Catalina Salazar (Talca, 1987) estudió Ciencia Política y fue entonces, durante sus estudios universitarios, cuando empezó a trabajar con temas relacionados con las juventudes. En sus propias palabras: “ahí es cuando empezó mi carrera como activista”, aunque durante su etapa de instituto ya se había interesado por los derechos humanos. Después de licenciarse, decidió aunar dos de sus grandes pasiones: la música —en especial, el hip hop— y las ciencias sociales. En Social Hip Hop, una organización sin ánimo de lucro que usa la música para trabajar con jóvenes y gente en las cárceles con el objetivo de potenciar las habilidades comunicativas, sociales y personales , Catalina encontró su primer trabajo, pero también una manera de vivir y de estar en el mundo. Entre 2015 y 2020, fue coordinadora de asuntos internacionales para la plataforma; y en ese periodo también fue Coordinadora Regional en las Américas de la United Network of Young Peacebuilders (UNOY Peacebuilders, por sus siglas en inglés).
Después de Social Hip Hop, Catalina Salazar ha trabajado en el proyecto Multiplica por el Clima, que tiene como foco la lucha contra el cambio climático y por la justicia climática en los territorios. Como ella misma explica, “se trata de una iniciativa híbrida con actividades presenciales y actividades online que tiene como objetivo desarrollar la capacidad y la resiliencia climática de la juventud chilena desde una perspectiva local”. En estos momentos, Catalina Salazar colabora en el espacio Ruralidades Críticas, donde documenta la precarización y la desprotección en el ámbito rural chileno. Combina este trabajo con la elaboración de consultorías relacionadas con la juventud y los derechos humanos al tiempo que cursa un magisterio de estudios culturales y organiza un festival de mujeres y literatura.
En Chile,el 1% de la población concentra el 49,6% de la riqueza total del país, , lo que da una idea la fuerte desigualdad existente y de la brecha social. Se trata de un país en el que la fortuna se concentra en el sector de las finanzas, la minería y el sector forestal, mayoritariamente. En octubre de 2019, el gobierno del conservador Sebastián Piñera, fallecido recientemente, decidió incrementar la tarifa del transporte público. Si bien la subida fue de unos pocos céntimos, esta decisión hizo que miles de estudiantes salieran a las calles a protestar y generó lo que se conoce como el Estallido social. Las protestas, masivas, pusieron entre las cuerdas al gobierno de Piñera, que llegó a decretar el estado de emergencia e impuso el toque de queda. Los disturbios, acompañados de graves cargas policiales contra los manifestantes, duraron semanas. La aparición de la pandemia por la Covid 19 hizo que se redujera la presencia de manifestantes en las calles, pero no detuvo el malestar social.
Si bien la causa orgánica de aquellas protestas fue la subida del precio del transporte, lo cierto es que el estallido tuvo más que ver con ese malestar social que se venía fraguando desde hacía años que con la medida concreta adoptada por el gobierno. Organismos como Human Rights Watch (HRW), Naciones Unidas o Amnistía Internacional documentaron extensamente las violaciones de derechos humanos (tortura, malos tratos, detenciones ilegales y arbitrarias y violencia sexual, entre otros) que se produjeron durante aquellos días. “Entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, casi 11.000 personas resultaron heridas, entre ellas, 2.000 policías, y 26 personas murieron. Más de 15.000 fueron detenidas, y en algunos casos recibieron serios maltratos. Varias decenas sufrieron lesiones oculares, en su mayoría al ser alcanzadas por perdigones disparados por carabineros con escopetas antidisturbios”, se puede leer en el informe de HRW. Por esta violencia en contra de los manifestantes, se imputó a 75 agentes policiales, pero sólo uno de los imputados fue condenado, según se explica en HRW.
En medio de la crisis ocasionada por el Estallido, Sebastián Piñera convocó, el 27 de diciembre de 2019, un referéndum para decidir si era necesario redactar una nueva Constitución que sustituyese a la de aquel momento, redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). A pesar de haber sido levemente modificada —se le han aplicado unas 70 reformas—, el texto mantiene las bases de entonces. La redacción de una nueva Carta Magna era una de las reivindicaciones del Estallido social. El Plebiscito Nacional de 2020 para preguntar a los chilenos y chilenas si querían un nueva Carta Magna fue convocado para el mes de abril del 2020, pero la aparición de la pandemia de la Covid 19 obligó a retrasarlo hasta octubre del mismo año. En octubre de 2020, alrededor de siete millones y medio de personas votaron, de los cuales el 78,2% optó por el “Apruebo”: sí, querían una nueva Constitución.
Apenas unos meses más tarde y con tan solo 35 años, el 21 de diciembre de 2021, el progresista Gabriel Boric se convertía en el presidente del país con el 55,87% de los votos. Ganaba así, frente a su rival de le extrema derecha, José Antonio Kast. Si bien la crisis social que había desencadenado el estallido social de 2019 no había sido resuelta, con esta elección, parecía que Chile quería empezar de nuevo; dar un cambio de rumbo. Boric asumió el cargo en marzo de 2022 y continuó con el proceso constituyente que la sociedad chilena tanto parecía que anhelaba. Este primer proceso constituyente, sin embargo, no llegó a buen puerto. El 4 de septiembre de 2022, Chile rechazó, con casi el 61,86% de los votos, el texto propuesto por los progresistas. El mensaje quedó claro por su contundencia. A pesar de que el pueblo chileno se había mostrado favorable a cambiar la Carta Magna del país, resulta evidente que el texto propuesto no convenció. Tras ese fracaso, se inició un segundo proceso constituyente, en esta ocasión, liderado por el Partido Republicano, de tinte ultraconservador. En diciembre de 2023, los y las chilenas volvieron a votar y volvieron a rechazar el texto propuesto con un 55,76%.
¿Cómo trabajabais en Social Hip Hop?
Creamos una metodología de trabajo con juventudes, especialmente en contextos violentos; con poblaciones marginadas en sitios violentos, como cárceles, escuelas vulnerables, etc. Esa metodología todavía vigente sigue desarrollándose; y creo que ha sido un paso súper importante para el trabajo con juventudes en general. Todas estas experiencias fueron recopiladas en el libro Hip Hop 360: Hacia un enfoque de trabajo con juventudes [disponible en www.academia.edu]y la iniciativa empezó a formar parte de United Peace Builders, que es la red de jóvenes constructores de paz. La plataforma entró como miembro chileno y yo fui elegida como coordinadora regional de las Américas. Era el momento en el que se estaban fraguando los Acuerdos de paz en Colombia con las FARC. En América Latina no tenemos guerras tradicionales, por decirlo de alguna manera, como las que existen en Oriente Medio, pero es un continente violento, especialmente para la juventud. Es el continente donde más asesinatos se cometen al año, y las principales víctimas son los jóvenes. Nuestro primer objetivo estratégico fue poner la atención sobre la necesidad de trabajar el tema de la prevención de la violencia. Por desgracia, también hay muchos dirigentes ambientales asesinados, sobre todo en Colombia; así que también trabajamos en ese ámbito. A partir de estos dos ejes logramos instaurar la noción de que existe mucha violencia en América, que hay que prevenirla, y que además, es necesario proteger a los activistas. También hicimos consultorías para el Fondo de Pueblos de Naciones Unidas y UNFPA y contribuimos a instaurar la Agenda Latinoamericana de Juventudes, Paz y Seguridad.
¿Cuán importante es abordar los derechos humanos desde el ámbito de la cultura? ¿Debe esta tener siempre un componente político?
La cultura es una herramienta para trabajar la cohesión social y la prevención de la violencia. Me parece una herramienta muy poderosa, sobre todo, en estos tiempos. Pero yo no creo que el arte siempre tenga que tener este componente político directo; sí que creo, sin embargo, que el arte genera paz, porque considero que donde hay arte, no hay violencia. O por lo menos, hay menos. Creo que el arte y la cultura siempre son herramientas para la cohesión social. Respeto que haya artistas que quieran hacer un arte menos político, eso sí. Por otra parte, hay hip hop que es súper combativo y que tiene un discurso violento; pero yo personalmente prefiero no criminalizar esos discursos. Prefiero que la violencia exista en el arte a que exista en la vida real. Siempre es preferible que se cante sobre la violencia a que se ejerza.
¿Cómo te involucraste en el Estallido social de 2019?
Yo ya había formado parte de las revoluciones estudiantiles anteriores, que están muy conectadas. El Estallido de 2019 fue sorprendente e impactante. Todo se puso muy violento. En aquél entonces yo ya había estado trabajando en la construcción de la paz, y al principio no sabía cómo involucrarme con un rol que me hiciese sentir cómoda. Iba a las marchas, pero cuando se ponía fea la cosa, me iba; me estresaba mucho. Lo que sí hacía era ir a buscar a las personas que habían sido detenidas, hablar con la policía, etcétera. Me dediqué a hacer esa labor de respaldo. Luego surgió algo de lo que no se habla tanto: la aparición de iniciativas comunitarias espontáneas, como las ollas comunes o los cabildos.. Sucedió en todo el país. Fue algo que apareció sin haberlo planeado, con una vocación comunitaria y cooperativa.
¿En qué consistían esos cabildos?
Nos juntábamos en las plazas, de manera informal, para abordar temas de manera comunitaria Hablábamos de educación cívica; y en esos cabildos se empezó a gestar la demanda por la nueva Constitución. De ahí me involucré en la campaña por el apruebo [el primer plebiscit]. Formé parte de la Asamblea Popular de la Dignidad. A partir del movimiento surgieron muchas organizaciones territoriales y eso modificó la estructura política en Chile.
Pero se perdió el plebiscito.
Sí, pero la asamblea continúa. En estos momentos trabajamos con temas como la ruralidad, el arte o la educación cívica. A la primera [proposta de modificació] le tengo mucho cariño, era mi Constitución. Para mí [que es rebutgés]fue una sorpresa, un balde de agua fría. Nos dimos cuenta de que era algo que se había fraguado desde los movimientos sociales, desde lo independiente.
¿Qué crees que sucedió?
Creo que fue un tema de energía social: ya no quedaba energía, la gente se había desencantado. También es cierto que la propuesta era muy vanguardista y que buscaba la desaparición del centralismo del Estado y le daba más poder a las regiones. Hubo quien lo percibió como un cambio abrupto y extremo; y una parte importante de la ciudadanía no lo entendió.
Hace tan solo unos meses se ha presentado otra propuesta, esta vez liderada por la extrema derecha. También ha fracasado. ¿Qué ha pasado?
Este segundo proceso ha estado protagonizado por los partidos, sobre todo por los sectores hiperconservadores. Creo que ha habido falta de participación y de implicación. Creo que el pueblo chileno es bastante de centro. En definitiva: la ciudadanía no le compró el cuento a nadie: ni a los unos ni a los otros. También digo que esta última propuesta constitucional me parecía peligrosa, porque era una especie de oda al conservadurismo. No olvidemos que era una propuesta que venía de la extrema derecha, con muchos ‘amarres‘ desde el inicio.
Hablando de conservadurismo: hace pocos meses, el ultraderechista Javier Milei ganó las elecciones en Argentina. ¿Cómo lo veis desde el país vecino?
El tema de la elección de Javier Milei es complejo. Yo ideológicamente no tengo nada que ver con él; me parece una persona extrema y me parece peligroso porque estos tipos de derechas extremas tienden a ser autoritarios y terminan gobernando a golpe de decreto, como Trump o Bolsonaro. Quiero decir, sin embargo, que creo que el fenómeno Milei responde, en parte al abuso que distintos Gobiernos han hecho en Argentina, donde hace por lo menos veinte años que van mal las cosas. Esto, a mi parecer, partió con Menem, y de ahí han tenido una serie de políticos irresponsables que han vendido el país y que han jugado con la inflación. Siento que Milei es un fenómeno muy extremo pero que es la respuesta a una serie de gobiernos corruptos e irresponsables. Muchas veces, estos nuevos fascismos y conservadurismos son la respuesta reaccionaria a los abusos de ciertos grupos. En Argentina se ha abusado del pueblo, y no reconocerlo es una injusticia.
Por último, te quería preguntar acerca de la memoria histórica. Este año se cumple el 50 aniversario del golpe de estado de Pinochet. ¿Cómo se relaciona el pueblo chileno con este pasado?
En la transición hacia la democracia, en Chile hubo una especie de camino de verdad y justicia. La demanda era muy fuerte. El tema de la justicia, sin embargo, continúa siendo un asunto delicado. Hay militares en la cárcel que se están muriendo y se están llevando a la tumba memorias, recuerdos y verdades, entonces hay que ver cómo lograr mayor verdad, con esta amenaza permanente de olvido. Chile, además es un país muy segmentado y segregado donde se conversa poco sobre el tema. Existen dos mundos enfrentados y polarizados. Hay un sector muy de casta, muy sectario y eso es un obstáculo para generar una verdadera cultura de derechos humanos; porque para eso, primero hay que sentarse a conversar y entender que los derechos humanos tienen que ver con la dignidad humana. También veo que en algunos grupos de izquierdas existe cierta doble moral, que sale a la luz cuando se habla de Venezuela o Cuba, por ejemplo. Si se defienden los derechos humanos, hay que defenderlos siempre, y en todos los lugares.
