Gonzalo Abaha Nguema Mikue, licenciado en Humanidades, activista LGTBIQA+, coordinador nacional de la la organización Somos Parte del Mundo, nació en 1996 en Evinayong, Guinea Ecuatorial, región tropical afamada por sus piñas que, debido a las temperaturas más bajas, fue uno de los centros urbanos habitados por europeos en la era colonial. Una región que, en el presente, es eminentemente agrícola en el plano económico, mientras que socialmente es conservadora, influenciada por la etnia fang, a la que pertenece Gonzalo Abaha y que es la mayoritaria en el país.
Como la mayoría de las personas homosexuales en Guinea Ecuatorial, Gonzalo Abaha fue rechazado por su familia y comunidad: sufrió el proceso de tortura de las terapias de conversión, en las que te obligan a ir a diferentes curanderos e iglesias donde pueden tenerte días sin comer y, finalmente, como él no cambió, fue expulsado de casa. Por eso, durante años tuvo que vagar por la ciudad de Bata, no muy lejos de su familia, pero sin llegar a mezclarse con ella: si su familia residía o frecuentaba el norte, él iba al sur, lo más lejos posible de los reproches. Una época dura, de calle y precariedad extrema, en la que no solo sobrevivió, sino que prosperó, gracias a su esfuerzo y a la ayuda de la “familia elegida”: Somos Parte del Mundo.
“Cuando empecé a participar en las reuniones me sentía relajado porque nadie me decía por qué hablas así o por qué haces tal cosa. Esa sensación de no ser juzgado me alegró bastante. Y mira, ahí estaba la familia que estuve buscando”, recuerda este activista que también es escritor y autor de dos libros que, debido al lenguaje explícito y la temática feminista y homosexual, han generado polémica en Guinea Ecuatorial: Las ratas también se enamoran (2021) i Lo rarito que eres (2025).
Tras años bregando en Bata, en 2023 Gonzalo Abaha agarró una nueva oportunidad y se asentó en Malabo, para más tarde seguir formándose con una beca AECID en España, en la asociación Acción Triángulo, y, finalmente, regresar a Malabo, la antigua capital, el lugar más seguro y libre del país para la comunidad LGTBIQA+ y donde Somos Parte del Mundo cuenta con su estructura más robusta para denunciar y confrontar la discriminación que sufre su comunidad.
Somos parte del Mundo y la lucha contra la discriminación del colectivo LGTBIQA+
Establecida en 2016 por un grupo de personas que antes ya había estado reuniéndose en bares, playas o lugares clandestinos, Somos Parte del Mundo es una organización que busca proteger los derechos LGTBIQA+. Comenzó a hacerse un nombre más allá de su comunidad a partir de 2019, a raíz de elaborar informes que retrataban las violaciones de los derechos en Guinea Ecuatorial. Entre los objetivos de esta organización está el crear un marco legal que condene la apología de la homofobia o revocar leyes discriminatorias como la que permite las terapias de conversión en iglesias o curanderías. A grandes rasgos, promueve que la legislación nacional se adapte a los Principios de Yogyakarta, un documento con 29 puntos recogidos en 2006 por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se plasman recomendaciones legislativas que protejan los derechos humanos, entre ellos los relativos a la identidad de género
Guinea Ecuatorial, discriminación y persecución en la dictadura más longeva de África
En África, las comunidades LGTBIQA+ son perseguidas, y no hay continente donde sufran una discriminación tan constante y que marque tanto sus vidas: a nivel legal, las personas no están protegidas de la violencia y los discursos de odio motivados por la orientación sexual, y en muchos casos se penaliza la simple acción de amar a otra persona. De hecho, en 32 de los 54 países africanos las autoridades criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, mientras que en esos y otros Estados se llevan a cabo prácticas de conversión sexual: ven la homosexualidad como si fuera un espíritu o una enfermedad de blancos que hay que extirpar del cuerpo. El caso más extremo en esta persecución está en países donde el ‘delito’ conlleva la pena de muerte: en Somalia, Mauritania y el norte de Nigeria, donde se implementa la shariay en Uganda. Pero África es tierra de contrastes, y entre el puñado de países que reconoce los derechos LGTBIQA+, la mayoría en el sur del continente, llena de orgullo el caso de Sudáfrica: desde 2006 reconoce el matrimonio igualitario, pero antes, en 1996, fue el primer país del mundo en reconocer constitucionalmente el derecho a no ser discriminado por motivos de orientación sexual.
En África central, Guinea Ecuatorial es un pequeño país fronterizo con Camerún y Gabón y con salida al mar que fue colonia del Estado español. Teodoro Obiang, en el poder desde 1979, encabeza la dictadura más longeva del continente. Hasta hace relativamente poco, decía que no existían personas homosexuales en su país, pero, ante las crecientes evidencias, ha tenido que reconocer que hay gays, lesbianas, transexuales o bisexuales. Eso sí, este reconocimiento ha traído también un auge de las políticas represivas, siempre con el respaldo de leyes, algunas de ellas heredadas del franquismo, y con el beneplácito de una sociedad conservadora y patriarcal que no acepta la homosexualidad.
Así, según recoge el informe de 2020 de la organización Somos Parte del Mundo, las autoridades guineanas “desmantelaron barrios seguros como Los Ángeles, de la ciudad de Malabo”, y pusieron en marcha “un programa institucional de apología a la homofobia”: se instauraron controles policiales en barrios y establecimientos frecuentados por mujeres lesbianas y bisexuales, especialmente bares y discotecas; se suspendieron programas televisivos críticos con la homofobia como “Guinea en Femenino”; y se iniciaron trabajos legislativos para limitar los derechos LGTBIQA+. Además, sobre todo a partir de 2023, comenzó una ofensiva contra las organizaciones civiles, y en agosto de ese año fue detenida durante 48 horas la fundadora de Somos Parte del Mundo, la escritora y activista Trifonia Melibea Obono.
A la situación particular de África se le suma un panorama global nada halagüeño en el que se evidencia un retroceso en los derechos de las minorías en Occidente. Donald Trump promueve el supremacismo blanco conservador cristiano, mientras que la agenda antiwoke gana terreno y en Europa los partidos de ultraderecha prometen revocar las leyes que protegen a la mujer y los colectivos vulnerables. Pero es en África donde más rápido van a la hora de implementar estos cambios de tendencia con leyes discriminatorias que, recentmente
en Mali, Senegal, Ghana o Gabón, en algunos casos azuzados por el auge del yihadismo, deshacen el camino recorrido en el inicio del siglo XX.
¿Cómo cambió la relación con su familia una vez que se supo de su homosexualidad?
La homosexualidad se entiende como una enfermedad de blancos; los negros no pueden ser homosexuales en Guinea Ecuatorial. Cuando mi familia lo supo, me terminó echando de casa, porque para ellos es una posesión de espíritus demoníacos que puedo transmitir en la familia. Te excluyen del entorno comunitario y tienes que buscarte la vida en la calle. Pero antes de echarte, pasas por terapias de conversión, porque entienden que pueden revertir la situación para que seas entre comillas ‘normal’. Son curanderías, iglesias, rituales. Yo pasé por eso entre 2015 y 2016. También utilizan las violaciones correctivas para las mujeres lesbianas, y para los hombres gays y mujeres trans consideran los matrimonios forzados o tener hijos, la paternidad forzada. Es un sistema de violencia bien configurado. Y luego está la violencia fuera de casa: la sociedad te recrimina, hay agresiones físicas, verbales, detenciones. Todo eso es lo que vive una persona homosexual aquí, en Guinea, y la familia se desentiende totalmente.
Su caso de superación y éxito es una excepción: en vuestros informes se refleja que la mayoría de personas acaba prostituyéndose.
Todos hemos pasado por la prostitución. Cuando estás en la calle, necesitas comer. Obviamente, hay que hacer cosas. En mi caso, cuando salí de casa ya no estudiaba, pero gracias al colectivo, que ofrecía microbecas, volví a estudiar. Pero no puedo decir que los demás deban hacer lo mismo porque sería muy injusto. Se pasa muy mal en el proceso: no hay estabilidad mental, los golpes físicos son más visibles, pero a nivel mental, todo es desastroso. Imagine, una familia que te daba de comer, que te acompañaba, y de repente te echa de casa y no puedes saludar ni a los hermanitos. Te marca mucho.
Muchas personas que viven la situación que usted pasó estarán llamando a la puerta de Somos Parte del Mundo. ¿Cómo podéis ayudar?
Actualmente, tenemos tres departamentos: el departamento de educación, para proporcionar becas de formación; el departamento de seguridad, que hace el acompañamiento en cárceles, la asesoría jurídica y la tramitación de documentos; y el departamento de salud, en el que hemos creado una farmacia solidaria y, a veces, hay atención gratuita en un laboratorio de monjas con el que colaboramos.
Además, tenemos casas de acogida en Bata y en Malabo; si se te echa, puedes pasar un tiempo allí. Actualmente en Malabo tenemos ocho personas viviendo y en Bata, tres. También hay programas de formación y consultas de asesoría psicológica. Antes, éramos fuertes redactando informes, pero en los últimos años ha habido un incremento de la agresión y la amenaza a la vida, y hemos decidido renunciar. El contexto geopolítico no lo permite, y no hay un paraguas que nos proteja.
Han dejado de hacer informes por las amenazas del Gobierno.
Básicamente.
En sus informes se observan picos de represión contra el colectivo y las organizaciones civiles. ¿La presión está creciendo?
La represión depende del nivel de visibilidad y al Gobierno le preocupa mucho lo que se diga fuera. Por eso, el colectivo sufre agresiones. En 2024, se abrió una investigación en la que alegaban que yo era parte de la oposición y que hablaba de política fuera del país. Cuando no encontraron nada, intervinieron las sedes e investigaron a las personas alegando que vendíamos droga como organización criminal. El grado de agresión sube de acuerdo con tu grado de visibilidad, pero también la visibilidad te protege: si algo te pasa, la gente va a preguntar. Pero en general, hay una homofobia institucionalizada.
Se permite que los militares puedan detener a personas homosexuales y torturarlas y no pasa nada. O que vayas a renovar documentos y, si hablas de manera que ellos consideren afeminada, empiece un interrogatorio. Y que, si vas a la calle, a pesar de que unos jóvenes te estén apedreando o golpeando, la Policía pase sin hacer absolutamente nada. O que tengamos a personas trans enfermas y, al ir al hospital, la enfermera diga que no puede atender a ese tipo de persona porque va a contagiarse y no quiere que ese mal espíritu termine en su comida y que los niños la coman y sean homosexuales. Todo eso está permitido porque hay una violencia institucionalizada. De hecho, anteriormente el discurso de Guinea en los foros internacionales era que no había homosexuales.
El marco legal de Guinea Ecuatorial es de la época colonial, del franquismo. ¿Cómo valora las leyes respecto a la orientación sexual?
Había mucha homofobia en tiempos precoloniales: los homosexuales eran excluidos, se iban al interior del bosque a vivir, no podían vivir en el poblado. Con el colonialismo y el franquismo, se produjo una sinergia perfecta entre el pensamiento nacional católico y nuestras tradiciones precoloniales. Después de la independencia, se prometió que las leyes se irían cambiando poco a poco, pero nada ha cambiado. Del franquismo aún se aplica la ley de Vagos y Maleantes (1954) y se mantiene el Código de Justicia Militar que prohíbe la homosexualidad en la armada. No ha habido mucha voluntad política de cambio, y esta situación afecta a personas LGTBIQA+, a las mujeres y a las poblaciones vulnerables. Luego, a nivel de iniciativas propias de Guinea, está la orden del Ministerio del Interior de 2003 en la que se prohíbe el uso de establecimientos turísticos y centros de alterne para la prostitución [y otras actividades que atentan atentan contra la moral y las buenas costumbres], y recientemente, desde 2024, existe un decreto provincial que prohíbe que los homosexuales vayan a bares y discotecas [lo que limita los derechos de reunión o expresión].
Al menos ahora el Gobierno no puede decir que no hay homosexuales.
Cambiaron el discurso en 2022. Los informes que hicimos influyeron y dijeron, “sí, hay homosexuales, pero nosotros, el Gobierno, no les hacemos nada; es la población, que no los quiere”. Una trampa porque realmente son las autoridades las que fomentan la persecución.
