Janahuy Paredes

México

Derecho a la verdad, justicia y reparación
Lucha contra las desapariciones forzadas
Comité de familiares de personas detenidas desaparecidas en México COFADDEM – Alzando voces.

La vida de Janahuy Paredes cambió radicalmente el 26 de septiembre de 2007. Fue el día en que su padre, José Francisco Paredes Ruiz, desapareció cerca de Morelia, en el Estado de Michoacán, en circunstancias que todavía a día de hoy se desconocen. Francisco Paredes era militante de la Fundación Diego Lucero, una organización ciudadana que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, y que está especializada en la denuncia de las desapariciones forzosas en México.

La desaparición de Francisco Paredes Ruiz llevó a Janahuy, que entonces tenía 23 años y estudiaba una Licenciatura en Cinematografía, a convertirse en defensora de los derechos humanos. Junto a su hermana Cristina y su hermano Francisco, impulsó una campaña para exigir al Estado mexicano la presentación con vida de su padre. En la lucha se encontró con el acompañamiento de otros militantes de la Fundación Diego Lucero y de la Liga Mexicana para los Derechos Humanos.

En el año 2009, tanto Janahuy como su hermana empezaron a acompañar familiares de otras personas desaparecidas en el Estado de Michoacán.

Progresivamente, la activista fue acumulando experiencias, conociendo y comprendiendo los procesos de memoria, verdad y justicia para las víctimas de desapariciones forzosas.

Al 2012 se formalizó el nombre del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem – Alzando Voces), organización que ya había surgido en agosto de 2009 en el marco del trabajo de las germanas Paredes y otros activistas. Desde entonces, el Cofaddem “ha ido creciendo en la medida que han ido madurado políticamente los procesos organizativos”, explica Janahuy.

La familia Paredes, y Janahuy en particular, ha sido objeto de numerosos ataques y agresiones, a menudo perpetrados por actores vinculados a las instituciones públicas. El último incidente grave contra su integridad física y psicológica se produjo en el mes de febrero de este año, cuando elementos del Mando Único Policial, que depende del gobierno federal, irrumpieron de forma violenta y sin orden judicial al domicilio de Francisco Paredes Ruiz.

» Entrevista

> Han pasado más de diez años desde la desaparición de tu padre. ¿Qué han hecho las autoridades mexicanas?

Lo único que hicieron, durante los tres primeros años, fue simular una investigación. Conformaron una investigación con líneas poco fiables, poco veraces, y no dieron seguimiento a las líneas que apuntamos como familiares.

El día que se llevaron a mi padre, a 30 metros del lugar de los hechos había una caseta de policía local; a 50 metros, un destacamento de la policía federal; a 10 metros, un convoy del ejército mexicano, y cerca de la zona había cámaras que pertenecen a la misma corporación de las autoridades del Estado de Michoacán. Todas estas pruebas o posibles líneas de investigación fueron omitidas, ocultadas o negadas. Al mismo tiempo, aumentaron el acoso y las amenazas por parte de los diferentes cuerpos de policía contra nuestra integridad física y psicológica, tanto de mi familia como de compañeras y compañeros de mi padre.

> ¿Cómo se explican los elevados niveles de violencia ejercida por el Estado mexicano?

La violencia ejercida por el Estado mexicano obedece a intereses económicos. Se utiliza el terror como herramienta de control social, para aniquilar la disidencia social y someter la población a un estado de parálisis. Desde que se puso en marcha el Operativo Conjunto Michoacán, se han incrementado las múltiples violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses y de seguridad pública. Entre otros, se han producido ejecuciones extrajudiciales y sumarias, tortura, detenciones arbitrarias, registros ilegales, desplazamientos forzosos y, destacando especialmente por su extrema crueldad, desapariciones forzosas de personas. Se ha creado un escenario de terror que ha permitido que el Estado oculte, detrás de la aparente confrontación entre comunidades, una estrategia de control social a través del miedo. El objetivo es garantizar el saqueo de los recursos naturales del Estado, y poder aprobar megaproyectos de empresas transnacionales, como por ejemplo los de desarrollo turístico y modernización impulsados por empresarios extranjeros.

> Tu familia y tú habéis sido asediadas por parte del Estado a raíz de vuestra lucha para que se aclare la desaparición de tu padre.

Desde su desaparición nos hemos enfrentado a amenazas y acoso por parte de todos los cuerpos del gobierno (municipal, estatal, federal), que se incrementaron a partir del momento en qué empezamos a hacer acompañamientos y nos establecimos como organización con más familiares. Hemos acudido al cobijo de organizaciones populares y de derechos humanos, cosa que nos ha permitido reducir la vulnerabilidad en que nos encontrábamos.

> Del camino que has recorrido en los últimos años, ¿podrías compartir algún aspecto positivo?

La ausencia de mi padre y todo el que me ha generado su desaparición –el dolor, la angustia, el miedo, las culpas injustificadas, la intención de truncar tanto el proyecto personal de mi padre como el mío– me han traído a formarme políticamente para encontrar respuestas. Con el tiempo, he ido fortaleciendo mis capacidades de reacción ante el fenómeno de la desaparición forzosa. Por un lado, he conseguido organizarme y saber a qué nos enfrentamos como familiares. Por otro lado, he fomentado mi autocura, de la manera más integral que me puedo permitir, para priorizar mi dignidad humana en esta lucha. La desaparición de mi padre no truncó mi vida, ni la suspendió, sino que me trajo a establecer otra forma de vida, una forma más consciente a la hora de actuar, para mí, mi familia y mis compañeras de vida.

> A finales de 2017, México aprobó una ley general sobre desapariciones.

La ley no quedó tal como se había trabajado desde el principio, alineada con estándares internacionales. El representante del ejecutivo y su equipo hicieron muchas modificaciones de última hora, incumpliendo así los acuerdos nacionales que habían asumido con las familias. Quedaron vacíos jurídicos que hacen que en muchos casos de desaparición forzosa pueda haber impunidad.

Ahora bien, se consiguieron éxitos significativos que van más allá de las expectativas técnicas. La ley nos reafirmó alternativas de organización y acción colectiva, y nos dio esperanza para la dignidad humana. Además, el Estado mexicano reconoció ante el mundo que en nuestro país se lleva a cabo la práctica de la desaparición forzosa. Será un inicio en la lucha por la justicia; se ha empezado a gestar un mínimo de esperanza de que es posible uno “nunca más”.