En El Salvador, diferentes organizaciones de derechos humanos tratan de esclarecer la verdad y luchan por los derechos de reparación de las víctimas del conflicto armado acontecido entre 1980 y 1992. El paso del tiempo y la falta de colaboración de las autoridades no hacen más que dificultar nuevos hallazgos que esclarezcan los hechos violentos sufridos por la población salvadoreña, que quedó atrapada en el conflicto entre el Gobierno y el grupo guerrillero izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La defensora de esta organización, que cuenta con una dilatada experiencia en el acompañamiento de supervivientes del conflicto, explica los arduos esfuerzos que las personas han hecho y siguen haciendo desde las organizaciones. “La base de nuestras organizaciones son las familias de las personas desaparecidas y asesinadas. Entonces, eso nos confiere una identidad, genera un posicionamiento desde lo técnico y también desde lo personal”, subraya quien prefiere mantener el anonimato por motivos de seguridad.
Según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, durante el conflicto en El Salvador hubo más de 22.000 incidentes violentos en los que más de 75.000 personas fueron torturadas, ejecutadas o desaparecidas de manera forzosa. Esta entidad cifró en 5.500 las personas desaparecidas, dato que estimaciones extraoficiales elevaron hasta 9.000. En la mayoría de casos, los crímenes fueron cometidos por el Ejército y grupos paramilitares aliados que buscaban erradicar la influencia del FMLN, que tenía su principal apoyo en la población campesina históricamente olvidada del interior del país. Por eso, la mayoría de violaciones de los derechos humanos ocurrieron en las zonas rurales de El Salvador.
Una vez concluido el conflicto en 1992, las partes enfrentadas llegaron a un acuerdo de paz que acabaría por ignorar las recomendaciones que en 1993 hizo la Comisión de la Verdad: cinco días después de la publicación del informe, el Parlamento salvadoreño aprobó una ley de amnistía contraria al derecho internacional que dejó sin justicia posible a miles de víctimas del conflicto. “Con esta ley se borró toda esperanza de castigo para quienes cometieron los delitos durante el conflicto armado. Ninguna de las partes quería ser juzgada”, lamenta esta representante.
En 2016, para intentar resolver el error, la Corte Suprema declaró inconstitucional esta ley de amnistía al remarcar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y estipuló la necesidad de desarrollar una nueva disposición legal. Desde entonces, las organizaciones han trabajado sin éxito en una ley que destape los crímenes cometidos durante la guerra: en 2020, el Parlamento aprobó la Ley de Reconciliación Nacional que, considerada como una amnistía de facto, no contó con el beneplácito de las víctimas y que, más tarde, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se negó a firmar. De esta manera, sin una ley específica que garantice la reparación de las víctimas, todo el proceso de la memoria histórica está por hacer en El Salvador.
El Salvador: sin violencia ni libertad
El Salvador es un país centroamericano de 20.041 kilómetros cuadrados que mira al océano Pacífico y que limita con Guatemala y Honduras. Como en toda la región, la naturaleza se muestra en toda su exuberancia, y por eso buena parte de la población se dedica a actividades primarias como la agricultura. Un lugar idílico que ha estado marcado por la violencia: primero fue la de la guerra civil, después fue la encabezada por las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
En 2019, Nayib Bukele se convirtió en presidente con la promesa de erradicar esta violencia. Con mano dura y métodos ilegales, el presidente lo está consiguiendo. Eso sí, el coste está siendo muy alto: si bien la sociedad aprecia la mejora en la seguridad, que es indudable y que por eso quieren emular otros líderes regionales, desde marzo de 2022 está en vigor un Estado de Excepción que ha erradicado las libertades básicas de las personas.
La magnitud de las ilegalidades del Gobierno asusta, y reflejo de ellas son las cárceles modernas en las que los grupos de delincuentes yacen hacinados a la espera de una justicia que nunca llegará. La hegemonía de la violencia, ahora, pertenece solo al Estado. Así, desde 2022 han sido arrestadas más de 90.000 personas, de las cuales 8.000 lo han sido por error, como ha reconocido el propio Bukele, y existen denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos: torturas, vejaciones, centenares de desapariciones forzadas, asesinatos, muertes bajo custodia policial, crímenes de lesa humanidad. Al menos así lo considera un reciente informe del Grupo de Expertos y Expertas para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), que presentará los resultados de la investigación en la ONU.
El Salvador vive bajo una autocracia en la que Bukele controla las principales esferas de poder. De manera progresiva, ha ido eliminando las voces opositoras. En 2025, consiguió aprobar la Ley de Agentes Extranjeros, que permite controlar a las entidades de derechos humanos, y acabó por modificar la Constitución para así poder volver a presentarse a las elecciones presidenciales y eternizarse en el poder. Las voces objetivas ya no se hacen ilusiones de cambio y, como temen al presidente, han iniciado el camino del exilio: caso representativo es el de los periodistas del diario El Faro que destaparon acuerdos entre bastidores de los líderes de las pandillas y Nayib Bukele.
¿Cómo valora el proceso de justicia y reparación después del conflicto en El Salvador?
El Salvador es un país pequeño, muy arraigado a sus tradiciones, que vivió una guerra muy cruel que, en realidad, duró más de 12 años. La guerra se dio por las diferencias, por las injusticias, por la situación económica del país, porque había poderes que suprimían los derechos de la población. Después de la guerra, se esperaba un cambio, que los acuerdos de paz no fueran solo un alto el fuego sino el inicio de medidas que beneficiaran a la población. Queríamos un cambio estructural. Aunque hubo cambios importantes, los acuerdos bajo la mesa integraron a miembros de la policía y el ejército en el nuevo cuerpo de seguridad pública y civil. Ese fue un primer error: las personas se mantuvieron en sus puestos, la transición no cambió a las personas que estaban en el poder. Sin embargo, no negaré los cambios positivos: bajó la represión y se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que en algunos periodos ha estado alineada con el poder y en otros hizo su trabajo. Su independencia ha dependido de la alineación de poderes, de las conveniencias. Muchos procuradores no han tenido una imparcialidad total, pero, de alguna manera, han respondido en algunas situaciones. Cuando hubo más accesibilidad a la justicia fue con el FMLN, durante el periodo de David Morales como procurador.
En general, las víctimas no han obtenido reparación. ¿Quién vela por la memoria histórica?
Normalmente las organizaciones de supervivientes son las que hemos trabajado en la justicia transicional. Principalmente, no ha habido reparación. Algunas medidas se han acercado un poco a ciertos parámetros de reparación, pero no han sido eficaces ni han conseguido satisfacer las demandas de las víctimas. Hubo indemnizaciones, pero no repararon lo sustancial. Las familias que han sufrido la desaparición de un ser querido han esperado un proceso que lleve a conocer la verdad y a tener acceso a la justicia, lo cual en El Salvador no ha sido posible para ninguna víctima.
¿Para ninguna?
No, hay procesos que se han llevado a los tribunales, por ejemplo el caso de El Mozote, pero nunca han juzgado a los autores intelectuales de los crímenes. Siempre se ha buscado la responsabilidad en los mandos medios, en quienes tuvieron la responsabilidad física. Hay un caso de justicia reciente en este proceso que no fue de un salvadoreño: durante el conflicto armado fueron asesinados cuatro periodistas holandeses y, el año pasado, si no recuerdo mal, dos militares fueron condenados. Sus familias también han vivido momentos muy difíciles en los que han sentido que esa justicia no iba a llegar nunca. Es un caso de éxito y lo que se espera es que este proceso abra la puerta a otros casos. El tiempo lo dirá, aunque el tiempo se nos está agotando. Las familias están muriendo; hace poco murió una madre de una organización sin saber dónde quedó su hijo.
¿Qué ha dictaminado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
El Salvador cuenta con sentencias de la CIDH relacionadas con el conflicto armado como la de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador (2012), o la de Cuéllar Sandoval y otros vs. El Salvador (2024). Son casos de desapariciones en los que se demostró la participación de agentes del Estado. Lamentablemente, todavía quedan muchos crímenes sin resolver. Después de 40 años, muchas pruebas han sido destruidas o están dañadas o son difíciles de encontrar. Aunque sabemos que todo quedaba registrado, la documentación también se vuelve más difícil de obtener.
Después de los acuerdos de paz, el FMLN se convirtió en una formación política dominante y llegó a gobernar el país entre 2009 y 2019. ¿Qué queda del FMLN de los años 80?
Cuando el Frente tomó el poder había esperanza por el cambio, y algunos programas sociales beneficiaron a la población, pero el cambio verdadero no se llegó a concretar. Un paso positivo fue el decreto del Ejecutivo que abrió el camino para trabajar en medidas de reparación, pero el alcance fue limitado y no permanente. Además, no se trabajó en la memoria histórica para no repetir los hechos, y la sociedad que olvida está sujeta a cometer nuevamente los mismos errores. Poco a poco, el FMLN fue tomando una posición parecida a la de los partidos tradicionales y no se generaron cambios estructurales. Se fue acercando a la posición de la derecha. Tanto es así que aparecieron nuevas corrientes. El descontento era increíble, porque la gente se sintió engañada, frustrada, y surgió Bukele, que como alcalde [de San Salvador] generó muchas acciones y tenía muy buena imagen. En 2019, le dieron el voto para castigar a los otros partidos.
¿Qué les prometió Bukele a las víctimas del conflicto antes de llegar al poder?
No hizo promesas directas, pero sí hubo señales que generaron esperanza. Dio la orden de quitar el apellido Monterrosa de un destacamento militar. Entonces hubo mucha esperanza de que por fin hubiera justicia para las víctimas, acceso a los archivos, que, hasta la fecha, ningún gobierno ha querido compartir. Y aunque la ley de amnistía se consideró inconstitucional, los operadores de justicia han mantenido silencio y complicidad con quienes perpetraron las violaciones de los derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos tienen miedo en El Salvador. ¿Por qué?
Lamentablemente, este periodo de transición nos ha llevado a una situación límite, y se nos considera opositoras. No te negaré los cambios positivos en el país. La tranquilidad y la paz con la que vivimos ahora es palpable. Antes, había colonias en las que no podías entrar. El problema es el coste que se ha tenido que pagar para llegar a esto. La manera, las formas en las que se ha hecho. Hay un régimen de excepción que ha controlado a las maras, y hoy la gente se siente más libre para caminar por las calles, ya no los están extorsionando con mecanismos violentos. El ambiente es diferente, y lo identificamos. Lamentablemente, en El Salvador hay estrategias de persecución contra los defensores de derechos humanos; corremos el riesgo de que nos lleven a la cárcel solo por decir la verdad.
