Pedro Bermeo, nacido en 1991 en Quito, Ecuador, es coordinador legal y portavoz de YASunidos, colectivo formado en 2013 con el fin de organizar una consulta popular sobre la explotación de petróleo en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní. Pese a ser urbanita, desde la infancia ha estado muy ligado a los entornos naturales, descubriendo la importancia de preservar el medio en el colegio alternativo Pestalozzi, en las rutas en familia en bicicleta, en los consejos de un abuelo alpinista o en los sectores de escalada en el Cojitambo. Una relación estrecha que pasó a ser umbilical en 2013, cuando la vida de Pedro Bermeo cambió considerablemente.
“Estaba llevando a cabo un proyecto de fotografía de áreas protegidas en el Ecuador cuando en 2013 se decidió explotar el Yasuní. En ese momento, me dedicaba a la fotografía, pero más adelante, por los problemas que teníamos ante la falta de abogados, la asamblea de YASunidos me pidió que estudiase Derecho, disciplina que nos permite lograr cambios pequeños, lentos, pero que acompaña a otros campos organizados”, recuerda este fotógrafo y abogado por coyuntura sobre la toma de decisiones de esta organización horizontal que, actualmente, y siguiendo el ecologismo popular, lucha por causas sociales y medioambientales más allá del Yasuní.
YASunidos nació en 2013 en oposición al proyecto de extracción de petróleo del bloque 43, el último de una serie de pozos que comenzaron a establecerse en el Parque Nacional Yasuní desde que en 1985 se licitó el primer bloque, el 16. Los integrantes de esta organización esgrimían dos motivos para oponerse al proyecto: los efectos adversos en el medioambiente y el riesgo de contacto con comunidades en aislamiento reportadas en la zona. Por ello, iniciaron un proceso de recolección de firmas para llevar a cabo un referendo. Consiguieron 757.000, muchas más de las necesarias, pero más de 400.000 fueron rechazadas por las autoridades electorales, que alegaron fallos en la forma por el gramaje del papel, el código o el documento de identidad. Esta situación dio paso a un proceso legal por varias instancias que no se resolvería hasta una década después, en 2023, cuando la Justicia dio la razón a YASunidos: validó sus firmas y, por tanto, se organizó el referendo sobre la explotación petrolera del bloque 43 en el Yasuní.
Violencia, desamparo y extractivismo en la Amazonía ecuatoriana
El Parque Nacional Yasuní, creado en 1979, abarca 10.300 km2 en el oriente de Ecuador, en las regiones de Pastaza, Napo y Orellana. Si se le suman los 17.267 km2 de zonas indígenas y medioambientales protegidas, los 27.567 km2 resultantes conforman la extensión considerada Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1989. Este territorio, conocido como el Yasuní, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, y da cobijo a más de 2.000 especies de árboles, 204 mamíferos, 610 aves, 121 reptiles y 150 anfibios. Habitado desde tiempos inmemorables por pueblos indígenas, actualmente cuenta con la presencia de más de 400 comunidades nativas: Waorani, Kichwa y Sapara constituyen los principales grupos en un territorio en el que también habitan pueblos Tagaeri y Taromenane que aún no han sido contactados.
Este entorno idílico, sin embargo, está marcado por siglos de violencia y expolio. Primero fue el genocidio cometido por los españoles; luego fueron las masacres de los Estados independientes —que promovieron conquistas feroces de la selva como las de los caucheros—; y finalmente, en el presente, son las estructuras del crimen organizado que controlan el territorio y tienen amedrentadas a las comunidades; una violencia soterrada, menos explícita pero igual de impune, en la que se asesina a quienes se oponen a un sistema extractivista.
En este contexto, en la Amazonía las comunidades nativas están desperdigadas en pequeñas poblaciones que son generalmente accesibles solo a través de ríos y vías fluviales que permiten recorrer esta maraña de naturaleza a la que el ser humano aún no ha conseguido dominar. En la mayoría de casos, las poblaciones carecen de acceso a servicios básicos como agua potable, y las infraestructuras son tan básicas que, cuando hay lluvias intensas, los daños son considerables. Además, salvo unas pocas comunidades perseverantes, las personas han sido ‘obligadas’ a dejar a un lado su forma de vida, sus trabajos y tradiciones, para ser una pieza más en el engranaje de las actividades extractivas que, impulsadas por el Gobierno y los narcotraficantes, contaminan el territorio. La Amazonía da mucho: minerales, madera, petróleo, frutas… Pero recibe muy poco a cambio.
Por desgracia, esta situación se replica en el resto de países de la Amazonía. Países que son incapaces de ejercer la autoridad en sus propios territorios. Es el caso de Ecuador, un Estado plurinacional que reconoce los derechos de la naturaleza en su Constitución, pero que vive sumido en una creciente ola de violencia: hasta relativamente poco era uno de los países más seguros de Latinoamérica, pero ya no solo no lo es, sino que, sin contar el agujero negro que es Haití, encabeza las estadísticas de muertes violentas en la región. El Gobierno de Daniel Noboa prometió resolver la situación valiéndose de la mano dura y la ayuda de Estados Unidos, pero la estrategia no está funcionando y, en el camino, los derechos y libertades de la sociedad están siendo coartados por los constantes estados de excepción.
En 2024 tendría que haberse comenzado a implementar la resolución del referendo. Sin embargo, Daniel Noboa dice que hay que esperar al menos hasta 2029. ¿Por qué no se implementa la voluntad popular?
Primero, debo decir que todos los presidentes en su campaña se pronunciaron a favor del Yasuní, pero cuando llegaron al poder hicieron lo contrario. En estos 13 años de lucha, todos han hecho exactamente lo mismo. Ahora, en este momento se está incumpliendo flagrantemente un mandato popular de obligado e inmediato cumplimiento según la Constitución. Tras el referendo, el Gobierno tenía un año para retirarse de forma progresiva del bloque 43: tenía que suspender la extracción y luego continuar con el retiro ordenado de los pozos. No lo ha hecho. Daniel Noboa dice que tiene que haber un declive natural de los pozos que tomará entre 5 y 12 años. No es un argumento válido, y hemos presentado una acción ante la Corte Constitucional, que tiene el caso en el congelador porque está amenazada por el Gobierno. En este proceso, lo que más escuece es que, cuando se inició la consulta en 2013, no había ni un solo pozo allí. Precisamente, por violar nuestros derechos de participación estamos hoy en esta situación en la que hay que retirar los pozos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dado la razón a YASunidos. ¿En qué situación se encuentra esta causa paralela al referendo?
El Yasuní es un territorio gigantesco, con más de un millón de hectáreas, desde el río Napo hasta el Curaray. Es un territorio mucho más grande de lo que es reconocido como Parque Nacional Yasuní. Aquí se encuentra el bloque 43, que representa el 20% del petróleo del país, de las reservas probadas, un petróleo extremadamente pesado, difícil de extraer. En el parque, la zona intangible es como una franja de amortiguamiento, una buffer zone, que existe por la presencia de pueblos en aislamiento. Allí no se puede explotar el petróleo. La cuestión es que los pueblos están más allá de la zona intangible, como se ha demostrado en la Corte Interamericana. Por eso, según su sentencia, el Estado tiene que crear una comisión en la que los demandantes seamos parte para así poder ampliar la zona intangible a todos los lugares donde ha habido presencia comprobada de pueblos aislados: en el bloque 43, pero también en el bloque 31, en el 16, en el 55 y en otras zonas del Parque Nacional Yasuní. Aún estamos esperando este paso.
Tras más de una década de lucha, ¿cómo valora la evolución del extractivismo en el Yasuní?
De alguna manera, todas las protestas y la consulta popular han servido para frenar el extractivismo. Desde 2023, no hay nuevos pozos en el bloque 43, y otros que estaban proyectados en la franja de amortiguamiento tampoco se están haciendo. Esa es una victoria muy concreta. Creo que, si YASunidos no hubiera llevado a cabo esta lucha, esto no se habría conseguido. Además, se ha reducido considerablemente el interés en explotar la zona; las empresas se dan cuenta de que no es rentable explotar un territorio donde hay una ciudadanía organizada en contra que ganó una consulta popular con el 60% de respaldo, y digo 60 y no 58, porque ganamos con el 60, pero no se contabilizó el voto exterior.
16 comunidades del Yasuní votaron a favor de continuar la explotación. ¿Quiénes son esas personas y por qué aceptan la presencia de las economías extractivas?
Mi tesis investiga por qué las comunidades más empobrecidas votan a favor de proteger el Yasuní, mientras que las élites económicas votan en contra. Las personas más empobrecidas entienden el valor de los bienes comunes, y defienden la vida, la naturaleza. Pero existe la excepción, evidentemente, que pasa específicamente en Sucumbíos y Orellana, que son las provincias petroleras por excelencia. Son provincias con una población muy reducida en donde hay muchísima migración petrolera, personas que viven en esta zona por las actividades extractivas. Evidentemente, van a cambiar el resultado de la votación. Por otro lado, existe una relación de dependencia del petróleo. El bloque 16 está controlado totalmente por la petrolera: la electricidad, el sistema de recolección de basura y los pocos trabajos que hay los pone la petrolera. Básicamente, existe un control absoluto sobre las poblaciones. Más allá, ya van más de 50 años explotando sus territorios, y las personas ya no pueden vivir de la cacería, ni siquiera consumir agua de los ríos porque están contaminados. En esta lógica extractiva, les robaron la posibilidad de mantener una relación con la naturaleza y ahora dependen de la actividad extractiva. Por lo tanto, su bien común ya no es la naturaleza, sino el dinero de las petroleras.
¿Hay diferencias entre la izquierda de Rafael Correa, quien inició la explotación del bloque 43, y la derecha de Daniel Noboa?
El país es extremadamente dependiente del extractivismo y los gobiernos de izquierda y derecha han mantenido esta razón de ser extractivista. Vivimos en un sistema capitalista en el que, de alguna manera, el petróleo y la minería son la sangre del capital. Sin embargo, es importante reconocer que hay una gran diferencia entre la época de Correa y lo que está pasando ahora mismo en Ecuador. Somos un colectivo de izquierda y, pese a las críticas a la política extractivista, reconocemos los aciertos del correísmo en derechos sociales, educación o salud. En este momento, en cambio, está llegando el fascismo. La familia más rica del país (por Noboa) está en el poder perdonándose las deudas, pero más allá de eso, en el tema extractivo, el grupo Nobis tiene proyectos mineros vinculados a empresas canadienses y otras transnacionales en los que están obteniendo permisos irregularmente, sin consulta previa libre informada, sin consulta ambiental, violando flagrantemente derechos de pueblos y nacionalidades. Entonces, hay diferencias.
Además, para los defensores de derechos humanos la situación es delicada. Acaban de matar a Monika Silva, una activista europea que denunciaba casos de corrupción y medioambientales. A Eduardo Mendúa, uno de los dirigentes de la [organización indígena] Conaie, lo asesinaron
en 2023. Como ellos, hay muchos casos más. Vemos cómo el nivel de violencia va aumentando, y hay un vínculo evidente entre el Gobierno actual y el crimen organizado, incluso el narcotráfico. Al mismo tiempo, como Noboa controla todos los poderes del Estado, existe una nueva dinámica persecutoria: perseguir a líderes de organizaciones sociales, bloquear cuentas bancarias, iniciar procesos legales. Por ejemplo, un compañero de YASunidos está denunciado por un delito de financiamiento del terrorismo. Aparte, el colectivo ha sido perseguido a través del Tribunal Contencioso Electoral, que nos impuso una multa de 18.000 dólares por 39 centavos que correspondían a un recargo bancario que supuestamente reportamos ‘incorrectamente’.
