«Muchas personas no dicen que fueron parte de las FARC porque tienen miedo de perder sus empleos, sus vidas»

Natali González Arce nació en 1983 en Cali. Neuropsicóloga clínica y social, feminista, entre 2020 y 2022 fue subsecretaria de Derechos Humanos y Construcción de Paz en la Alcaldía de Cali. Natali es activista del Observatorio de Gestión de Conflictos y Construcción de Paz (COBSEPAZ), fundadora de PSICOPAZ, organización centrada en la salud mental y el conflicto, y forma parte de la dirección regional en Cali de Comunes, formación política heredera de las FARC. Antes, desde la juventud, fue agente clandestina del aparato político-social de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la histórica guerrilla que en 2016 firmó un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano.

Hija única de un padre tapicero y de una madre dedicada a la sabiduría ancestral y el misticismo, Natali creció en Cali, una ciudad del suroccidente de Colombia de la que dice que es «punto de encuentro del mestizaje de las comunidades indígenas y afro». En un entorno de clase media-baja, desarrolló una profunda conciencia política y, a los 15 años, en un contexto marcado por el conflicto, empezó su vínculo con las organizaciones sociales y la justicia social. Un año más tarde ya era vicepresidenta de una junta comunal en un barrio de Cali.

«En una ocasión, tuve un desayuno con [el expresidente] Uribe Vélez. Nos juntaron a los comuneros. Entonces yo no sabía si era de derecha o de izquierda, pero en ese desayuno pude ver cómo esa clase política se organizaba, cómo atribuía los problemas de seguridad a los jóvenes con los que yo trabajaba y que, con el tiempo, serían asesinados», recuerda de una época marcada en su conciencia por el asesinato del humorista Jaime Garzón en 1999.

Fue en ese momento cuando Natali entendió de qué lado estaría en el conflicto en Colombia. Eligió la izquierda radical como forma de defensa de la vida y se unió a las juventudes comunistas para, más tarde, formar parte del movimiento clandestino de impulso bolivariano de las FARC y convertirse en militante del PC3 o Partido Comunista Clandestino Colombiano. Sus acciones fueron perseguidas por las autoridades, y por eso tuvo que llevar una doble vida. «Mientras llevaba mi vida clandestina, estudié mi grado en Psicología y me especialicé en neuropsicología y en acompañamientos psicosociales en contextos de guerra o inseguridad», explica.

Como no fue guerrillera, el proceso de paz alcanzado en 2016 no abarca su caso. Sin embargo, la firma supuso un cambio crucial en su vida: pudo dejar a un lado la clandestinidad y acabar con las vidas paralelas. Ahora, su identidad pública es clara, concisa, transparente. Una personalidad que derriba estigmas que todavía acompañan a las exintegrantes de la guerrilla y que demuestra que, a pesar de las dificultades, sí es posible integrarse en el sistema que se quiere transformar. Eso sí, advierte, no es fácil, sobre todo si se es mujer.

«Nada de lo que estamos hablando puede entenderse fuera de los privilegios. Yo no tuve experiencias de violencia de género, pero la participación de la mujer en política debe verse en función del privilegio», insiste en reflexionar Natali, y recuerda: «La participación ha estado históricamente copada por los intereses del patriarcado, que dice que, si tenemos cierto liderazgo o rango, es por ser las mozas de los comandantes. Pero no es así: las mujeres que nos vinculamos a las organizaciones no fuimos ni cegadas ni engañadas, sino que lo hicimos por convicción. En Cali, muchas mujeres formábamos parte de organizaciones del movimiento bolivariano en las que no se nos incluía, sino que liderábamos».

Colombia, cuando la paz está marcada por la violencia

En 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC) firmaron un acuerdo de paz que ponía fin al conflicto armado iniciado en 1964 y que ha dejado alrededor de 120.000 víctimas. Esta paz, llena de imperfecciones, disidencias y represalias, cumple diez años en este 2026. Y aunque las FARC se han disuelto y la mayoría de sus militantes ha iniciado un proceso de integración en la sociedad, la violencia sigue marcando la vida de las personas en Colombia. En regiones como el Cauca o el Guaviare, la situación incluso ha empeorado, marcada ahora por grupos armados que se disputan el vacío dejado por las FARC.

Principalmente, estos grupos armados están formados por las fuerzas disidentes de las FARC, los paramilitares relacionados con el Estado, los militantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y los grupos criminales aliados del narcotráfico. Dependiendo de la región de Colombia, una facción tiene más o menos presencia, aunque en todos los casos quieren hacerse con el territorio para controlar actividades ilícitas como el cultivo y tráfico de cocaína o la extracción de recursos minerales como el oro. En muchas partes del país, como el Estado no existe, son ellos quienes ejercen de verdadera autoridad, a veces creando un enjambre de alianzas frágiles susceptibles de escalar rápidamente en violencia extrema. Y quienes más sufren esta violencia son los habitantes de esos territorios y los defensores de los derechos humanos.

Así, según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), solo en 2025 «fueron asesinadas 187 personas que ejercían algún tipo de liderazgo social o labor de defensa de los derechos humanos en Colombia. Esta cifra representa un aumento de 14 asesinatos frente a 2024 e iguala los niveles de violencia alcanzados en 2022, año marcado por las elecciones presidenciales». Aunque no se llega a los niveles de los peores años del posconflicto, de 2018 a 2020, bajo la presidencia de Iván Duque, todavía persisten las escaramuzas, que sobre todo afectan a la población que habita en las zonas rurales, donde la autoridad del Estado se diluye tanto que prácticamente no existe. Reflejo de este desamparo, ni siquiera las representantes políticas son libres; este febrero Aida Quilcué, senadora y defensora del Cauca, fue secuestrada durante unas horas. Por eso, las personas huyen. Solo en 2025, INDEPAZ cuantificó en más de 100.000 las personas desplazadas por el conflicto. En pleno proceso electoral en este 2026, pocas personas consideran que el nuevo presidente colombiano vaya a cambiar esta dinámica enquistada desde hace décadas en Colombia.