Ángela Ocampo

Derechos de las mujeres.
Colombia
La Manada Feminista
https://www.facebook.com/lamanadacolectivafeminista/

Ángela Ocampo es socióloga de formación y tiene un máster en justicia social y construcción de paz. También es experta en temas de género e investigadora con experiencia en derechos humanos. Hace más de veinticinco años que trabaja en el ámbito del activismo por los derechos fundamentales en Colombia y su ámbito de especialización se enmarca en el contexto de las víctimas de crímenes de Estado. De hecho, es cofundadora del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE). Ha trabajado haciendo acompañamiento político a presos y presas políticas en cárceles de su país y es una de las fundadoras de la organización de derechos humanos La Manada Feminista. En 2007 sufrió un intento de desaparición forzada por parte de agentes del Estado y desde entonces vive amenazada por diferentes sectores a causa de su trabajo de protección y acompañamiento a víctimas de violencia de género por parte de los cuerpos policiales.

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Organización de Derechos Humanos La Manada Feminista

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La Manada Feminista, tal como se la conoce, es una organización que, desde 2016, lucha por los derechos humanos de personas feminizadas, personas trans y personas no binarias. Nació en la ciudad de Cali como respuesta a las violencias de género que se daban en los espacios mixtos de los movimientos sociales. «Nosotras [en referencia a ella misma y a las demás fundadoras] veníamos de estar en espacios mixtos en organizaciones políticas y de derechos humanos. Allí vivimos situaciones de violencia sexual y violencia política. Eso hizo que saliéramos de esas organizaciones. Decidimos juntarnos y trabajar para tener un espacio seguro en el que poder continuar con nuestro activismo», explica Ángela Ocampo.

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En la organización trabajan en cuatro líneas o ámbitos: la formación, la protección, la investigación popular y la sanación. En el ámbito de la formación, La Manada Feminista cuenta con la Escuela Política antipatriarcal Juana Julia Guzmán —en colaboración con el Instituto Danés para la Democracia de los Partidos (DIPD, una entidad danesa que financia proyectos de cooperación enmarcados en temas de desarrollo y democracia)—; y la Escuela Feminista de Derechos Humanos Nosotras Nos Cuidamos. Esta última, en colaboración con el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, está orientada a mujeres, comunidad LGTBI y activistas involucradas en procesos populares en la región. Esta escuela tiene su origen en el marco del Paro Nacional de 2021 en Colombia y nace por iniciativa de la gente a la que la organización acompañó durante las movilizaciones. En la línea de protección, la organización ofrece un acompañamiento integral feminista a personas que están en riesgo. «Lo hacemos teniendo en cuenta la perspectiva de género y de raza, pero en el ejercicio de la protesta social. En esta línea acompañamos a personas que están dentro y fuera del país. De hecho, en Barcelona hay varias compañeras que forman parte de esta línea y que están exiliadas. En este proyecto recibimos el apoyo, sobre todo, de Amnistía Internacional (AI), que también nos ayuda en la línea de investigación», explica Ocampo. Fue con AI con quien La Manada Feminista llevó a cabo el estudio sobre violencia sexual por parte de la policía en el marco del Paro Nacional. En la línea de investigación, la organización también realiza auditorías de género a los partidos políticos interesados.

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Finalmente, está la línea de sanación, muy importante en la organización, porque tiene su origen en las vivencias de sus fundadoras. «Nosotras nos iniciamos en esta línea, ya que todas somos supervivientes de violencia sexual en la infancia y a lo largo de nuestra vida. Se trata de una línea muy interesante en la que trabajamos en el acompañamiento terapéutico tanto grupal como individual. Integramos una perspectiva de sanación amplia de la que forman parte elementos y prácticas espirituales de diferentes tipos», subraya la activista. En estos momentos, esta línea de trabajo no dispone de ninguna financiación y se lleva a cabo de manera voluntaria.

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Colombia, un país en proceso de recomposición y sanación

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La llegada de Gustavo Petro (exalcalde de Bogotá, exsenador y exguerrillero del M-19) y Francia Márquez (activista ambientalista afrodescendiente) al poder en junio de 2022 supuso una sacudida no solo en el país, sino en toda Latinoamérica. Con la llegada de la izquierda, se abría una nueva oportunidad para los derechos humanos y la reconciliación en Colombia, un país devastado por la guerra y el miedo. El cansancio del pueblo colombiano tras años de políticas contra la población más desfavorecida se mostró de manera evidente durante los Paros Nacionales de 2019 y 2021, bajo el mandato de Iván Duque. La pobreza sistémica y estructural, la escasa implementación de los Acuerdos de Paz (firmados en 2016), la violencia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la brecha poblacional (Colombia es uno de los países con más desigualdad del mundo) y la falta de oportunidades fueron algunos de los motivos por los que la población colombiana salió a la calle a protestar. «Que el Paro Nacional de 2021 durara dos meses y medio fue algo insólito. Aquí, los paros nacionales duran uno o dos días. Nunca había ocurrido en la historia política de Colombia. La gente estaba indignada porque no había vida, o la que había era indigna», explica Ángela Ocampo, que estuvo muy involucrada en esas movilizaciones.

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La ONG Temblores, la Universidad de los Andes, Amnistía Internacional y el PAISS (Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social) escribían en un comunicado: «La represión con la que el Estado ha decidido enfrentar los reclamos de la ciudadanía ha dejado un lamentable saldo de al menos 4.687 víctimas de violencia por parte de miembros de la Fuerza Pública distribuidas así: 1.617 víctimas de violencia física, 44 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 2.005 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 784 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 82 víctimas de agresiones oculares, 228 casos de disparos con arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual y 9 víctimas de violencia basada en género». Tras los paros llegó la victoria de Petro y, con él, nuevas oportunidades en un país donde la prevalencia de la violencia contra las mujeres sigue siendo altísima.

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nViolencias contra las mujeres y las personas feminizadas en Colombia

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Según los datos disponibles de Naciones Unidas, y basándose en las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2015 y 2019 se reportaron 27.594 casos de violencia contra niñas y mujeres adolescentes. En cuanto a feminicidios, 978 mujeres fueron asesinadas en 2021. «Cuatro de cada 10 asesinatos de mujeres son cometidos por la pareja, expareja, familiares o personas conocidas», se puede leer en el informe.

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En datos más recientes, presentados en el informe sobre Violencias Basadas en Género (VBG) en Colombia, Vivir Sin Miedo, de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares): «Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023, en Colombia se ha presentado más de un caso de feminicidio al día. Según datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023 se han presentado al menos 301 feminicidios a nivel nacional». En el mismo informe se destaca que durante el año 2023 se cometieron más de 203 casos de violencia intra

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familiar contra mujeres por día y que entre enero y julio del mismo año se presentaron 60.469 denuncias de violencia intrafamiliar a nivel nacional. Si bien supone una reducción del 26,2% respecto al mismo periodo de 2022, parece evidente que en materia de género todavía queda mucho trabajo por delante. En lo que respecta a los delitos sexuales, de 2022 a 2023 estos se redujeron considerablemente, en un 40,7%, se subraya en el informe mencionado. Desde Pares se muestran optimistas con los datos y el trabajo del Ejecutivo de Petro: «Aunque algunas de las promesas que se hicieron en campaña referentes a este tema no se han cumplido, el país se encuentra ante un Gobierno que comprende muy bien la necesidad de atender de manera íntegra y urgente las VBG».

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La violencia de género no es la única lacra; también la desigualdad entre hombres y mujeres o personas feminizadas supone un obstáculo para el progreso social: las oportunidades laborales, de desarrollo y de ingresos siguen siendo menores para las mujeres, así como los porcentajes en materia de participación política. A esta situación hay que sumarle los efectos que ha tenido la guerra a lo largo de todos estos años. Los datos oficiales indican que: «Más de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado, y hay más de 57.000 mujeres víctimas de desplazamiento forzado».

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Entrevista a Ángela Ocampo

¿Por qué crees que incluso en el ámbito de la protección de los derechos humanos se producen estas violencias contra las mujeres? ¿No resulta, como poco, paradójico?

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Nosotras hicimos una investigación en el año 2020, durante la pandemia, sobre la violencia de género en los espacios mixtos. Trabajamos con militantes y exmilitantes de espacios mixtos de la izquierda colombiana. Participó gente de todos los sectores sociales y organizaciones reconocidas en Colombia, y en todos los casos se habían producido situaciones graves de violencia sexual, psicológica, económica, política y violencia simbólica. Son casos que demuestran que se trata de una cuestión estructural: el escenario sociopolítico [de estas violencias] es bastante revelador y complejo. A partir de esta investigación desarrollamos una Escuela Política antipatriarcal, que está orientada a gente militante de izquierda, mujeres y gente de la población LGTBQ+ con el objetivo de abordar y gestionar las violencias basadas en género. No es una ruta institucional, que es a lo que estamos acostumbradas. Una de las características de la gente de izquierda es que no denuncia ante el Estado porque no quiere perjudicar a su organización o porque sufre presiones. Nosotras ofrecemos un camino alternativo.

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¿Qué aporta trabajar en un colectivo no mixto?
nEs un colectivo en el que también hay gente marica, personas no binarias y personas trans. Nosotras no estamos en contra de los espacios mixtos. Sin embargo, en los espacios no mixtos la gente puede hablar de cosas que en otros lugares no se pueden abordar, sobre todo si están delante de hombres cisgénero. Lo tenemos comprobado. Las luchas y las reivindicaciones que tienen que ver con lo que atraviesa nuestro cuerpo, con lo que hemos vivido, con nuestra experiencia, con lo que sentimos… No quedan en el último lugar de la lista, como sí ocurre en otros espacios mixtos. En esos espacios se suelen obviar las cuestiones de raza y de género porque no son una prioridad. Entonces se pierde la oportunidad de abanderar y de construir desde nuestra perspectiva de vida, desde nuestra realidad, desde nuestros cuerpos y desde nuestra existencia. Eso es algo muy valioso y lo que distingue a La Manada Feminista de otras organizaciones de derechos humanos en Colombia. Es una organización de derechos humanos feminista emancipatoria. Es una posibilidad para toda esa gente que no se siente bien en los espacios mixtos, pero que sigue interesada en la defensa de los derechos humanos.
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n¿Cómo llegan las personas a La Manada Feminista?

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A través del boca a boca. Somos una organización muy conocida en la región y en varias partes del país; incluso hemos hecho acompañamientos a personas en el exterior. Tenemos una máxima: «no necesita ayuda quien yo creo que necesita ayuda, sino quien la está buscando». Las personas llegan por sí solas y nosotras las respaldamos, pero nosotras no buscamos a quién respaldar. Algunas de estas personas también llegan a través de organizaciones amigas. Ahora mismo tenemos mucha demanda en las líneas de protección y de sanación. Todas nuestras líneas de trabajo son integrales y ofrecemos un espacio de asesoría. Todo ello después de escuchar a la persona y después de llevar a cabo un análisis tanto de contexto como de riesgo. Finalmente, se hacen recomendaciones, que comprenden temas jurídicos, penales, sociales y políticos. A veces no se busca una demanda ante la fiscalía, sino visibilizar un caso. De ahí que también hagamos acciones como escraches o intervenciones públicas de otro tipo. Para nosotras también es muy importante la seguridad. Todas nuestras actuaciones se enmarcan dentro de una perspectiva de seguridad feminista. A partir de todo ello se define una estrategia de actuación.

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¿Qué dificultades habéis encontrado a lo largo de estos ocho años en La Manada?
nEn primer lugar, hay que destacar los obstáculos políticos y la resistencia a que exista una organización de derechos humanos feminista. Al principio no solo no éramos conocidas, sino que éramos silenciadas, ignoradas. Tuvimos que aprender a abrirnos camino a codazos, autoinvitándonos y construyendo nuestros propios espacios. Ha costado mucho esfuerzo que nos tengan en cuenta. Por otro lado, hemos tenido que superar el obstáculo que tiene que ver con la guerra que hay en Colombia, la persecución general hacia la gente que lucha, y que en nuestro caso empeoró después del Paro Nacional. Tuvimos que hacer frente a muchos problemas de seguridad; yo misma fui amenazada, sufrimos seguimientos, etc. Yo tuve que reubicarme [cambiar de domicilio]. Son cuestiones estructurales que tienen que ver con la violencia patriarcal.

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¿Por qué os persiguen?

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Hemos investigado sobre la violencia policial y la violencia sexual por parte de la policía en el marco del Paro Nacional de 2021 y sobre las violencias que se dan en organizaciones mixtas. Defendemos y acompañamos a compañeras que han sido violadas por la policía, pero también por miembros de la guerrilla o incluso por compañeros de derechos humanos. Eso nos hace impopulares y provoca que tengamos que sortear otras barreras, como la de la financiación, que sigue siendo el gran reto de nuestra organización. Nosotras somos especialistas con años de trayectoria en la lucha social, pero nuestro trabajo se vuelve insostenible si no existen las condiciones socioeconómicas adecuadas. Por ejemplo, la línea de sanación lleva un año parada, con gente en lista de espera.

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¿Cómo convives con este miedo que es real, con estas amenazas? ¿Y cómo te planteas la vida estando en el punto de mira?

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Lamentablemente, no es la primera vez que me pasa. Yo fui víctima del conflicto armado en 2007: sufrí un intento de desaparición forzada por parte del DAS, que es la policía del presidente. En esa época estuve desplazada viviendo en otro lugar. No quise irme del país en ese momento y tampoco he querido irme ahora. Fruto de esa situación tan grave, me volví experta en seguridad; por eso soy la encargada de la línea de protección de La Manada. Aprendí a desenvolverme en el entorno, porque siempre tuve claro que no iba a dejar la lucha. Ahora ha vuelto la persecución y ha ido escalando: se han incrementado los seguimientos, me han estado robando la basura, he visto a gente espiándome subida a un poste de madrugada, etcétera. Tengo fotos de todo, porque soy un poco temeraria e incluso he llegado a confrontarlos. La Manada ha estado muy pendiente de todo mi proceso. Cuando la persecución se hizo del todo evidente, me reubiqué e hicimos un estudio de seguridad. Ya no solo por mí, sino porque nosotras representamos legalmente a varias víctimas de la policía en el marco del Paro Nacional, así que mejoramos todo el sistema de manejo documental y ahora tenemos una seguridad informática muy sólida y un protocolo de seguridad desde una perspectiva feminista de autoprotección. Acepté la reubicación, pero lo tengo claro: yo no me iré del país ni tampoco bajaremos el perfil [en La Manada]. De hecho, hicimos todo lo contrario: subir el perfil, tener más visibilidad y ejercer más presión para consolidar una red que es cada vez más sólida. Tenemos amigas e instituciones que nos conocen en Europa y aquí. Nos resguardamos en la red.

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Parece una situación muy compleja.

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Incluso he llegado a tener drones en mi ventana. Ahora vivo en un conjunto residencial con portería, en un piso alto. Y ni por esas. He aprendido a vivir con ello. El problema es que toda esta seguridad implica una serie de esfuerzos económicos. Al Estado le conviene mucho que nos vayamos del país, pero para nosotras esa no es una opción; al menos por ahora.

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En junio de 2022 el izquierdista Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia. Si bien el cambio es difícil y complejo, dado el pasado del país, ¿se han notado mejoras en materia de género?

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Yo creo que ya el hecho de haber llegado a la presidencia es un cambio muy importante en sí mismo. Se llega aquí después de doscientos años de lucha, por lo que resulta significativo. También es muy importante el hecho de que la vicepresidenta, Francia Márquez, sea una mujer negra y que haya llegado liderando la lucha a favor de la tierra y contra la minería y las transnacionales. Han sacado adelante propuestas interesantes y se han hecho aportaciones significativas a la estructura del poder en Colombia. Se están cambiando las prioridades del Estado. Colombia es un país con muchísima población negra, indígena y muchísima población diversa, pero eso no se reconoce desde la institucionalidad, aunque forma parte de la identidad nacional del país. En estos momentos estamos ganando en derechos y estamos conquistando más espacios, si se tiene en cuenta la perspectiva histórica. Se ha avanzado, pero el patriarcado y el pacto patriarcal son algo estructural: hay hombres en el Gobierno que han sido denunciados por violencia sexual y desde la presidencia no se han tenido en cuenta esas denuncias. En la gran mayoría de ocasiones se prioriza que es un «compañero», un dirigente líder. También se conocen otros escándalos; por ejemplo, en el Congreso de la República existe toda una dinámica de explotación sexual de funcionarias, y eso también ha quedado en el olvido. Son asuntos no resueltos que impiden los avances. Se sacrifican unos temas en favor de otros que se consideran más importantes, más urgentes o más estratégicos. Una de las conclusiones del estudio que llevamos a cabo en 2020 es que todo esto [ignorar la violencia de género en los espacios de la izquierda] ocurre durante el periodo de apertura democrática en Colombia, que comienza en 1991. Los movimientos sociales han avanzado significativamente en la lucha contra el capitalismo, pero no en la lucha contra el patriarcado y el racismo; así que seguimos reproduciendo estas violencias en el interior de nuestros procesos, porque se le da prioridad únicamente a la lucha de clases.

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Hay una parte de los jóvenes que se están volviendo muy conservadores y que reproducen estas violencias de género. ¿Te preocupa?

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Parece que el mundo está virando hacia la extrema derecha. También nos vemos afectadas por esta oleada fascista que está tomando fuerza en el mundo, pero en el caso de Colombia hay que mirar hacia la política de seguridad democrática desplegada durante la primera década de los 2000 y que tiene que ver con la política exterior de Estados Unidos y con los genocidios políticos. En la década de los ochenta, en Colombia se llevó a cabo un genocidio político que dejó a miles de personas asesinadas o desaparecidas. Después vino una guerra que causó el desplazamiento de más de ocho millones de personas y la desaparición de casi 100.000 personas. Son cifras aterradoras, y tienen un efecto directo en cómo se ha configurado la juventud que tenemos hoy en día: esta juventud ha entendido a la fuerza que, si se meten en la lucha social, los pueden matar. Eso hace que se generen unas juventudes indiferentes, indolentes y algo cínicas respecto a la lucha. En este contexto también juega un papel importante la clase: son las juventudes de clase media las que adoptan esta postura. Las juventudes de los sectores populares siguen luchando, porque, al final, son a quienes más ha afectado la guerra. Son estas juventudes las más vulnerables al reclutamiento forzado, ya sea por parte de las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico o los sicarios.

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