Defensora colombiana de derechos humanos, es miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional del Bajo Ari. A raíz de su trabajo de denuncia de las graves violaciones de los derechos humanos y de los crímenes contra la humanidad que se han cometido en esta región, ha sufrido amenazas de grupos paramilitares que la llevaron, junto a su familia, a tener que huír en distintas ocasiones y dejar su casa y la tierra donde trabajaban como campesinos. Las amenazas y atentados no solo han sido contra su persona sino también contra sus hijos, uno de los cuales, con 17 años, fue tiroteado. Entre agosto del 2010 y febrero del 2011 estuvo en Sant Boi de Llobregat, acogida en el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos de la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos de la Generalitat de Catalunya.
Ante las amenazas persistentes, fue acogida en Bilbao durante la segunda mitad del año 2015, en el marco del programa vasco de protección temporal para defensores y defensoras de derechos humanos. Ahora Rivera explica que la situación de seguridad es “pésima” y teme tanto por su vida como por la de sus compañeros de lucha y de su familia. Es secretaria general de la Asociación Nacional de Zona de Reserva Campesina (ANZORC), entidad que ha sido señalada por el gobierno, las fuerzas militares y los paramilitares. También participa en las organizaciones Marcha Patriótica y Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia (DHOC).
