En 2011 fundó el movimiento de protesta «Resistencia pacífica La Puya» en contra del proyecto minero Progreso VII Derivada, que pretendía extraer oro y plata de los Municipios de San José de Golfo y San Pedro Ayampuc. El movimiento se ha convertido en un referente en Guatemala.
Su tarea de defensa del medio ambiente y los derechos humanos la ha situado en una posición de riesgo extremo. En junio del 2012 fue víctima de un atentado contra su vida. Dos hombres que circulaban en moto se detuvieron junto al vehículo de Oquelí y dispararon contra ella. Logró sobrevivir, pero lleva una bala alojada muy cerca del hígado. Los responsables del ataque continúan impunes.
Además, la activista ha sido criminalizada e involucrada en varios procesos judiciales. No es un caso aislado. El informe de 2017 de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, que alerta de la grave situación en la que viven las defensoras y defensores de derechos humanos del país, advierte que «en los últimos años se ha utilizado el derecho penal de manera indebida para bloquear el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos».
Vive en el Estado Español desde hace 3 años. Se trata de un desplazamiento forzoso político, pues tuvo que salir del país por culpa de las amenazas que recibía continuamente por su labor de defensora del territorio. A día de hoy ya le han concedido el asilo político y desde fuera de Guatemala continúa involucrada con la resistencia en su país, pero con mucha más seguridad.
Oquelí sigue con la convicción de seguir luchando por los derechos humanos y en favor de la justicia y continúa participando en numerosos actos públicos, donde denuncia la dureza de las luchas que lideran las defensoras de la tierra latinoamericanas. Desde este lado del Atlántico continúa denunciando los vínculos entre la actividad de las empresas transnacionales y las vulneraciones de derechos humanos que se producen en América Latina.
«He aprendido que desde este lado también se puede hacer mucho para denunciar y detener estos megaproyectos».
Asimismo, también está vinculada a diversas organizaciones que trabajan con personas migrantes en el Estado Español y trabaja en la defensa del territorio-cuerpo con el grupo de TZK’AT, Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, que nació en Guatemala en 2015. Se trata de una organización formada por mujeres mayas que se autodenominan feministas comunitarias y que participan en los procesos de recuperación emocional y espiritual de las mujeres indígenas que defienden territorios ancestrales frente a las problemáticas de criminalización y judicialización y que luchan por la vida en sus comunidades.
Lideraste el movimiento de Resistencia pacífica La Puya, un referente de lucha a nivel nacional y la única resistencia encabezada por mujeres en el país. ¿Cómo empezó la organización?
Cuando participé en la fundación de la Resistencia de La Puya, en 2011, mi tarea se centró en hacer incidencia, hablar con las comunidades, explicar qué problemas comportaba la mina y exponer el papel tan importante que teníamos que jugar las mujeres en la resistencia.
Entonces, las mujeres comenzaron a venir a las reuniones y entendieron que teníamos que ponernos al frente de la lucha. Porque la estrategia de la empresa y del gobierno era enviar la policía a reprimir. Enseguida, la policía comenzaba a agredir a los hombres, los empujaban, y los hombres respondían… se los llevaban a la cárcel. Nos quedábamos sin gente. Nosotros hacíamos barricadas de mujeres, cuerpo a cuerpo, y para la policía era un delito tocarnos. Lo hacían, pero ya eran ellos quienes perpetraban el delito.
A escala nacional, La Puya ha sido la única resistencia en que hemos conseguido poner a los hombres detrás. Cabe decir que en otras luchas el papel importantísimo que han jugado las mujeres ha sido invisibilizado. Siempre son los hombres quienes se ponen delante, hacen de portavoces y hacen declaraciones. En La Puya no ha sido así, hemos sido todas, en colectivo.
Por orden de la Corte suprema de Justicia se ha cancelado totalmente la licencia de explotación de la mina. ¿Es una lucha ganada?
Sí. Desde el momento que nosotros creamos el precedente de que no permitiríamos el ingreso ni la salida de más coches y máquinas al proyecto, ya estábamos ganando. La empresa ha solicitado amparo tras el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, pero pienso que aunque lo sigan intentando el proyecto no podrá salir adelante. Las comunidades y la resistencia de La Puya han recibido apoyo de todas las luchas a escala nacional. Si la empresa intentara volver a trabajar, vendrían todas las comunidades del país.
El peligro, sin embargo, es latente.
Legalmente hemos ganado la lucha. La resistencia ha conseguido el objetivo que se cancele, pero como vivimos en un sistema tan corrupto (cuando las leyes no están a favor, las desobedecen) el movimiento continúa vigilando y vigilante. Todavía se turnan en el punto de resistencia, aunque la minera tiene prohibido remover una pizca de tierra
Aunque parece que haya bajado la ofensiva de las minas, estoy segura de que tienen la intención de entrar por otras áreas del país y que harán lo imposible para intentar tener algún vínculo con la minera que nosotros hemos parado.
Nuestro movimiento de resistencia pacífica ganó, pero estamos en resistencia porque pueden entrar por otras bandas.
La coyuntura actual del país no ayuda…
Nada. El presidente Alejandro Giammattei es del partido Vamos, un partido que proviene de la extrema derecha y que reprime los movimientos en defensa del territorio. Es, además, un títere a favor de las multinacionales. Las empresas mineras siempre son de fuera, pero él mantiene que es beneficioso que vengan, por las empresas de aquí, porque las de aquí son las que mueven la tierra.
¿Qué pasa con las consultas previas informadas?
De hecho, ahora es la empresa la que está promoviendo que se haga la Consulta comunitaria, lo ven como una última estrategia después de que se les haya cancelado la licencia. Piensan que pueden convencer a la gente para que la acepte.
Igualmente, sin embargo, las consultas previas acaban no siendo vinculantes. He seguido todas las que se han hecho a nivel nacional y a la larga no las vinculan. Juegan con la gente y nos cansan. La consulta debería ser «previa e informada», y no informan.
¿Crees que pueden comprar a la gente, incluso después de la resistencia?
Se aprovechan de la desinformación. En el ámbito nacional y en todo el país, hay mucha conciencia, pero hace falta más. Llegan a los pueblos donde la gente no tiene educación ni salud, punto que se ha agravado, y mucho, en estos tiempos de pandemia.
Los ofrecen el famoso «desarrollo» y una promesa de trabajo. La gente, de buen inicio, ve bien la oferta. Yo he estado en contacto con comunidades (usando otro nombre, por supuesto, para cuidar mi seguridad), y sí hay casos en que se han comprado terrenos a familias diciéndoles que era para cultivar café y productos agrícolas. Nosotros sabemos que no es cierto y que es gente de la empresa la que los enreda. Lo que están haciendo ahora es ofrecer trabajo y hospitales.
Esto me preocupa mucho porque juegan con la necesidad. Es como ofrecer pan y agua a gente que hace tiempo que no come. Esto está pasando. He sabido que recientemente le han comprado a una familia un terreno que tiene muchísimo oro y que a cada hijo (8) le han tocado ocho millones de quetzales (unos 800 euros).
¿Cómo se puede revertir esta situación?
La fuerza para ganar la masa de impunidad y saqueos se encuentra en la juventud. Por eso, me interesa que los jóvenes que están estudiando se den cuenta de su papel y se lean la conciencia. Para que si se convierten en ingenieros, químicos o biólogos, por ejemplo, trabajen profesionalmente y con sensibilidad, y no se muevan por el dinero que ofrecen las multinacionales. Es necesario que haya la conciencia de que un anillo no puede costar sangre.
También se criminaliza a las defensoras
Es terrible enfrentarse a la justicia sin haber hecho nada. Además, en Guatemala, no es sólo que nos puedan poner en prisión, sino que incluso dentro de la prisión y en connivencia con el crimen organizado, han matado a gente.
Es tanto lo que nos ha pasado, que el miedo se nos ha ido. Lo que pasa es que, cuando pensamos en el riesgo que corre nuestra familia nos paralizamos… entonces sí.
A pesar del elevado precio personal que estás pagando por tu compromiso, ¿qué victorias en lo personal tiene para ti la Resistencia en La Puya?
El hecho de estar viva ya es, para mí, una victoria. Otro éxito es la importancia que se ha dado a las mujeres, haber conseguido que su lucha sea más visible y apreciada en mi país. Además, el proyecto minero ha sido detenido. Cada paso que hemos hecho ha valido la pena.
A nivel personal siento mucha satisfacción por ser la primera mujer en la resistencia, la fundadora de la resistencia y luego se unieron cientos y miles de mujeres. Para mí esto es una satisfacción muy grande que me hace mantenerme en el compromiso sobre todo cuando me deprimo o me siento cansada.
El exilio es un precio muy elevado.
Es muy difícil estar fuera del país. Nadie quiere irse, y cuando te obligan a hacerlo es muy duro. Es un duelo muy duro. Pero cuando me acuerdo de estas mujeres que todavía se levantan con el ejemplo de lucha pacífica que hicimos en la Puya, me sube el ánimo.
A nivel nacional puedo decir que la resistencia de la Puya ha sido un referente de cómo luchar exigiendo nuestros derechos sin violentar los de los demás ni usar la violencia. Hemos demostrado que, aunque cueste y provoque dolor, sí se puede luchar pacíficamente para exigir nuestros derechos.
Debemos seguir concienciando de los derechos que tenemos e informando. No vale que protejan a las multinacionales con la seguridad que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Esta fue una de mis demandas principales en Guatemala.
¿Cómo conectas la Resistencia de La Puya con otras luchas a nivel estatal?
La Puya se ha convertido en un referente porque ha mantenido una lucha no violenta que no han podido detener. Lamentablemente, otras luchas han caído en la provocación de empresas y gobierno. Nosotros creemos que lo único que hacen es defenderse, pero caen en delito, se les criminaliza y se les encarcela. Esto desgasta mucho, y finalmente la empresa y el gobierno ganan. No ha sido fácil, pero en La Puya hemos podido soportar la provocación y la criminalización. De hecho, empresa y gobierno no han logrado probar todos los hechos que habían inventado para criminalizarnos.
¿Qué queda por hacer?
Me gustaría que las organizaciones que luchan por la defensa del territorio se unificaran, que nos uniéramos. Cuando estamos en primera línea nos sentimos solas, pero hay mucha gente detrás de nosotros y también muchas organizaciones defensoras de derechos humanos. Creo que deberíamos unificarnos más porque ellos (empresas y gobierno) aprovechan que no somos del todo un frente común. ¡La unión hace la fuerza!
