Su condena, anunciada en marzo de 2019, ha sido interpretada por Amnistía Internacional (AI) como un mensaje dirigido a toda la disidencia. Sumada a una sentencia anterior de 5 años de cárcel, la pena que recae actualmente sobre Sotoudeh quiere ser “ejemplar”:38 años de reclusión y 148 latigazos.
Sotoudeh, que ya había sido encarcelada entre 2010 y 2013, ha llevado a cabo varias huelgas de hambre por protestar, entre otras cosas, contra las condiciones que se viven en las cárceles iraníes. En la última, realizada durante los meses de agosto y septiembre de 2020, puso en el centro de su denuncia la situación generada en las cárceles en el marco de la COVID-19, y reclamó la excarcelación de las presas y presos políticos.
El esfuerzo de 46 días de huelga de hambre agravó su salud hasta el punto que fue necesario que le otorgaran un permiso médico de pocas semanas para recuperarse fuera de la cárcel. Desde principios de diciembre de 2020, la activista se encuentra de nuevo encarcelada, a pesar de haber sido diagnosticada de COVID-19 antes de su regreso.
La persecución contra Sotoudeh y su familia se inscribe en un patrón sistemático de represión contra la libertad de expresión, reunión y asociación en Irán. Desde Amnistía Internacional denuncian, entre otros, el uso letal de la fuerza por parte del gobierno para aplastar protestas, con cientos de asesinatos y miles de detenciones arbitrarias, y la intensa represión del movimiento que lucha contra el uso forzoso del hiyab.
