Maria Sol Taule es una abogada filipina que defiende legalmente a personas que no tienen recursos económicos para pagar un acompañamiento jurídico, especialmente activistas y defensoras y defensores de derechos humanos criminalizados desde las instituciones del Estado. Licenciada en Derecho y en Administración Pública y Gobernanza por la Universidad Politécnica de Filipinas, Maria Sol Taule trabaja desde el año 2011 con Karapatan, una alianza de organizaciones, colectivos y programas que defienden los derechos humanos.
Karapatan monitorea y documenta violaciones de derechos humanos, proporciona asistencia a las víctimas e impulsa acciones de formación y sensibilización. En un contexto de intensa represión, las caras visibles de la organización reciben a menudo ataques y amenazas de muerte, y en la oficina de la entidad se han vivido varios incidentes. Taule, por su parte, ha recibido ataques a través de Internet, sobre todo en las redes sociales. Son trols y personas usuarias de Facebook que, según explica la activista, tendrían vínculos con el ejército. Acusan a Taule de defender legalmente rebeldes, comunistas y terroristas
Además de Karapatan, Taule desarrolla su tarea de defensa de los derechos humanos a través de la National Union of People’s Lawyers (NUPL, Unión Nacional de Abogados y Abogadas Populares). Se trata de una organización de defensa de los derechos humanos, de alcance estatal, formada por estudiantes de Derecho y profesionales de la abogacía y la justicia. Taule se unió a la NUPL cuando estaba en la facultad de Derecho y, como asesora legal de Karapatan, trabaja en estrecha relación con la organización cuando se dedica a casos que incluyen violaciones de derechos humanos.
Además del ejercicio de la abogacía, Taule es también artista. Muchas de sus obras están ligadas a su tarea de defensa de los derechos humanos. “Es una herramienta muy efectiva para exponer y expresar cuestiones de una manera diferente”, explica.
Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, desde que Duterte asumió el cargo en 2016, su “guerra contra las drogas” se ha cobrado entre 20.000 y 30.000 vidas en asesinatos extrajudiciales. Las cifras oficiales, otorgadas por su administración, hablan de unos 6.000 muertos en el marco de las operaciones antidroga. En este contexto, una de las funciones principales de Karapatan es la de documentar todas las desapariciones sospechosas y estos asesinatos. Maria Sol explica que: “En Karapatan tenemos 14 oficinas regionales, desde donde documentamos las desapariciones y los asesinatos. Lo hacemos desde terreno. Una vez conseguimos la información, cruzamos los datos para dar con patrones. Por ejemplo, muchos de los asesinatos los llevan a cabo desde motocicletas: siempre son dos personas: una conduce y la que va de paquete tirotea. También sabemos que muchas de las personas a quienes han matado, antes han estado red-tagged y previamente sus caras han aparecido en pósteres en las redes sociales. Hablamos de personas que habían sido acusadas de terroristas previamente a su asesinato”.
El 2017, el gobierno filipino rompió las conversaciones de paz on el Frente Nacional Democrático y ahora, junto con el New People’s Army y el Partido Comunista de las Filipinas son considerados organizaciones terroristas. En marzo del 2018, el país dejó de ser miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Como colofón final a su tarea de gobierno, en 2020 Duterte aprobó una nueva Ley Antiterrorista, que acorta los procesos judiciales y hace que todo el mundo sea susceptible de ser acusado de terrorismo. Solo hay que estar mínimamente relacionado con una de estas organizaciones para ser red-tagged.
El 2021 el Tribunal Penal Internacional empezó a investigar las masacres llevadas a cabo por la administración Duterte. Fue en junio de aquel mismo año que la fiscal Fatou Bensouda publicó unos resultados de su investigación preliminar sobre la guerra contra las drogas. En el informe se concluía que había bases razonables para determinar que en las Filipinas se han cometido crímenes contra la humanidad. En estos momentos se está investigando a Rodrigo Duterte, a la Policía Nacional de las Filipinas y a los militares y la Agencia de Control de Drogas. Maria Sol Taule confiesa que tiene muchas esperanzas respecto a estas investigaciones y está segura de que el presidente filipino, a punto de irse del cargo, será juzgado a medio plazo.
Por su parte, Duterte ya ha asegurado que como que no forma parte de la Corte Penal Internacional, esta no tiene jurisdicción sobre el país y, por lo tanto, cooperará con la investigación. Considera la investigación “ilegal”, pero lo cierto es que la Corte Penal Internacional está investigando hechos que pasaron antes de que el país abandonara el Estatuto de Roma y, en consecuencia, se puede continuar investigando. De hecho, en el estudio también están incluidos asesinatos que se produjeron en Davao cuando Duterte era alcalde.
El 9 de mayo hay programadas unas elecciones cruciales que pueden determinar el rumbo del país. El actual mandatario no se puede presentar a la reelección —la Constitución lo prohíbe— pero sí que se presenta su hija, Sara Duterte, actual alcaldesa de Davao, como vicepresidenta, en tándem con Ferdinand «Bongbong»Marcos, hijo del exdictador filipino Ferdinand Marcos, que gobernó el país asiático desde 1965 y hasta 1986. Para Maria Sol Taule, la victoria de este tándem sería una pésima noticia para el país, puesto que dificultaría el diálogo y se pondrían muchas trabas a la investigación de la Corte Penal Internacional.
¿Cómo decidiste convertirte en una abogada para la gente que no puede permitirse pagar una?
Cuando estaba en la facultad de Derecho, tenía una visión clara: acabaría mis estudios y dedicaría mi práctica jurídica a las personas que no pueden pagar los servicios de un abogado o abogada, especialmente en los casos en que sus derechos son vulnerados por parte del Estado. Mi toma de contacto con los problemas sociales de Filipinas desde que era una estudiante universitaria y mi compromiso con los movimientos sociales influyeron considerablemente en mi decisión de dedicarme a la abogacía popular. Esto implica defender a clientes no solo en las salas de los tribunales, sino también en las calles y en cualquier otro lugar donde reclamen justicia.
¿Cómo ha cambiado tu trabajo desde la llegada al poder de Duterte, en 2016?
La Administración Duterte no ha estado haciendo nada diferente de administraciones anteriores en cuanto a la puesta en marcha de programas de contrainsurgencia, que realmente tienen como objetivo a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Lo que ha cambiado durante su mandato es que el gobierno se ha vuelto más sistemático y atroz, porque ha estado utilizando las instituciones del Estado para perseguir a las personas percibidas como enemigas: asesinándolas o sometiéndolas a acoso judicial, con acusaciones y denuncias falsas.
La criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos es una práctica habitual.
Muchas personas defensoras de los derechos humanos en Filipinas se enfrentan a acusaciones falsas. Sus nombres son incluidos en los registros judiciales, alegando que están implicadas en enfrentamientos armados entre las Armed Forces of the Philippines (AFP, el ejército de Filipinas) y la New People’s Army (NPA, guerrilla comunista). Las autoridades también están llevando a cabo registros ilegales de las sedes de organizaciones progresistas, colocando pruebas falsas como armas de fuego y explosivos, y deteniendo y encarcelando a las personas de estas entidades.
Una de las prácticas habituales de la administración Duterte ha sido el red-tagging.. ¿En qué consiste?
No hay una definición universal y exacta, pero podríamos decir que el red-tagging consiste en la difamación, la desacreditación o el desprestigio de cualquier persona que piense diferente a lo que marca el gobierno. Se utiliza como arma para acallar a los activistas y los disidentes.
¿Ha aprovechado Duterte el contexto de crisis ocasionada por la Covid-19 para cerrar el país? ¿Cómo os ha afectado la pandemia?
Filipinas fue uno de los últimos países en cerrar las fronteras porque al inicio de la pandemia Duterte era negacionista. Cuando vio como empezaba a afectar al país, decidió cerrarlo. Antes de la pandemia, su administración siempre estuvo preocupada por la entrada de gente extranjera como periodistas, defensores de los derechos humanos u observadores internacionales. En cuanto a la pandemia, somos uno de los países que dedica menos dinero a la sanidad y esto ha sido un problema. La administración ha tenido que subcontratar los servicios de otros gobiernos para hacer frente a la crisis. Esto ha hecho que la deuda haya aumentado considerablemente. La gente ha sufrido y todavía hay quién pasa hambre y quien no tiene trabajo. Por suerte, las comunidades han trabajado mucho y se han creado redes de solidaridad conformadas por voluntarios que se han extendido como setas y que han ayudado a apaciguar la situación de algunas familias.
Recientemente, se ha cerrado uno de los medios más grandes del país, el ABS-CBN. En Karapatan habéis manifestado la preocupación que esto os ocasiona y habéis condenado la escalada de violencia contra los y las periodistas en el marco de las próximas elecciones.
Los periodistas son uno de los colectivos que ha experimentado, durante estos años, un riesgo más grande. Muchos de ellos tienen causas criminales abiertas y otros han sido arrestados. Esto ha sucedido de manera sistemática. Ha habido un ataque frontal al derecho a la información y a la libertad de expresión.
Duterte ganó en 2016 con una amplia mayoría. ¿Ha cambiado su imagen a ojos de la ciudadanía?
La imagen de Duterte como hombre fuerte ha ido desapareciendo durante estos años; de hecho, mucha gente ha quedado muy decepcionada con su gestión. Él ganó porque es un populista que se mostró como un ciudadano corriente y porque usa un lenguaje que apela al pueblo. No se presentó como los políticos tradicionales, que habitualmente son grandes tenedores de tierras.
Su discurso se hizo muy popular, pero el número de asesinatos de su guerra contra las drogas ha hecho que su imagen se resintiera, sobre todo en Manila y sus alrededores. Es curioso porque fue la gente más empobrecida quién votó masivamente por Duterte y estos han sido principalmente su blanco.
¿Qué papel han jugado la policía y el ejército?
En la guerra contra las drogas, los agentes siguen órdenes que vienen de más arriba. l gobierno los responsabiliza de lo que ha pasado, pero en última instancia los responsables son los altos cargos. Todo esto se ha hecho con una absoluta impunidad y ahora el gobierno quiere cambiar y controlar la narrativa.
¿Cómo habéis trabajado en Karapatan con la nueva Ley Antiterrorista?
Desde que se puso en marcha, hemos documentado varios casos de personas activistas a quienes se les ha aplicado. Hemos pedido a la Corte Suprema que revise los casos. El hecho es que esta ley se utiliza contra todo el mundo y es una herramienta muy conveniente y útil para etiquetar a activistas y disidentes de terroristas, porque es una ley muy amplia y muy interpretable.
¿Cómo ves las próximas elecciones? Son muy importantes para el país.
Sí, y tenemos fe y no perdemos la esperanza. Cruzamos los dedos para que no gane el tándem “Bongbong” Marcos-Sara Duterte. Evidentemente, si ganan estas dos personas, las investigaciones irán mucho más lentas, porque claro, ¿quién quiere poner a su padre entre rejas? Es por eso que las elecciones de mayo son cruciales.
¿Qué dicen las encuestas?
Las encuestas dicen que Leni Rubredo, la actual vicepresidenta, podría ganar los comicios, pero hace poco se publicaron unas informaciones que aseguran que hay mucha diferencia entre ella y Marcos. Este último ganaría y obtendría el 60% de los votos ante el 16% de Rubredo. A pesar de que ponemos en entredicho los resultados de estas intenciones de voto, sí que vemos que la ciudadanía está mostrando cierta simpatía por Marcos, quien hace tiempo que piensa en volver al poder.
¿Este es el peor escenario?
Si. Si gana Rubredo, puede ser que se reabra el diálogo y su administración esté dispuesta a cambiar de rumbo. Esto no se producirá si Marcos gana las elecciones. Esta familia todavía tiene casos pendientes y han sido sentenciados por temas de drogas y corrupción. No han devuelto el dinero que robaron en el país.
¿Crees que se podría abolir la Ley Antiterrorista?
Tenemos la sensación de que las violaciones de derechos humanos en el país continuarán y que la ley no desaparecerá, sino que se continuará aplicando contra disidentes y activistas, entre otros.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional para contribuir con los defensores y defensoras de derechos humanos en Filipinas?
La comunidad internacional tiene que apoyar al llamamiento para que se haga una investigación independiente sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas. Es muy importante que se presione al gobierno para que pare los ataques contra la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos. Y más importante todavía, la solidaridad de otros pueblos y el apoyo de la comunidad internacional a las personas defensoras de los derechos humanos y sus comunidades son fundamentales para levantar los ánimos y que sientan que no están solas cuando buscan paz y justicia en medio de ataques y represión.
Eres muy aficionada al arte y en tu tiempo libre pintas con acuarela. ¿Cómo se puede hacer activismo desde el mundo de la cultura?
Actualmente, formo parte de un grupo de artistas que hace campaña contra Duterte y Marcos. Hacemos exhibiciones en línea para mostrar la lucha del pueblo filipino y es ahora cuando me estoy empezando a introducir en la escena artística del país. Pienso que desde el arte se puede hacer mucha crítica, pero hace falta más organización.
