historia. “El presidente Ortega fue electo a un cuarto mandato consecutivo en noviembre[de 2021], en medio de una escalada represiva contra críticos y la oposición política. Muchos gobiernos de la región y de Europa manifestaron que las elecciones no cumplían con las garantías mínimas para ser consideradas libres y justas”, destacó, en su informe de 2021, Human Rights Watch.
Ante este contexto, muchos nicaragüenses intentan escapar, y por eso son la segunda comunidad que más peticiones de asilo registró en 2021: más de 100.000, solo superada por la afgana. “A finales del año pasado, la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua contabilizó más de 180 periodistas exiliados. Además, el Gobierno ha cerrado los medios de comunicación y, por temor, una buena parte de profesionales ha dejado de ejercer el periodismo. No existe un lugar en el que la sociedad pueda denunciar, porque tampoco existen organizaciones de derechos humanos”, denuncia Wendy Quintero, perpleja ante el último movimiento de Ortega: despojar de la nacionalidad a 316 personas.
Cuando los sandinistas llegaron al poder, ¿la gente creía en Ortega?
Los sandinistas fueron la punta de lanza, y personas como Dora María Téllez [excomandante del FSLN y, desde 1995, enemistada con Ortega] se organizaron para derrocar a Somoza, pero la revolución no hubiera podido ocurrir sin el apoyo del pueblo, que estaba unido. ¿Qué pasó en los años 80? Los sandinistas comenzaron a cometer errores, abusos de poder, cubanizaron Nicaragua, y luego, había una guerra entre hermanos nicaragüenses, con familias divididas entre el sandinismo y la Contra. Y esto se está repitiendo de nuevo: hay familias con Ortega y familias azul y blanco, que son las opositoras.
¿Nunca hubo una reconciliación?
No. En los años noventa, doña Violeta [Chamorro] inició un proceso de paz y concedió amnistías. En mi opinión, fue un error, porque no se sanaron de verdad las heridas. Le voy a hablar de la comunidad de Camoapa, donde viví. Allí eran antisandinistas. En los años ochenta, el Ejército arrasó esa zona, pero también lo hizo la Contra. Ambos bandos cometieron masacres. El pobre campesino, en medio del conflicto, acabó siendo el perjudicado. Mataron a esa gente y nunca hubo un proceso real de sanación. Así pasó también en otras zonas del país. Así pasó también en otras zonas del país. Necesitamos abordar la memoria histórica e iniciar un proceso de justicia, no de venganza, que abarque también lo ocurrido desde 2018.
Ortega eliminó la disposición legal que limitaba los mandatos presidenciales. El mundo lo descubrió en 2018, pero, ¿desde cuándo es un autócrata?
Hubo gente que en 2006 votó pensando ‘estamos cansados de la corrupción, de los liberales, esto no puede ser’. Como esta persona hizo grandes cambios en su primera etapa, se le dio una segunda oportunidad. Sin embargo, Ortega comenzó a coartar ciertas libertades. Por ejemplo, la libertad de prensa. Luego llegaron nuevos engaños y ahora domina el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Todo está centralizado en su figura. No existe independencia, ni tampoco un verdadero Estado de derecho, y por eso crean leyes dirigidas contra los opositores. Yo nunca he militado en un partido político y, por defender los derechos humanos, me consideran opositora. En Nicaragua, si se respetaran las leyes, ellos no estarían en el poder.
Y usted no estaría en Costa Rica.
Exactamente. La gente estaba cansada. Los campesinos, que perdían sus tierras, llevaban años protestando contra el proyecto del Canal Interoceánico. Un mes antes del estallido de 2018, los nicaragüenses manifestaron su descontento por la gestión de un incendio desatado en la reserva biológica Indio Maíz, una de las más importantes del país. En abril de 2018 llegó el detonante, cuando las personas mayores comenzaron a protestar contra las reformas en la Seguridad Social, y la Policía intervino. Entonces, los universitarios se sumaron, y todo se descontroló. La Policía intentó acabar con estas manifestaciones, y los jóvenes comenzaron a cortar las principales líneas de comunicación, carreteras y caminos, y a tomar sus propias universidades. La Policía, por orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo, comenzó a matar. Y ahí la situación se descontroló más, se bloquearon ciudades durante tres meses. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo un análisis en 2018 y parte de 2019, contabilizó más de 355 personas asesinadas. La mayoría no tenía un arma; yo misma fui a las marchas y lo único que hacíamos era caminar y cantar.
Se estableció una mesa de diálogo que Ortega traicionó.
La Alianza Cívica fue un impulso para tratar de acabar con la impunidad y establecer un diálogo; no se podía solucionar la situación con las armas, no se podía volver a los años ochenta, ni a los setenta, porque la mayoría no estaba de acuerdo y, simplemente, pedía que se respetaran las leyes. Muchos sectores estaban integrados en la Alianza Cívica: organismos de derechos humanos, estudiantes, obreros, campesinos, religiosos, todos estaban ahí. Ortega utilizó el diálogo, pero poco después comenzó a meter presa a la gente, incluidas personas de la Alianza Cívica; solo quería tener tiempo suficiente para reorganizarse y controlar las ciudades. En 2019, 2020, 2021, 2022 y en este 2023, Ortega fue aprobando leyes a su medida, como la de ciberdelitos, la de agentes extranjeros y la de Soberanía, y además reformó otras, hasta el punto de quitar la nacionalidad primero a 222 personas, y luego a 94. Pero todo es ilegal: disfraza la realidad.
Entre los apátridas están la escritora Gioconda Belli, la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro, el obispo Silvio Báez y los exguerrilleros sandinistas Luis Carrión y Dora María Téllez. Destaca la opposición del obispo Rolando Álvarez, que rechazó exiliarse y sigue preso. ¿Por qué Ortega prefiere que se exilien?
Por la repercusión internacional y el peso político que representan esas personas, pero monseñor Rolando Álvarez, que ha decidido quedarse, está estropeando los planes de Ortega. Él aguantó unas dos semanas sitiado por la Policía en las diócesis de Matagalpa, le condenaron sin respetar los procedimientos judiciales, le han quitado la nacionalidad y está preso en un país que no le reconoce. Está en un limbo, y no se sabe nada de él.
En su segunda etapa, Ortega se alió con el antisandinista cardenal Miguel Obando y Bravo, y, entre muchas medidas conservadoras, prohibió el aborto terapéutico. ¿Existe un cisma entre la jerarquía eclesiástica y obispos como Álvarez?
El mismo Obando ofició el casamiento de Ortega y Murillo, que estaban casados por lo civil. Muchas personas lo respetaban, antes de morir, aunque fuera lamentable su posición: respaldó a Daniel Ortega. Ahora, en las protestas de 2018, obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua ayudaron a muchas personas, abrieron las puertas de las iglesias para evitar masacres. Sin embargo, el dinero ha comprado conciencias y algunos obispos que están con el régimen no pueden hablar de compasión y justicia. Con el caso de monseñor Álvarez, la jerarquía católica se ha quedado callada; existe una división, pese a la persecución contra la libertad religiosa.
Por otra parte, esta unión entre la Iglesia católica y Ortega muestra cómo pueden llegar a cambiar las cosas. Tras conseguir el poder, Ortega prohibió el aborto terapéutico, que tenía más de cien años de vigencia. Es un juego de tronos que afecta a muchísimas mujeres que murieron por no poder tener el tratamiento adecuado. Las mujeres han sido las primeras agredidas en Nicaragua, y luego los campesinos, los estudiantes, los artistas, los abogados. Muchas personas han sido torturadas, y no podemos olvidar a las más de 355 personas asesinadas. Sus familias merecen justicia.
En las protestas comparaban a Ortega con Somoza.
Está más allá: arrebata la nacionalidad, persigue a la Iglesia. En las elecciones del pasado noviembre robó las 153 alcaldías. Incluso en Camoapa, que es antisandinista, supuestamente ganó por primera vez. Estamos ante un régimen autoritario, una dictadura a la que no le importa matar, encarcelar o desterrar a sus ciudadanos.
