Gira de otoño XII edición Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos. «Defendemos a quien defiende»

La gira de otoño de la XII edición de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos tendrá lugar entre los próximos 3 y 11 de octubre en varios municipios catalanes. Durante estos días, ocho personas defensoras de los derechos humanos realizarán actividades de sensibilización y de incidencia política y social en 28 municipios catalanes (talleres en centros educativos, charlas abiertas a la ciudadanía, reuniones de incidencia política, entrevistas con medios de comunicación…) .

Los defensores y defensoras que formarán parte de la gira de otoño son Nahun Lalin, de Honduras; Lucinda Evans, de Sudáfrica; Genith Quitiaquez, de Colombia; Lorraine Leete, de Grecia; Ahmed Ettanji, del Sáhara Occidental; Julia Soanirina, del Líbano; y Maria Teresa Montaño y Reyna Ramírez, de México. 

Nahun Lalin, Honduras

Nahun Lalin pertenece al Pueblo Garifuna y es activista por la defensa de los derechos de las comunidades. Su lucha comienza a finales de 2001 y por el influjo de una madre activista que formaba parte de los grupos organizados de la comunidad.

El activista forma parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), una organización que representa al pueblo Garifuna y que lucha por sus derechos sociales, económicos, culturales y territoriales. El objetivo es erradicar la injusticia histórica y la pérdida del patrimonio, recuperando y fortaleciendo la identidad cultural de estas comunidades. La OFRANEH nació en 1978 con la premisa de luchar contra el racismo que sufría la población negra que trabajaba en las plantaciones bananeras, y desde entonces, si bien sus funciones han ido cambiando, mantiene su objetivo: defender a las comunidades más vulnerables y vulnerabilizadas a partir de distintas acciones, proyectos y herramientas. Es importante destacar que la OFRANEH fue la primera organización de base de los pueblos indígenas de Honduras.  

«Continuamos demandando a las empresas que promueven el cultivo de palma africana. Hay comunidades donde se han utilizado incluso los cementerios para el cultivo de palma»

 

Lee aquí la entrevista completa a Nahun Lalin

 

Lucinda Evans, Sudáfrica

Lucinda Evans es una reconocida activista sudafricana, una de las caras visibles de la lucha contra las violencias machistas que impactan las vidas de mujeres, niños, y personas LGTBIQ+. Desde Lavender Hill, una comunidad formada en la periferia de Ciudad del Cabo durante el apartheid como resultado de la segregación, trabaja de forma insistente para hacer valer los derechos humanos de las personas que la rodean.

En 2008 puso en marcha la organización Philisa Abafazi Bethu (PAB, Curar a nuestras mujeres), una entidad sin ánimo de lucro que promueve el empoderamiento de las mujeres y la protección de niños y jóvenes. Para mejorar la situación en la que viven las mujeres de Lavender Hill, PAB impulsa programas de formación y grupos de apoyo, y ofrece acompañamiento a las mujeres que deciden actuar judicialmente contra sus agresores.

“El cambio se producirá cuando las mujeres afectadas por todas estas violencias intensifiquemos nuestro activismo»

Lee aquí la entrevista completa a Lucinda Evans

Genith Quitiaquez, Colombia

Genith Quitiaquez es agrónoma y profesional de derecho propio y legislación indígena. Una activista de firmes convicciones. Con estudios de Género y Justicia Transicional en su currículo, forma parte de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia (CONAMIC) —organización que reúne a representantes pertenecientes a diez etnias diferentes del país— y pertenece al colectivo de pensamiento Mujeres, Paz y Seguridad. También es integrante del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres a nivel nacional y forma parte de la Organización Indígena Mitxa, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

A lo largo de su carrera como activista se ha formado y liderado iniciativas sobre justicia indígena y construcción de la paz desde una perspectiva de género e indígena. Con sólo 23 años ocupó el cargo de gobernadora indígena del pueblo de los Pastos de Nariño, una experiencia que volvió a repetir entre 2020 y 2021, en plena pandemia.

“Habitamos un territorio abandonado por el Estado. El Estado no llega, pero sí que nos llega el conflicto que viene asociado a las explotaciones y las concesiones mineras”

Lee aquí la entrevista completa a Genith Quitiaquez

 

Julia Soanirina, Líbano

Julia Soanirina es una de las fundadoras de la Migrante Domestic Workers Alliance, una asociación que trabaja por los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes en Líbano. Nacida en Madagascar, llegó a este país en 1996. Desde su llegada al Líbano, siempre ha trabajado para la misma familia y afirma que, pese a las dificultades, es en este país donde se ha construido como sindicalista y activista.

En Líbano, además de estar ligada a un sistema laboral –el sistema Kafala– que no respeta los derechos de las trabajadoras, ha tenido que hacer frente al racismo y al clasismo. La historia de las trabajadoras domésticas migrantes es una historia de lucha, y Julia Soanirina insiste: no quiere que nadie hable por ellas, porque son ellas las que deben contar su propia historia. “Somos nosotros las que vivimos así, nadie más. Somos nosotros las que estamos 24 horas con nuestros empleadores y en 24 horas ocurren muchas cosas. Cosas a seguir explicando”.

“Nuestro principal temor es que nos deporten, pero también la razón principal por la que seguimos luchando”

Lee aquí la entrevista completa a Julia Soanirina 

Lorraine Leete, Grecia

Lorraine Leete es abogada y coordinadora del Legal Centre Lesvos, una organización que, desde 2016, ofrece información y asistencia legal y gratuita a los y las migrantes que llegan por la vía marítima a la isla de Lesbos. Además de este servicio legal, el Legal Centre Lesvos también documenta las violaciones de derechos humanos en la frontera entre Grecia y Turquía.

Hoy en día, la isla de Lesbos, en el mar Egeo, sigue siendo un banco de pruebas de las políticas antiinmigración de la Unión Europea. Un terreno en el que los derechos humanos de quienes llegan pidiendo refugio son constantemente vulnerados: procedimientos poco justos, devoluciones en caliente y deportaciones colectivas, criminalización y restricción de movimientos son algunas de las prácticas habituales.

El gobierno griego asegura que su política es estricta pero justa; pero lo cierto es que los campos de refugiados, algunos ya convertidos en centros de detención, se parecen cada vez más a prisiones al aire libre.

“Desde 2016, el momento más duro está siendo ahora, sin lugar a dudas. Desde entonces he visto un continuo deterioro de la posibilidad de acceder al procedimiento de asilo»

Lee aquí l’entrevista completa a Lorraine Leete

Ahmed Ettanji, Sáhara Occidental

Ahmed Ettanji nació en 1988 en El Aaiún y actualmente es presidente de Équipe Média, un medio que trabaja para romper el bloqueo informativo marroquí y que, desde su creación en 2009, ha tenido que hacer frente a amenazas, agresiones, detenciones arbitrarias y incautaciones de los periodistas que integran el equipo. Équipe Média envía información sobre qué ocurre en el territorio ocupado y funciona como fuente para diferentes medios internacionales.

El conflicto en el Sáhara Occidental es un conflicto olvidado en los medios de comunicación occidentales y sólo aparece en la prensa cuando se producen hechos que no pueden ocultarse. El periodismo local que intenta hacer periodismo alternativo al margen de la oficialidad marroquí es perseguido, acosado, fustigado, calumniado y difamado, y el extranjero, expulsado. Esto ha convertido al Sáhara Occidental en un agujero negro informativo.

“Ser periodista en el Sáhara Occidental es ser objetivo directo de las fuerzas de represión marroquíes, porque estás enseñando cosas que Marruecos no quiere que el resto del mundo vea”

Lee aquí la entrevista completa a Ahmed Ettanji

Teresa Montaño y Reyna Ramírez: la represión del periodismo en México

Teresa Montaño y Reyna Ramírez son periodistas en México. Durante su trayectoria profesional, ambas han recibido amenazas, extorsiones y ataques por ejercer su profesión.

La libertad de expresión y el derecho a la información llevan años en peligro en México. El país vive en una violencia extrema hacia informadores e informadoras y hace años que la prensa vive acosada en un clima de amenazas, secuestros, extorsiones y asesinatos. Además de suponer un peligro para aquellas personas que ejercen el oficio, los efectos de esta situación en la sociedad y en la democracia mexicana son demoledores. Según Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

“La impunidad es casi total. Hace poco que el gobierno empezó a realizar avances sobre cómo van las investigaciones en los casos de asesinatos de periodistas. Las demás agresiones quedan casi todas impunes”

Lee aquí la entrevista completa a Teresa Montaño y Reyna Ramírez

Este año, Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos se centra en las luchas por la defensa de la tierra y el medio ambiente, de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, del derecho a la paz, de los derechos civiles y políticos y de los derechos de las personas migradas y refugiadas.

Defensa de la tierra y el medio ambiente

El modelo actual de explotación de los recursos naturales ha provocado daños ambientales irreparables como la contaminación de los ríos y mares, el aumento de los gases de efecto invernadero o la deforestación, pero también ha expulsado de sus tierras a miles de comunidades que vivían en los territorios donde se extraen materias primas.

Desde hace años, los defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente han luchado contra los megaproyectos de economía extractiva de empresas nacionales y transnacionales que explotan los recursos de sus territorios, arrasan cultivos, ríos, mares y dejan comunidades enteras sin sus métodos de subsistencia tradicionales. A muchas personas, la lucha les ha costado la vida. Según la organización de defensa de los derechos humanos Front Line Defenders, de las 358 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en 2020, el 59% defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.

El papel de las personas defensoras es fundamental para frenar las consecuencias del cambio climático y conservar bosques y ecosistemas. Las agroempresas, la minería, la tala y el petróleo son los sectores que provocan más conflictos con las personas defensoras del territorio, a la vez que provocan la aceleración del cambio climático.

Defensa de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+

Las defensoras de derechos humanos se enfrentan a amenazas concretas por el simple hecho de ser mujeres como la violencia de género, campañas de desprestigio que se centran en su vida privada, la exclusión en la participación de las organizaciones, amenazas, ataques contra las sus familias…

Es necesario que los estados incorporen medidas de protección con enfoque de género para las mujeres y particularmente las mujeres defensoras y así garantizar su participación en todas las esferas de la sociedad. Algunos de los principales derechos que reivindican las defensoras de derechos humanos en todo el mundo son el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación a la hora de acceder a la tierra y los recursos naturales, el derecho a no ser maltratadas ni agredidas sexualmente por el simple hecho de ser mujeres, el derecho a la libertad, el derecho al aborto ya decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a un matrimonio libre y decidir sobre su vida sexual y reproductiva, el derecho a poder vivir con libertad su orientación sexual y su identidad de género, el derecho a migrar con seguridad, el derecho a la paz, el derecho a la vida política y pública, a ocupar cargos en la toma de decisiones de las organizaciones, el derecho a la educación…

En todo el mundo, las personas del colectivo LGTBIQ+ sufren discriminaciones constantes, reciben insultos, amenazas y son víctimas de agresiones físicas y sexuales. Por tanto, es importante educar en la diversidad y garantizar los derechos fundamentales de las personas del colectivo LGTBIQ+.

Derecho a la paz, derechos civiles y políticos

Los derechos civiles y políticos protegen a los ciudadanos de posibles violaciones de los gobiernos, organizaciones privadas y personas, garantizando su participación en la vida política sin ningún tipo de discriminación. Se consideran derechos civiles la garantía de la integridad física y mental de las personas, así como su vida, y la protección frente a discriminaciones por raza, étnica, género, nacionalidad, orientación sexual o religión. Además, incluyen derechos como la libertad de expresión y opinión, el derecho a la privacidad, la libertad de prensa, religión, circulación y reunión. Los derechos políticos incluyen el derecho a una tutela judicial efectiva, a un juicio imparcial, el derecho a participar en la sociedad civil y política -derechos de asociación, derecho de reunión, derecho al voto y defensa propia.

Las personas defensoras de los derechos civiles y políticos trabajan para garantizar los derechos de otras personas que luchan por vivir en sociedades más justas y equitativas y por la eliminación efectiva de cualquier tipo de discriminación.

Derechos de las personas migradas y refugiadas

La acogida europea de las personas refugiadas ucranianas en las últimas semanas es algo excepcional. Los acontecimientos de las últimas décadas, provocados entre otras causas por las desigualdades de poder entre el norte y el sur, han provocado la migración de millones de personas en todo el mundo, que se han desplazado internamente y también han alzado la vista hacia Europa y Estados Unidos para encontrar un lugar seguro donde empezar una nueva vida. En estos casos, lejos de aceptarlos, las fronteras se han vuelto más reales que nunca y los países del norte han construido muros y externalizado fronteras para evitar su llegada.

El derecho a migrar, a pedir asilo y refugiarse son derechos humanos fundamentales. La gente abandona sus países por motivos muy diversos. En algunos casos, huyen de la violencia o la pobreza extrema. En otros, deben irse porque son perseguidos por defender el territorio, por su orientación sexual o de género o por desastres naturales. Cuando llegan a un nuevo destino, muchas veces deben enfrentarse al racismo institucional y a la xenofobia y la discriminación por parte de la sociedad de acogida.

Forman parte de esta edición los municipios de Barberà del Vallès, Begues, Caldes de Montbui, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Reus, Rubí, Terrassa, Tarragona,  Viladecans, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.