Tras las protestas que estallaron el abril de 2018 en Nicaragua, un régimen cada vez más autoritario ha infligido una dura persecución y criminalización de las voces disidentes, provocando un éxodo de 725 mil personas – l’11% de la población – en estos últimos cinco años, agravado por una grave crisis económica.
Entre los nicaragüenses que tuvieron que huir del acoso e instalarse en el vecino país de Costa Rica, un grupo de defensores de derechos humanos, abogados y periodistas fundó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más con el objetivo de documentar las violaciones de derechos humanos perpetradas en Nicaragua y hacer una labor de memoria histórica que pueda garantizar un proceso de justicia y reparación y con garantías de no repetición. En “Ciudades Defensoras” conocimos a una de sus integrantes, Wendy Quintero, el pasado abril, en ocasión de la gira de primavera de la XIII edición del programa a la que fue convidada.
En mayo, el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura del mismo Colectivo publicó su octavo informe sobre la Sistematización de 158 casos de tortura en el país. Este trabajo de documentación, sistematización y análisis abarca el periodo entre 2018 y 2022 y recopila los testimonios anónimos de personas presas políticas víctimas de lo que el informe define como el “sistema de terror de Estado”.
Carlos Guadamuz, abogado nicaragüense y miembro del equipo de documentación y acompañamiento del Colectivo, es uno de los autores de dicho informe. Desde 2019 vive en Costa Rica en condición de refugiado, aunque su trayectoria como defensor de los derechos humanos se remonta al 2005, cuando era integrante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
En vuestro informe documentáis actos de torturas y practicas deshumanas llevados a cabo, entre ellos: golpizas, tratos verbales degradantes, amenazas de muerte, privación del sueño y de la alimentación, desnudez forzada y otras formas de violencia sexual. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Habéis identificado unos factures comunes?
El perfil de las víctimas es muy variado, desde candidatos presidenciales hasta periodistas, personas de la sociedad civil, campesinos, defensores de los derechos humanos, incluso hay familiares de víctimas, de personas asesinadas o que habían sido presas políticas anteriormente. Aun así, no se trata solo de opositores, ya que inclusive hubo personas vinculadas al mismo régimen, como excombatientes de las fuerzas paraestatales y funcionarios públicos. Ortega pretende de esta manera intimidar a su misma estructura: en junio de 2023, de hecho, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al código penal, a la ley de la policía nacional, en que tipificaba delitos de deserción y desobediencia, estableciendo cárceles para aquellos agentes de policías que desertaran. Se trata de una reforma muy retorcida que eliminó que el cuerpo policial fuera apolítico, apartidario, no beligerante, y que únicamente le debiera evidencia a la Constitución, aunque hoy en Nicaragua la palabra “Constitución” es sinónimo de “Daniel Ortega”, ya que esta no representa para él ningún límite a su poder, al abuso de su autoridad.
De los casos de víctimas de tortura que identificáis en el informe, 130 son hombres y 28 son mujeres. ¿Habéis averiguado alguna diferencia entre mujeres y hombres respecto a las prácticas de torturas implementadas?
Sí, las torturas han sido diferenciadas para mujeres. Al ser detenidas por motivos políticos, son sometidas a desnudez forzada, a tocamientos, a ser requisadas, a reproches, también se les dice que son malas madres por el hecho de andar metiéndose donde “no les corresponde”, es decir, reprochando que las mujeres no pueden dedicarse a los asuntos públicos, no pueden opinar sobre los problemas que le preocupan a su país. Asimismo, durante la detención, no se les garantiza el derecho a ver sus hijos y familiares, siendo estos últimos a menudo expuestos a tratamientos hostiles por parte de los funcionarios penitenciarios. Sin embargo, la discriminación de género no afecta solo a las víctimas en sí, sino también a las mujeres de los presos. En Nicaragua las mujeres son quienes en gran mayoría están al cuidado de sus hijos, por lo que, a falta de la difícil reintegración laborar de sus maridos, tienen que lidiar con las consecuencias de como alimentar a sus familias, como garantizar la educación de los hijos; todo esto recae sobre ellas.
En vuestro último informe, recopiláis los testimonios de 158 casos de víctimas de tortura. Supongo que en realidad el número de víctimas sea mucho mayor.
Efectivamente, hay un grandísimo número de personas que no han presentado su testimonio por diferentes razones, – por temor, por ejemplo, – aunque en nuestro informe no van a encontrar el nombre de las personas, sino un código que asignamos nosotros y que corresponde a un expediente interno. Además, el hecho que una persona denuncia en Nicaragua la expone a ser criminalizada: desde 2020, la Asamblea Nacional ha sido una fábrica de leyes represivas, que ha impuesto delitos y penas a las personas que se atreven a hablar.
¿A qué país suelen emigrar las víctimas? ¿Y en qué condiciones viven?
En Costa Rica y en Estados Unidos hay un importante número de nicaragüenses, aunque el sistema de refugio desafortunadamente no se encuentra respondiendo a los estándares que esperamos. Algunos también emigran hasta Europa, aunque se trata de un menor número, ya que muchos no tienen la capacidad económica para ir hasta allí. Tanto en Costa Rica, por las condiciones socioeconómicas y las restricciones legales, así como en Estados Unidos, donde hay un obstáculo adicional debido al idioma, el proceso de superación, de saneamiento y de reinserción en la vida comunitaria tras la tortura no se facilita de ninguna manera. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, algunas de las personas encarceladas o víctimas de torturas que llegaron desde 2018 no han recibido aún ni siquiera una resolución que se les apruebe que son refugiados. Para acceder a la categoría de refugiado tienen que pagar, tienen que demostrar que un patrón los va a contratar y que este cumpla con todos los estándares de legalidad. Se trata de condiciones que son realmente incompatibles con la capacidad material, con la situación de una persona que ha sido sometida a tortura.
¿Entonces que las víctimas reciban atención psicosocial es casi imposible?
Sí, es bastante difícil porque para recibir atención se tiene que tener vivienda, tener alimentos, tener acceso a la salud. Estos tres elementos no se cumplen de forma inmediata, ni en Costa Rica, ni en Estados Unidos. Por eso viven en condiciones preocupantes; las secuelas que dejan las torturas les impide retomar sus actividades cotidianas más sencillas, como dormir o poder concentrarse.
Tras la publicación del informe, ¿habéis recibido algún tipo de amenaza, por parte del gobierno nicaragüense o de algunas personas vinculadas al régimen?
Ha habido amenazas, ha habido ataques a nuestra página web y descalificaciones a nuestro equipo. Hemos tenido algunos incidentes a los cuales sin embargo no quisiera referirme por cuanto pudiera afectar la seguridad de algún miembro del equipo.
¿Qué tipo de impacto deseáis tener con este informe? ¿A quién está dirigido?
Este informe es un esfuerzo de memoria histórica y está dirigido en primer lugar al pueblo nicaragüense, con el objetivo de dar testimonio de todos los abusos perpetrados, de los crímenes de lesa humanidad, que, en el caso concreto del informe, son las torturas. Queremos denunciar que la tortura se ha institucionalizado en Nicaragua; Daniel Ortega la ha vuelto común en la vida cotidiana de los y las nicaragüenses. De igual manera, el informe está dirigido a la comunidad internacional, para que sepa que ocurre en Nicaragua, y a los gobiernos, para que estos definan sus políticas de relaciones exteriores tomando en cuenta que Nicaragua es un estado de excepción que comete crímenes de lesa humanidad incluyendo la tortura, suficientemente documentada. También instamos a los gobiernos democráticos a que reúnan esfuerzos para encausar a Nicaragua hacía el respecto de las obligaciones que el país ha asumido a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Nicaragua quiere libertad, quiere democracia, Nicaragua quiere tener una Constitución política. En mi país impera un silencio absoluto en el que las personas no pueden hablar, levantar la voz. Entonces esperamos que este informe sea útil para que todos los sectores políticos sean conscientes que Daniel Ortega está dispuesto a utilizar todos los recursos y bienes del Estado y que no representa ningún pensamiento ideológico, es una dictadura de “todo por el poder”.
