Domingo Morales (Mongón Esanguak–Niefang, Guinea Ecuatorial, 1997) llegó a Lleida en el 2015, con 18 años y con la intención de estudiar el bachillerato. Su hermana ya estaba instalada en la capital del Segrià y pensó que, si iba a estudiar y teniendo un familiar directo, las cosas serían fáciles. Sin embargo, se encontró conuna serie de barreras administrativas que hicieron que hasta 2022 no pudiera tener su documentación en regla.
Después de terminar el bachillerato hizo la prueba de acceso para acceder a la universidad con la idea de realizar una carrera de ciencias, pero sin saber cuál elegir. enía claro que no quería realizar ninguna ingeniería de las que se ofrecían en la Universidad de Lleida (UdL), pero también sabía que no podía desplazarse a otros lugares de Catalunya porque no tenía familiares. El no tener los papeles en regla también le complicaba todo, porque tenía que pagar más de matrícula. Finalmente, a pesar de no estar demasiado convencido, se decantó por estudiar derecho en la UdL. «Me encontré con una sorpresa, porque la carrera me empezó a gustarme mucho». Ahora sólo le queda un año para licenciarse.
Durante estos años, Domingo Morales ha combinado sus estudios con diferentes trabajos. En verano, como muchos jóvenes migrantes en la provincia de Lleida, ha trabajado cosechando fruta. Fue en el campo leridano donde se percató de la situación de extrema vulnerabilidad que viven los temporeros y lo que le impulsó a hacerse miembro de la Plataforma Fruta con Justicia Social, una plataforma que trabaja para garantizar los derechos sociales y laborales de las personas temporeras e inmigradas.
La Plataforma Fruta con Justicia Social, creada en 2015 en Lleida, trabaja en diferentes direcciones, pero su objetivo principal es asesorar a los trabajadores del campo para garantizar sus derechos. Tienen un programa de diez demandas: alojamientos para dignificar la vida de las personas temporeras de la fruta, papeles sin contrato, acceso universal a la sanidad y atención médica a los campamentos y concentraciones de trabajadores, cambio de las formas contractuales, creación de un consejo regulador para el sello de fruta con justicia social, cumplimiento del convenio agrario, incremento de las inspecciones de trabajo en todos los sectores de la agroindustria, reubicación de la oficina única de temporeros de Lleida, promoción de un modelo de agricultura ecológica y de proximidad y eliminación de la promoción y soporte de la agroindustria que no respeta los derechos de los temporeros y del territorio.
Según se puede leer en el manifiesto de la Plataforma, «El engranaje de la agroindustria leridana produce anualmente más de 350.000 toneladas para la exportación y necesita entre 22.000 y 28.000 jornaleros temporeros anuales (…) Los temporeros merecen, después de más de 30 años de girar la rueda, la garantía de derechos». La entidad visibiliza la vulneración de los derechos laborales de los temporeros y trabaja para que su situación cambie. Da asesoramiento a los trabajadores y trabajadoras y realiza campañas de información en Lleida y en los pueblos de alrededor. En algunos casos, también proporciona información sobre procedimientos de asilo.
Guinea Equatorial tiene una población de aproximadamente un millón i medio de habitantes, y desde 1979 el país está gobernado con mano de hierro por Teodoro Obiang, quien en noviembre de 2022 volvió a ganar las elecciones con un 96,31% de los votos. La comunidad internacional y los observadores electorales no dieron por bueno ese resultado.
Se trata de un país rico en recursos: es uno de los cinco primeros países de África Subsahariana en producción de petróleo y su PIB per cápita se encuentra entre los más altos de toda África. Desgraciadamente, y según los datos del Banco Mundial, el 76,8% de su población vive en la pobreza debido a la corrupción del país —en el índice elaborado por Transparency International, Guinea Ecuatorial se encuentra en el puesto 171 de 180 respecto a este indicador—, la falta de transparencia, las deficiencias en la gobernanza y la mala gestión de los fondos públicos. Existe un pequeño grupo de élites que gestiona la riqueza del territorio. Además, tal y como destaca el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe del país: (…) El aumento del precio de los alimentos, las vulnerabilidades del sector bancario y la reducción de la producción de hidrocarburos —con el consiguiente deterioro de las reservas internacionales— complican las perspectivas a corto plazo, y se espera que el PIB real y el nivel de vida disminuyan a medio plazo”. En julio del 2022, este organismo pedía al gobierno del país proteger la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables, fortalecer la economía y abordar las vulnerabilidades que sacuden al sector de la banca. Y lo más importante: invertir en la diversificación de la economía, que hoy en día sigue dependiendo del petróleo; y mejorar la eficiencia del gasto público a través de la mejora de la gobernanza, la inversión en transparencia y la lucha contra la corrupción. «Es fundamental invertir en servicios básicos de atención sanitaria, educación y saneamiento con el objetivo de fortalecer el capital humano y mejorar los indicadores sociales», se destacaba en dicho informe.
La situación que vive el país, antigua colonia y provincia española e independiente desde 1968, hace que muchos jóvenes tengan que emigrar hacia otros territorios; especialmente hacia España; como es el caso de Domingo Morales. parte de la situación económica, también la situación política es complicada: las voces disidentes contra el gobierno de Teodoro Obiangsón perseguidas y encarceladas. También existen detenciones arbitrarias y los derechos de minorías étnicas o del colectivo LGTBI son vulnerados de forma sistemática. En la esfera civil, política, social y económica, la igualdad entre hombres y mujeres no es todavía una realidad y la violencia contra las mujeres está a la orden del día.
¿Qué te impulsó a dejar Guinea Ecuatorial e instalarte en Lleida?
Llegué a Lleida cuando tenía 18 años porque tenía claro que los estudios cursados fuera se valoran más que los cursados dentro del país. Si has estudiado en Europa, tienes un 100% de posibilidades de encontrar trabajo, en comparación con la gente que ha realizado los mismos estudios pero en Guinea Ecuatorial. Allí los estudios no se valoran demasiado, y no implican necesariamente encontrar trabajo. En España, además, tenía familiares, porque mi hermana vive en Lleida. Por tanto, había doble motivación.
Llegaste en el 2015, pero hasta el año pasado no pudiste regularizar tu situación. ¿Pensabas que te encontrarías tantos problemas administrativos?
Al principio pensaba que todo sería algo más sencillo. Siempre digo que la burocracia se divide en dos mundos: por un lado, está lo que pensamos la ciudadanía, que no tenemos demasiada idea de cómo funciona todo; y por otro están los profesionales. En mi caso, el error fue no pedir el visado de estudiante cuando todavía estaba en Guinea Ecuatorial. Pensamos que debía pedirse aquí y eso nos supuso un primer revés. Pensábamos[la seva germana i ell] que podría obtener un permiso de residencia de estudiante o por familiares; pero finalmente el proceso de regularización lo fui a cabo a través del ámbito laboral.
¿Cómo fue el proceso?
Para hacer un arraigo laboral, debes haber estado tres años viviendo en el país de forma ininterrumpida. Yo empecé el proceso cuando llevaba aquí los tres años. Algunas personas me dieron versiones contradictorias y todo fue complicado. Para hacer un arraigo, necesitas un contrato laboral, pero si no tienes papeles, nadie quiere contratarte. Al final, es un pez que se muerde la cola.
¿Te has planteado volver a tu país?
Al principio, cuando llegué, la idea que tenía era estudiar y volver. En esos momentos, la situación en Guinea Ecuatorial no estaba tan mal como ahora. Todo el mundo con quien hablo de allí me aconseja que no vuelva porque no hay trabajo. No me gusta demonizar la situación de mi país, pero ésta es la realidad.
¿Qué ha pasado?
Guinea Ecuatorial no es un país industrial y depende de los recursos naturales, mayoritariamente del petróleo. Es un país exportador, pero ahora el precio del petróleo ha descendido, también ha descendido la capacidad de extracción y eso ha afectado a toda la población. En los últimos años, apenas se ha invertido en otros sectores y el dinero se lo ha repartido entre unas pocas personas. La gente joven en Guinea Ecuatorial está desesperada porque existen pocas oportunidades. La gente quiere irse y mejorar su vida. Por tanto, no; no tengo pensado volver, de momento.
¿Cómo te enteras de la existencia de la Plataforma Fruta con Justicia Social y cómo te empiezas a involucrar en ella?
Empecé a formar parte de la Plataforma hace cuatro años. En 2019, en el rectorado de la UdL conocí a un compañero de la Plataforma. Cuando supo mi historia y le conté que trabajaba en el campo, me habló de ello. Me propuso formar parte de la iniciativa porque tenía el conocimiento y la experiencia en el campo. Hasta ese momento, tenía la sensación de que faltaba una organización o una estructura que se dedicara a defender los derechos de los trabajadores del campo.
En la Plataforma Fruta con Justicia Social, ¿cómo os ponéis en contacto con los trabajadores del campo?
Tenemos un punto de asesoramiento y se puede acercar cualquier temporero para informarse de los derechos que tiene como trabajador. El convenio se actualiza todos los años y cambia, así como los salarios. Por eso montamos un punto de información, que también sirve por si algún trabajador o trabajadora nos quiere dar información o quiere denunciar alguna situación. El pasado año montamos también un dispositivo de acogida para temporeros. Aparte de todo esto, también hacemos unos trípticos donde se recoge la información más básica y de primera necesidad que creemos que los trabajadores deben saber y los distribuimos por Lleida y los pueblos de alrededor. Siempre tenemos mucho contacto con los trabajadores, porque para nosotros es importante que nos expliquen la situación en la que se encuentran para poder visibilizar y actuar en consecuencia.
¿Tratáis temas de asilo?
Nuestro asesoramiento es integral, por tanto, no sólo damos información relacionada con el ámbito laboral, sino que también abordamos temas administrativos. Hay gente que nos contacta con problemas de asilo o empadronamiento. Sin embargo, en estos momentos, la plataforma carece de un abogado contratado para llevar los casos. Lo que sí tenemos son abogados colaboradores que están al servicio de la Plataforma para poder dar información sobre distintos procesos.
En nuestro país, y también en Europa, estamos viendo un aumento de las tendencias de extrema derecha, con un discurso xenófobo y racista hacia las personas migradas. ¿Te preocupa la situación?
Un poco sí. Todo el mundo sabe cuál es su opinión respecto a los migrantes, no es una novedad. Es necesario seguir trabajando en la defensa de los derechos de las personas. No sé si los activistas estamos haciendo algo mal, pero está claro que cuando están los resultados que hay[en referència a l’augment dels partits d’extrema dreta a Europa], es necesario mirar qué pasa.
Dices que la situación de los temporeros está invisibilizada. ¿Qué hace falta para que la gente conozcamos qué pasa realmente en el campo?
Debe explicarse. A los empresarios del campo lessale más barato vulnerar los derechos de las personas que garantizarlos. Es más económico pagar las multas por no tener a los trabajadores en regla que regularizarlos. Una de las cosas que llevamos tiempo denunciando desde la Plataforma Fruta con Justicia Social es la falta de inspectores laborales en el campo. En Lleida hay pocos, y en verano menos. Pedimos que se incrementen las inspecciones, porque si no existen inspecciones, no podemos denunciar las problemáticas.
¿Hay muchas denuncias por parte de los trabajadores temporeros?
No muchas. Cuando se produce una denuncia en el campo, las autoridades, además de investigar al empresario, también investigan al trabajador. En este contexto, resulta difícil denunciar.
¿Qué pedirías a la clase política?
Que trabaje por las personas migrantes. Nadie hace nada y simulan que no existimos. En los medios sólo se habla de migración cuando está relacionada con la delincuencia y esto hace que se criminalice a la población migrada. Las izquierdas, aparte de adoptar una postura defensiva cuando se nos criminaliza, debe apostar por soluciones propositivas. Se deben hacer propuestas para proteger los derechos de los y las migrantes.
