Rubén Moreno nació en 1977 en Chiapas, México, y lleva más de 20 años trabajando en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Actualmente en el área de Incidencia Internacional, que es según él «un puente entre lo local y lo global», documenta, investiga y denuncia las violaciones de los derechos humanos en Chiapas para, de este modo, legar un relato fidedigno de la memoria histórica que honre a las víctimas y a sus familiares.
Rubén es originario del municipio de Nicolás Ruiz, que los mayores conocen como San Diego de la Reforma, nombre religioso que fue cambiado por otro más acorde con el relato identitario y revolucionario del México moderno. Un territorio complementado con un campo generoso que provee de legumbres, maíz o calabazas y que, desde hace décadas, sus habitantes intentan proteger de grupos organizados en connivencia con el Estado.
La familia de Rubén siempre lo animó a estudiar, pero en ese entorno enturbiado él tuvo que aprender primero a resistir. De joven, entre 1994 y 1998, vivió la lucha por recuperar el territorio que encabezaba el zapatismo pero que emularon personas anónimas de pueblos como Nicolás Ruiz. «En 1994, el pueblo se animó a cambiar la relación con el Estado. No eran zapatistas, pero, en asamblea, el pueblo acordó recuperar sus propias tierras», recuerda Rubén. «Sufrimos asesinatos y encarcelamientos. En el 96, el Ejército asesinó a tres habitantes de nuestro pueblo. Entonces esa lucha ya no era solo por las tierras, sino también por la impunidad y la memoria histórica. En el 98, cuando las tierras estaban recuperadas, una minoría de 23 familias con vínculos con el Estado quiso acabar con nuestra autonomía; se inventaron que el pueblo estaba sitiado para que interviniera el Estado, cosa que hizo el 3 de junio del 98. Yo estaba allí. Se llevaron presos a muchos compañeros y a una mujer. Entonces entendimos que teníamos que organizarnos. Tenía 22 años», rememora quien acompañó a los presos políticos de su pueblo en ese proceso.
Fue entonces cuando muchos habitantes empezaron a formarse en derechos humanos para contrarrestar las acciones ilegales del Estado y de otros grupos armados. «De repente, ya no solo documentábamos un pueblo, eran muchos», recuerda quien, después de terminar Derecho en 2006, empezó a trabajar en el Frayba. «Desde aquí podemos aportar lo que hemos aprendido de la lucha a nuestros pueblos, para que otros pueblos se organicen y defiendan los derechos humanos», dice Rubén sobre una organización de referencia que, ligada a la acción diocesana católica de paz, justicia y dignidad, fue establecida en 1989. Desde entonces, en Chiapas se documentan y litigan violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones o la negación del derecho al territorio de los pueblos originarios en lo que define como «conflicto armado no resuelto en Chiapas».
Chiapas, la lucha constante por el control territorial
Chiapas, de 73.311 kilómetros cuadrados de extensión, es un estado del sur de México fronterizo con Guatemala. Cruce de caminos que es uno de los epicentros de la ruta migrante que atraviesa Centroamérica, es también bastión del movimiento anticapitalista y comunitario encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como de otros grupos comunales y asamblearios sin más afiliación que la propia comunidad o la localidad en la que habitan.
Chiapas es una zona militarizada, donde hay más de un centenar de cuarteles de fuerzas armadas y existe una disputa por el control territorial. Entre 1994 y 1999, la confrontación dejó personas desaparecidas y muertas, la mayoría a causa de la violencia ejercida por grupos paramilitares contrainsurgentes aliados del Estado encabezado entonces por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fueron los años de plomo del conflicto. Aunque los habitantes pudieron mantener sus territorios, la violencia continuó a otra escala, con nuevas formas de contrainsurgencia que se asemejan a una guerra de desgaste dirigida por el Estado, que se apoya en grupos armados y criminales con alianzas complejas y proclives a estallar en altercados de violencia extrema.
Estas alianzas implican a empresarios, políticos y grupos armados que buscan generar una sensación de inseguridad e ingobernabilidad para justificar la presencia militar en Chiapas. Una manera de hacer política que no ha cambiado con los gobiernos progresistas del partido Morena: primero con Andrés Manuel López Obrador y, actualmente, con Claudia Sheinbaum.
Así, esta violencia estatal o paraestatal tiene un alto coste que pagan las comunidades que habitan Chiapas. Según los datos recogidos por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Chiapas, entre 2020 y 2023 desaparecieron 1.045 personas, de las cuales 397 todavía seguían sin ser encontradas en 2023. Una problemática histórica en todo el país, donde se estima en más de 128.000 las personas desaparecidas entre 1952 y 2025, de las cuales el 90% son posteriores a 2006. Un drama que, lejos de solucionarse, se agudiza, al menos en Chiapas, donde, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre 2019 y 2022 las desapariciones aumentaron un 358%, hasta alcanzar las 244 en 2022. Además, entre 2010 y 2022 el Frayba ha documentado 16.755 personas desplazadas, con un incremento preocupante de la violencia durante la pandemia, sobre todo en la frontera con Guatemala y el Corredor Norte.
Precisamente esta violencia atrapa a los habitantes de los territorios que fueron recuperados entre 1994 y 1999: cerca de la carretera Panamericana, en La Trinitaria, Comitán de Domínguez y Teopisca; en la carretera que discurre en paralelo a la frontera con Guatemala, en Chicomuselo, Siltepec o Motozintla; o en otras regiones donde megaproyectos como el Tren Maya o las infraestructuras impactan en el entorno natural y en la vida de las personas y que, además, atraen también a grupos criminales que imponen la ley de la violencia.
En Perú, el año pasado se aprobó una ley para amnistiar crímenes cometidos durante el conflicto con Sendero Luminoso. ¿Cómo es la situación en México?
La presión de la sociedad civil ha obligado al Estado a reconocer su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos. Se han presentado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha señalado que México ha violado los derechos humanos y que debe cumplir con los mecanismos para la memoria, la no repetición y la reparación integral de los daños. Pero lo que hemos visto es que el Estado piensa que todo se resuelve con dinero, indemnizando, pero no es así. Desde el primer momento, se impone el negacionismo, porque el Estado niega haber participado en las violaciones de derechos humanos. Además, no han investigado o no han cambiado de narrativas, negando testimonios de las familias que lo vivieron. Entonces, ha habido iniciativas a nivel federal para redactar una ley de memoria, pero solo se han quedado en buenas intenciones. Nosotros seguiremos luchando y no olvidaremos lo que pasó en Chiapas. No queremos que suceda de nuevo en otro lugar.
La memoria histórica la estáis haciendo vosotros.
Nuestro espacio es un lugar de memoria en el que resguardamos archivos históricos. Somos los que tenemos que resguardar, porque el Estado no está prestando atención y trata de ocultar, porque sabe que de él mismo vienen también los perpetradores. Haremos un encuentro en junio en el marco de los 30 años de la desaparición de Minerva Guadalupe Pérez Torres, una joven que desapareció en Tila a manos del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. Su único delito fue que sus padres abrieron la comunidad y las puertas de su casa a muchas personas desplazadas por la violencia de los grupos paramilitares. Han pasado 30 años y no sabemos dónde está su cuerpo.
¿Cuántas víctimas de desaparición hay en Chiapas?
Solo en la zona norte de Chiapas, en el marco del levantamiento armado, en el Frayba hemos registrado 122 casos. 37 son desapariciones y 85 son ejecuciones extrajudiciales, la mayoría cometidos por paramilitares. De estos 122 casos, los ocho más documentados los hemos presentado ante la CIDH. Dos son desapariciones y seis son ejecuciones. Estos 122 casos fueron entre 1994 y 2000, pero después la violencia ha continuado: en el marco actual de violencia generalizada, también hemos registrado desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados.
De estos casos han pasado 28 años. ¿Qué dictaminó la CIDH?
Estos casos todavía están en litigio, pero no tenemos más información que presentar. Queremos que la CIDH dicte recomendaciones y reconozca que el Estado mexicano ha violado derechos humanos en este marco del conflicto armado interno. Como ocurrió, entre otros, con los casos del Ejido La Grandeza y de Antonio González Méndez.
En el presente, el Frayba alerta del incremento de ataques en los territorios recuperados por los zapatistas, especialmente en el Corredor Central.
Hay muchas rutas de paso para el tráfico de personas y armas que están marcadas por la violencia del crimen organizado. Ahora hay violencia en la carretera que se está construyendo para ir a San Cristóbal y a la frontera, en Chicomuselo, que es un pueblo que también ha estado muy organizado, pero que ha sido muy atacado. ¿Por qué? Porque hay minería de la que se obtiene la barita, que sirve para la extracción de hidrocarburos. Anteriormente había una empresa canadiense. Ahora no está, pero se sigue extrayendo. Y nadie dice nada. Estos grupos actúan con impunidad, los funcionarios lo permiten. Muy cerca están los campamentos del Ejército, de la Policía y de la Guardia Nacional. Este Gobierno dice que todo está bien, que no hay ni torturas ni desaparecidos. El expresidente López Obrador dijo en varias ocasiones que el Frayba se lo estaba inventando, que él tenía otros datos. Pero no es así: nosotros estamos en el terreno, tenemos los testimonios directos de la gente.
¿Por qué el Gobierno no quiere reconocer la delicada situación?
Es muy complicado. No lo digo yo, lo dicen los pueblos que han estado denunciando: aquí tenemos narcogobiernos. No solo narcogobiernos, sino también toda una diversidad de gobiernos corruptos. Y a ver quién dice algo, porque para cuidar la vida, te quedas callado en muchos territorios.
Entre 2020 y 2022, según los datos del Frayba, se ha incrementado un 385% el número de desapariciones en Chiapas. ¿Por qué?
El aumento de la violencia en la frontera fue en la pandemia. El crimen organizado se mostró en ese periodo y no ha bajado el ritmo. Hay muchas denuncias por desaparición, hay mucha gente desplazada. A veces hay familias que no quieren denunciar porque tienen miedo, porque salen criminalizadas y desconfían de las autoridades. Además, en Chiapas nunca habíamos visto bolsas con restos humanos o un cadáver a la orilla de la carretera, algo que empezó a manifestarse en la pandemia.
¿Tenéis miedo?
Tenemos que trabajar con cuidado, utilizar un lenguaje apropiado. Antes no teníamos miedo. Ahora sí. Hemos aumentado nuestras medidas de protección. El Estado no está garantizando la seguridad de la población, deja que grupos armados actúen violentamente y provoquen el desplazamiento, la desaparición y la ejecución de personas. Pero el miedo no nos paralizará. Los casos que tenemos en la CIDH se documentaron en la montaña, atravesando ríos, cruzando los límites, en medio de la violencia. Es parte de nuestro trabajo y tenemos que seguir haciéndolo.
Pertenece al pueblo tseltal. ¿Cómo valora la situación de las comunidades indígenas en Chiapas?
Soy tseltal por adscripción, reconozco que vengo de un pueblo indígena. Antes del 94, la discriminación y la violencia eran evidentes. Desde entonces, el Gobierno ha tenido mucho cuidado de disfrazar y no evidenciar lo que está haciendo, que es llevar a cabo un exterminio, el desplazamiento de personas. Los compañeros zapatistas lo han dicho claramente: hay leyes, pero no protección. El ejemplo claro son los Acuerdos de San Andrés para proteger las culturas indígenas, que han cumplido 30 años pero que el Gobierno nunca implementó. Además, el Gobierno lleva a cabo programas de apoyo a las comunidades que, en su mayoría, buscan dividir y desarticular las organizaciones comunitarias. Por supuesto, esto también afecta a las comunidades indígenas.
